Esta plataforma sostiene que el Decreto Ley 6/2022 y la Ley 8/2022 no impiden la ejecución de la sentencia y hace hincapié en que es el Gobierno de España quien debe interponer el recurso de inconstitucionalidad; en la imagen, Ana Losada, presidenta de la AEB y portavoz de Escuela de Todos, junto a los responsables jurídicos de la entidad, José Domingo y Rafael Arenas, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Impulso Ciudadano.
Escuela de Todos reclama al Gobierno que presente recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra las leyes del catalán
Señala que la interposición del recurso facilitará la ejecución de la sentencia del 25%
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05/7/2022 10:09
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Actualizado: 05/7/2022 10:13
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La plataforma Escuela de Todos reclama al Gobierno que presente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la nueva normativa de Cataluña que establece «un régimen dirigido a hacer ineficaz la sentencia y a relegar a la condición de lengua residual al castellano en la educación» y solicite la suspensión de su aplicación.
Se refiere al Decreto-Ley 6/22 que dispone la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas, y la Ley 8/22, que relega al castellano a lengua curricular.
«Esta suspensión despejaría cualquier duda sobre la ejecución de la sentencia del 25% en castellano, evitaría que continuara la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y arruinaría la maniobra dilatoria que ha puesto en marcha el Gobierno catalán», afirma esta plataforma integrada por asociaciones en defensa del bilingüismo.
Se ha pronunciado así después de que el TSJCat dictara el pasado viernes una providencia planteando a las partes que valoren la posible interposición de cuestión inconstitucionalidad por parte del tribunal contra esta normativa y sus efectos en el proceso de ejecución de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 que obliga a la Administración educativa catalana a garantizar el derecho de los alumnos catalanes a recibir una educación con el castellano y el catalán como lenguas vehiculares, ratificada por el Tribunal Supremo el pasado noviembre.
En concreto, el tribunal emplaza a las partes y a la Fiscalía a que aleguen sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta, respecto de dicha normativa, por posible vulneración de los artículos 3, 9.3, 24.1, 27, 86 117 y 118 de la Constitución española,
Ana Losada, presidenta la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), José Domingo y Rafael Arenas, presidente y vicepresidente de Impulso Ciudadano, respectivamente, y responsables jurídicos de Escuela de Todos, dieron ayer una rueda de prensa en Barcelona para valorar la resolución del TSJCat sobre la inejecución de la sentencia y anunciar su próxima linea de actuación.
Asociaciones que defienden el fin de la inmersión se articularon el pasado 16 de diciembre en la plataforma ‘Escuela de Todos-Escola de tothom’ para hacer efectiva esta sentencia del 25%, pues sostienen que «ante la anunciada desobediencia de la Generalitat y la inacción del Gobierno de España, solo los ciudadanos pueden conseguir el fin de la inmersión.
Está integrada por 16 asociaciones catalanas: la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana (SCC), S’ha Acabat, Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, AMES, Cataluña por España, Plataforma La Silenciosa, CTAC, Segadors del Maresme, Alternativa Ciudadana Progresista, +Con la libertad, Asiec y Docentes Libres.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Escuela de Todos denuncia que el Decreto Ley 6/22 y la Ley 8/22 presentan vicios de inconstitucionalidad que han de ser depurados. «La situación de desigualdad entre el castellano y el catalán, como lenguas en la educación, que hacen expresas estas normas no se ajusta a la exigencia constitucional de un modelo educativo de conjunción lingüística», manifiesta.
Ahora bien, solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que no interponga cuestión de inconstitucionalidad contra esta normativa puesto que «el régimen de conjunción lingüística no puede quedar desvirtuado por la voluntad tramposa de un Gobierno que ha dado muchas muestras de arbitrariedad y mala fe en este proceso». Sostiene que al que corresponde denunciar la inconstitucionalidad de estas normas es al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Losada ha recordado que en el curso del proceso, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña ha defendido que la normativa aprobada no puede obviar la constitucionalidad del modelo de conjunción lingüística existente en la actualidad y que obliga a considerar que el castellano y el catalán deben ser lenguas vehiculares en los centros educativos, de ahí que haya hecho hincapié en que «la supresión absurda de los porcentajes en los proyectos lingüísticos no es impedimento para hacer factible la ejecución de la sentencia».
