Exigen que se cubran los casi 2.500 puestos vacantes de personal no policial, se mejoren sus condiciones laborales y se les dote de los medios técnicos adecuados.
Los sindicatos denuncian el ‘colapso’ en la cita de DNI y pasaporte con demoras de hasta dos meses
UGT, CSIF y CCOO advierten de las "erráticas y desacertadas" decisiones de los gestores policiales, y destacan que los gestores de la DGP parecen no saber que para cubrir una situación como la que se está produciendo en las oficinas del DNI existe la figura del funcionario interino
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21/6/2022 12:41
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Actualizado: 21/6/2022 12:41
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UGT, CSIF y CCOO han denunciado hoy que las oficinas de documentación de españoles vuelven a estar «al borde del colapso» debido a la «incapacidad» de la Dirección General de la Policía (DGP) para asumir, desde su organización, el aumento de la demanda ciudadana que tradicionalmente se produce durante el período estival.
Estas organizaciones sindicales exigen que se cubran los «casi 2.500 puestos vacantes de personal no policial», que se mejoren sus condiciones laborales y se les dote de los medios técnicos adecuados, de manera que se pueda prestar el servicio público «con la calidad que merece la ciudadanía».
“El resto no son más que irresponsabilidades derivadas del abandono que sufren estas dependencias y de las erráticas decisiones tomadas por los mandos policiales en materia de gestión”, sentencian. Y destacan que los trámites de documentación de españoles y extranjeros que tienen encomendados en la DGP marcan la vida administrativa de la ciudadanía, siendo obligado para los ciudadanos mantener dichos documentos en vigor para realizar todo tipo de gestión de carácter público con la Administración, así como cualquier otro de carácter privado.
«En Cataluña, Navarra, la Comunidad Valenciana, Sevilla y Málaga, la mayoría de los equipos de expedición tienen las citas a dos meses vista, fecha tope de la cita previa»
Señalan que dos años después de que comenzara la pandemia, tiempo en el que «se ha empobrecido la calidad del servicio público y las condiciones de trabajo de los empleados públicos», los responsables del organismos «han continuado con una nefasta política de racionalización y gestión en materia de recursos humanos que abocan al colapso de las oficinas de documentación de españoles», y que todo ello se está traduciendo en una progresiva pérdida de personal, que ya supone que el organismo cuente con casi un 50% de puestos vacantes de personal no policial, plantilla a la que se encomiendan las tareas administrativas y de expedición dentro de la DGP.
UGT, CSIF y CCOO avisan que estamos ante un escenario desalentador para la ciudadanía, en la época de mayor demanda del año, con una parte de las casi 300 oficinas de expedición de documentación al límite de llegar a la situación técnica de «saturación» en el sistema de citas previas.
Una situación que, según informan, se repite en los grandes núcleos de población situados en Madrid, País Vasco, casi toda Andalucía, Cataluña, y una larga lista de provincias en las que empieza a otearse el umbral de los dos meses para solicitar cita, con un «rastro de colapso» en el servicio que comienza a extenderse a las zonas habituales de vacaciones en la costa o el interior de todo el territorio nacional.
Así, indican que la decisión de la Dirección General de cubrir los puestos de expedición vacantes con agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), a quienes para ejercer esta labor se les detrae de tareas de seguridad ciudadana, no parece que estén dando los resultados esperados por los gestores del organismo.
A este refuerzo con personal policial de carrera -añaden-, se ha unido el paso de las nuevas promociones de policías en prácticas que han estado prestando servicio de manera rotatoria por estas oficinas «sin que, por un lado, completen su necesaria formación policial, ni por otro sea una medida que haya contribuido a agilizar el servicio en estos centros de trabajo, a la luz de los resultados».
Los sindicatos también ponen el foco en que la cobertura de puestos administrativos por parte de agentes del CNP conlleva «un sobrecoste de más de 140 millones de euros anuales para las cuentas públicas respecto de lo que supondría cubrir dichas plazas con personal de Cuerpos Generales de la Administración General del Estado y Personal Laboral». «De esta forma, se juega con el dinero de toda la ciudadanía mientras se empobrece la calidad del empleo y el servicio público”, subrayan.
FUNCIONARIOS INTERINOS
Además, afirman que los gestores de la DGP parecen no saber que para cubrir una situación como la que se está produciendo en las oficinas del DNI existe la figura del funcionario interino. “Eso es lo que se hubiera hecho si contásemos con un Técnico de la Administración del Estado al frente de la gestión de los recursos humanos en la DGP: Plantear hace meses un nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos en el DNI, hasta la incorporación de más trabajadores» a través de los distintos mecanismos de provisión de puestos de trabajo o la convocatoria de una oferta de empleo público adecuada para cubrir la «enorme cantidad» de vacantes existentes en nuestras dependencias.
Según advierten desde CCOO, UGT y CSIF, especialmente preocupante es la situación de determinados territorios, como Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y las provincias de Sevilla y Málaga, «donde la mayoría de los equipos de expedición tienen las citas a dos meses vista (fecha tope de la cita previa), solo pudiendo ser cogidas las del día que se abre».
Añaden que otro número significativo de provincias tienen la cita previa entre 40 y 50 días, mientras que, salvo contadas provincias cuya cita está a pocos días vista, para el resto hay que esperar una media de 30 días. Situación que estiman que empeorará cuando empiece el período vacacional en la educación primaria y secundaria.
También indican que el incremento de citas por hora, la ampliación del horario de apertura de alguna de las oficinas y «la posible apertura del sistema a tres meses vista, solo sirven para degradar la calidad del servicio público y añadir presión al personal que lo presta». Y apuntan que la ciudadanía, así como los empleados públicos llevan «más de dos años soportando una merma constante de sus derechos por parte de la Dirección General de la Policía y del Gobierno».
Estos sindicatos no consideran denuncian que el Ministerio del Interior y la Dirección General firmen acuerdos para no cumplirlos, «como sucede con el compromiso de dichos responsables para solicitar la cobertura de puestos dentro del contexto de este creciente número de vacantes en el organismo, y que está suponiendo el deterioro del servicio público que se presta en estas oficinas».
“El resto no son más que irresponsabilidades derivadas del abandono que sufren estas dependencias y de las erráticas decisiones tomadas por los mandos policiales en materia de gestión”, afirman, y apuntan que prueba de ello es que tanto DNI como tarjetas de extranjeros son documentos de renovación cíclica y, por tanto, fácilmente encuadrables en un plan de previsión que sea capaz de absorber la demanda de la cita previa.
“De continuar con la línea de gestión descrita, la ciudadanía y la plantilla pagarán las consecuencias de esta tormenta perfecta que están generando desde los mandos de la Dirección General”, lamentan.
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