Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea, y PIlar Llop, ministra de Justicia del Gobierno de España, coincidieron ayer, durante una reunión bilateral que mantuvieron en San Sebastián, sobre la «urgencia y necesidad» de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tres años y siete meses fuera de su mandato.
También hablaron sobre la necesidad de preservar y reforzar el Estado de Derecho, las propuestas legislativas en curso y la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comenzará en junio del año viene.
La ministra coincidió con Reynders en el marco del curso de verano organizado por el Colegio de Registradores de España y la Academia de Práctica Jurídica Europea que lleva por título «Los Retos Globales de la Unión Europea (UE)», incluido en la programación de la Universidad UPV/EHU (Universidad del País Vasco).
Durante su intervención, Llop destacó que la UE ha demostrado “la fortaleza de sus valores de libertad, democracia, tolerancia, dignidad humana e igualdad a lo largo de toda su trayectoria, incluso en los momentos difíciles como los que estamos viviendo”.
La ministra resaltó que la guerra “a las puertas de Europa” nos ha hecho multiplicar nuestra solidaridad. “España ha demostrado ser siempre un país solidario y ahora lo está haciendo con la crisis generada por la guerra en Ucrania: más de 140.000 personas ya han obtenido protección temporal en nuestro país y estamos trabajando para evitar la trata de seres humanos”, cito, entre otros ejemplos.
Transformación del servicio público de Justicia en España
En relación a la evolución de la Justicia, Llop se refirió a la Conferencia sobre el futuro de Europa, clausurada el pasado 9 de mayo en Estrasburgo, y ha asegurado que España ya ha avanzado en las líneas esbozadas en esta reunión y en sintonía con la UE. “España está trabajando para garantizar un servicio público de Justicia eficiente, sostenible y que posibilite la cohesión social y territorial”.
En este sentido, la ministra se refirió a los proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa, Eficiencia Procesal y Eficiencia Digital, con la ciudadanía en el centro. “El artículo 117 de nuestra Constitución dice la que Justicia emana del pueblo, y este principio es el que inspira todas las reformas estructurales que venimos haciendo en el Ministerio de Justicia, que se hacen además en cogobernanza con las comunidades autónomas (CCAA), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),”, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En concreto, destacó la colaboración del Gobierno Vasco, así como del resto de CCAA, para llevar a cabo estas estos planes.
La titular de Justicia también se refirió a la importancia de contar con los fondos Next Generation EU para la aplicación de estas normas: “Los 410 millones de euros de dotación ya se están invirtiendo en la transformación digital del servicio público y otros 60 millones en la rehabilitación de edificios judiciales para hacerlos sostenibles”.
Las ventajas de las tecnologías de la información
Llop ha destacado la trascendencia de las tecnologías de la información en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Por ello, “hemos apostado por situar la Justicia española a la vanguardia en el ámbito digital, generalizando el uso de medios electrónicos para las relaciones con la administración de Justicia”, dijo la ministra.
Fruto de ese trabajo, desde marzo de 2020 han tenido lugar más de 920.000 actuaciones procesales no presenciales, que han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 19 millones de euros, evitando la emisión de 9.124 toneladas de CO2, precisó Llop.
La ministra puso en valor también otras normas que su gabinete está llevando a cabo, como la reforma de la Ley Concursal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la norma que regula la protección de los denunciantes de infracciones normativas y casos de corrupción.