Por lo tanto, la AEB defenderá ante el TSJ el criterio que ha mantenido hasta ahora y que considera «más favorable a la ejecución de la sentencia y más garantista con los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes». «Es decir, no observamos ningún inconveniente para que en el curso 2022-2023, la programación anual de todos los centros educativos catalanes contenga disposiciones que, teniendo en cuenta la realidad social del entorno más próximo, asegure, al menos, la presencia de una asignatura o materia o área de carácter troncal o análogo en todos los cursos y clases de la educación no universitaria», explica Losada.
Por eso, solicitará al tribunal que no interponga cuestión de inconstitucionalidad contra el Decreto ley 6/2022 y la Ley 8/2022 «puesto que el régimen de conjunción lingüística no puede quedar desvirtuado por la voluntad tramposa de un gobierno que ha dado muchas muestras de arbitrariedad y mala fe en este proceso».
Escuela de Todos manifiesta que la interposición de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del TSJ «ha sido el objetivo que arteramente han estado promoviendo desde el gobierno catalán, en la medida en que confiaban que ello conllevara la suspensión del procedimiento de ejecución de la sentencia y así evitar su aplicación efectiva e inmediata».
Y denuncia que «en esa jugada, lamentablemente, ha contado con la colaboración del Gobierno de España que de manera indisimulada ha mostrado un pasmoso desinterés en la ejecución de la sentencia».
Esta plataforma también ha puesto de manifiesto el «enorme perjuicio» que para la escuela catalana puede conllevar la demora en la ejecución de la sentencia «que puede dar lugar a indemnizaciones millonarias». «El interés general es que el modelo de conjunción lingüística se cumpla y acabar con el bochornoso espectáculo de una escuela catalana que ignora la realidad social e implanta un modelo de monolingüismo en catalán», destaca.
SI EL TSJ DECIDE RECURRIR, ‘NO NECESARIAMENTE DEBE SUPONER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA’
En caso de que el TSJCat estimara finalmente que debe plantear la cuestión de inconstitucionalidad, Escuela de Todos considera que no necesariamente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad debe suponer la suspensión de la ejecución de la sentencia del 25%.
«El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no puede decidir sobre la imposibilidad legal de cumplimiento en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la adecuación a la Constitución del Decreto ley 6/2022 y de la ley 8/2022. Mientras no se declare esa imposibilidad legal la sentencia, sigue siendo plenamente obligatoria y suspender el proceso de ejecución supondría una vulneración flagrante del artículo 105.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa«, manifiesta.
Escuela de Todos recuerda que la sentencia del 25% en castellano era plenamente obligatoria para la Generalitat desde el 25 de enero de este año, y subraya que «la manifiesta voluntad de incumplir por parte de la Generalitat, llegando, incluso, a plantear normas especiales destinadas únicamente a contravenir las exigencias constitucionales para dar amparo a su desobediencia, no puede encontrar recorrido alguno».
Así, hace hincapié en que «ningún Decreto Ley ni ninguna Ley ordinaria puede dejar sin efecto el marco constitucional en Cataluña en lo que se refiere a la aplicación del régimen lingüístico en los centros educativos catalanes».
«Los Tribunales lo saben y el Gobierno de la Nación también. Por ello, se hace preciso que el Gobierno de España asuma su obligación no solo de cumplir, sino de hacer cumplir la Constitución, para lo que deberá impugnar ante el Tribunal Constitucional el Decreto ley 6/2022 y la Ley 8/2022; requerir a la Generalitat para que abandone su actitud de clara rebeldía y adopte las medidas necesarias para que el catalán y el castellano sean ambas lenguas vehiculares y de aprendizaje en las escuelas catalanas; adoptar, si es necesario y parece que lo es, las medidas constitucionalmente previstas para reconducir a la legalidad la situación.
También apela a todos los actores políticos y sociales «para que asuman su compromiso con el conflicto generado por la manifiesta voluntad de la Generalitat de Cataluña de mantener la exclusión del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en Cataluña».
«Estamos ante uno de los más graves desafíos que nuestra democracia ha tenido que soportar. El gobierno de la Generalitat, con la complicidad aparente del Gobierno de España, desafía al Estado de Derecho y pone nuestra Constitución a los pies de los caballos», denuncia Escuela de Todos y añade que «·todos los demócratas debemos sentirnos compelidos ante una administración que abiertamente desafía a los tribunales y a la Constitución».
«No se trata sólo del régimen lingüístico en los centros educativos, el comportamiento de las instituciones catalanas pone en peligro, otra vez, los fundamentos de la democracia en España», concluye.
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