El vicepresidente emérito del TC, Ramón Rodríguez Arribas, en una foto tomada ayer tras la clausura, en la que participó, de la 29 edición del Curso de Verano que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) organizó, con la Universidad Complutense, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid; llevó por título «El Poder Judicial en la Constitución» y se celebró entre el 13 y el 15 de julio. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Ramón Rodríguez Arribas: «El TC debería haber entrado a resolver los dos recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de la LOPJ»
Vicepresidente emérito del TC y exmagistrado del Supremo
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16/7/2022 06:49
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Actualizado: 16/7/2022 01:08
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Lo ha sido todo en la Justicia. Fue magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (TC), donde sirvió entre 2004 y 2013. Entre 2012 y 2013 fue vicepresidente. Ramón Rodríguez Arribas es una de esas mentes lúcidas que saben expresarse con claridad y contundencia sobre los asuntos aparentemente muy complicados.
Como este, de la inacción del TC en dar respuesta a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Grupos Parlamenterios del PP y de VOX contra la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, desde marzo de 2021, impide a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones como este hacer ningún nombramiento. Dos recursos que fueron admitidos en septiembre de 2021 –hace nada menos que diez meses–.
O el de la modificación de esa misma ley, llevada a cabo en el Congreso de los Diputados, para devolver al CGPJ la capacidad para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, que le corresponden.
«Las cosas son muy simples. El TC debería haber entrado a resolver los dos recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de la LOPJ. El momento es muy importante. El ‘tempus’ en el TC te permite retrasar cuando convenga o anticipar. A veces hay que retrasar porque ser un lío y a veces hay que anticiparse para que no haya un lío. Vistas como están las cosas, habría que haberse anticipado porque lo exige la estabilidad de nuestro país«, explica.
Rodríguez Arribas recuerda, al hilo de lo que hablamos, el Plan Ibarretxe, la llamada Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi, cuyo objetivo final era la independencia del País Vasco.
«Yo estaba en el tribunal. Se había presentado un recurso parlamentario de inconstitucionalidad. Ibarretxe tenía previsto comparecer. Convencí a mis compañeros para dar una respuesta lo más rápida posible a esa situación. Las cosas son así», relata. «En estas situaciones corresponde coger el toro por los cuernos y resolver. Porque la inacción está ahondando esta seria crisis que estamos viviendo».
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana lo que se ha denominado la «contrarreforma», la reforma de la reforma del artículo de la LOPJ que permitirá al CGPJ, durante una ventana de tres meses, elegir a los dos nuevos magistrados del TC que le corresponden. ¿Qué opinión le merece?
Todo se ha hecho con las prisas. Ellos [el Gobierno] ha llegado a acuerdos políticos con grupos políticos que no creen en España. Que la odian. Y buscan fórmulas para que haya un Tribunal Constitucional dispuesto a dejarles pasar lo que acuerden. Porque en el fondo creen que no va a pasar nada.
¿A quién se le ha ocurrido esto? Si cambian la ley, háganlo de forma que sea viable, porque esto que han hecho no es viable.
¿Porqué le han puesto fechas topes a los nombramientos? Supongamos que llega el día del nombramiento y en el CGPJ no le ponen de acuerdo. ¿Cómo queda el Gobierno, como quedan las instituciones, como queda todo? Un churro.
La Comisión Europea recomienda renovar el CGPJ y modificar la LOPJ para que en el siguiente Consejo los 12 vocales jueces sean elegidos por los 5.500 jueces y magistrados que componen la carrera judicial. Sin embargo, hay voces, sobre todo desde la izquierda, que afirman que no hay estándares europeos y que lo lógico sería continuar como hasta ahora. ¿Cuál es su opinión?
Que quien afirma eso yerra. En 1993 nosotros, como Asociación Profesional de la Magistratura, propusimos al Parlamento Europeo la aprobación de un estatuto del juez europeo. Nos contestaron que teníamos que respetar la tradición de los países europeos.
Los países del «common law» y los germanos tenían otra estructura. No tenían consejos del poder judicial.
Pero los del sur, sí: Francia, Italia, Portugal, España, y todos los que proceden del telón de acero, como Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, todos tienen Consejos de la Magistratura.
La norma en todos ellos es que, al menos la mitad, sean elegidos por sus pares, por sus iguales. Y el resto por el Parlamento. Y así debe de ser. Yo soy de la opinión de que antes de renovar el CGPJ habría que modificar la LOPJ y después renovarlo.
La política no cree en la justicia. El PP llevaba un programa en 2011 que decía lo que está reivindicando ahora mismo e hizo justamente lo contrario.
Lo estropeó más todavía
Parece como si unos y otros no tuvieran interés en cambiar el sistema.
No tienen interés en sacar sus manos de la justicia. Creen en su justicia. En una justicia aplicable al raterillo y al terrorista. En las demás cosas déjeme usted opinar. La política criminal la hace el gobierno y el Código Penal lo votan las Cortes. Con eso tiene usted bastante. Luego deje usted que los jueces apliquen lo que les parezca oportuno, aunque no les guste.
¿No cree usted que la política tiene una concepción errónea de lo que son ustedes, los jueces, a los que ven como un espejo de su propia forma de funcionar?
Es errónea porque los jueces no son así. No son así en ninguna parte. No se puede influir en los jueces. Al final fracasan cuando lo intentan. Se creen que pueden influir en los jueces y se llevan auténticos disgustos.
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