Es como ha empezado a conocerse en algunos mentideros periodísticos a la campaña de creación de un estado de opinión favorable al indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuya condena, por malversación de fondos públicos en el caso ERE, se eleva a seis años de prisión.
«Salvar al soldado Griñán». El nombre de una campaña en recuerdo al filme «Salvar al soldado Ryan», la película de Steven Spieldberg, protagonizada por Tom Hanks, en la que un grupo de soldados es enviado al frente para rescatar del frente europeo, en la Segunda Guerra Mundial, al soldado James Francis Ryan. Su madre recibiría. con pocos días de diferencia, tres telegramas de pésame informándole de la muerte de sus otros tres hijos. El general George Marshall dio la orden de encontrarlo para enviarlo a casa.
En este caso, no es el frente de Normandía el teatro de acción sino los medios de comunicación. Pero el objetivo es el mismo, salvar a Griñán no de la muerte sino de la cárcel.
Ayer fue el exlehendakari socialista y expresidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, negando la mayor, afirmando que «Lo de Griñán no es corrupción, y decir que es malversación es estirar mucho el chicle».
A juicio de varios juristas consultados, evidentemente su señoría no tiene mucha idea de lo que afirma. No en términos de derecho.
El líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, por su parte, se ha negado a firmar dicha petición recordando que el artículo 8.1 del Código Ético del PSOE, en vigor desde 2014, dice que «los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción».
El segundo punto de ese mismo artículo reza que «los cargos públicos y orgánicos se comprometen a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por los mencionados delitos» ligados a la corrupción. Por eso, Espadas enmarcó la solicitud de indulto a Griñan «en una decisión personal, familiar, que debe quedar en ese ámbito».
La que sí sabe que la malversación es corrupción es la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pilar Sepúlveda, «jurista de reconocido prestigio» –nombrada a propuesta del PSOE– quien se adhirió, estampando su firma, a la petición de indulto suscrita por 4.000 personalidades del mundo político, sindical, empresarial, cultural y deportivo.
Una firma que ha provocado la repulsa de 7 de los vocales conservadores, compañeros suyos, porque, consideran, se entromete en la labor del Tribunal Supremo.
Su decisión está fuera de lugar.
LA NEUTRALIDAD DEL CGPJ COMPROMETIDA CON LA ADHESIÓN DE LA VOCAL POR EL PSOE A LA PETICIÓN DE INDULTO
Y lo han expresado con una carta pública de desacuerdo.
«Hacemos público nuestro total desacuerdo con la participación de la firmante de la petición de indulto y la aparente intromisión que ello puede suponer en asuntos que penden ante los tribunales», dice la nota firmada por los vocales Carmen Llombart, María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y José María Macías.
Para todos ellos es irrelevante que Sepúlveda haya firmado la petición de indulto a título personal.
Su condición de vocal no se puede disociar de su condición de persona, como prueba el hecho de que los medios de comunicación hayamos resaltado esto precisamente.
«Aún tratándose de una posición personal y particular que no refleja la posición del CGPJ» –añaden– «es lo cierto que la imagen de necesaria neutralidad que debe tener este órgano constitucional queda seriamente comprometida ante la opinión pública y podría entenderse como una intromisión en las competencias de la Sala Segunda del TS, que ha de emitir un preceptivo informe, y, en su caso, de la Sala Tercera del Alto Tribunal, llamada a una hipotética revisión del indulto».
Su firma, en dicha petición de indulto, afirman, «supone un papel un papel activo y relevante, con una difusión aumentada por el carácter de autoridad del gobierno judicial, que colisiona con los referidos deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo General del Poder Judicial».
La campaña «Salvar al soldado» es legítima para todos aquellos que le apoyan.
Pero para los que ostentan responsabilidades como las de Pilar Sepúlveda su participación debería quedar vedada porque compromete al tercer poder del Estado. Es lo que entienden los siete vocales conservadores y lo que creen que debería haber entendido ella.
Así lo han dejado claro, negro sobre blanco. No todo vale.
