La Audiencia Provincial de Madrid los juzga a partir de hoy con un jurado popular. Foto: Carlos Berbell/ Confilegal.
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el exgerente de la Universidad Complutense por malversar dinero público
Además del exgerente, en el banquillo de los acusados se sientan otras seis personas, entre ellas cargos de la Universidad, administradores de colegios mayores y tres alumnos
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03/10/2022 12:18
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Actualizado: 03/10/2022 12:57
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La Fiscalía Provincial de Madrid solicita seis años de prisión para el exgerente de la Universidad Complutense Dionisio Ramos por malversar 1.448.706 euros durante su cargo, entre 1995 y 2001.
Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 29ª) lo juzga a partir de hoy.
En el banquillo de los acusados también se sientan otros tres administradores de colegios mayores -A. L. M., M. I. R. M. y J. T. V.-, para quienes el representante del Ministerio Público pide seis años de cárcel, y tres alumnos que, a su vez, eran subdirectores de los colegios mayores -A. S. A., A. G. F. y F. J. S. L.-, a quienes considera cooperadores necesarios del delito de malversación de caudales públicos, y reclama para ellos cuatro años de prisión.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que los acusados indemnicen con un total de 4.163.328 euros a la Universidad Complutense, dependiente de la Comunidad de Madrid. En concreto, pide que D. R. M., A. L. M. y J. T. V. abonen de forma conjunta 1.448.706 euros; A. S. A., 914,320 euros; A. G. F., 359.682 euros, otros 490.125 euros F. J. S. L. y M. I. R. M., 950.495 euros.
Dionisio Ramos llegó a la Complutense en 1996 como gerente tras estar un año en la Consejería de Educación. En 2003, Carlos Berzosa se hizo con el rectorado y lo destituyó. Dos años más tarde, el rector llevó a la Fiscalía presuntas irregularidades al detectar un supuesto sistema de bonificaciones y sobresueldos con fondos de la universidad.
Ramos niega los hechos y asegura que la denuncia del exrector Carlos Berzosa no tiene «fundamento», alegando que por aquel entonces la universidad carecía de un sistema contable y de programas de control del presupuesto.
En la primera sesión del juicio se ha procedido a la selección del jurado popular. Mañana declararán el exgerente y otros acusados en la vista oral.
LOS HECHOS SEGÚN LA FISCALÍA
Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación, D. R. M. era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad, lo cual le permitió que se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente cuya finalidad era un manejo “injustificado” y el uso de fondos para fines “ajenos” a los propios del centro. En la misma figuraba nominativamente “actividades culturales del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros”, por lo que su existencia “era desconocida para la Intervención de la Universidad”, apunta.
La Fiscalía detalla que los ingresos respondían a varios conceptos: fondos procedentes de la ocupación de los Colegios Mayores en los cursos de verano, talones al portador, transferencias de la Fundación General de la Universidad Complutense, así como dinero en efectivo o mediante giro postal, procedentes de la reserva de plaza de los Colegios Mayores de la zona oeste.
En la cuenta, abierta por los subdirectores del colegio mayor Ximénez de Cisneros para la realización de actividades culturales, figuraban como autorizados otros tres acusados: A. S. A., A. G. F. y F. J. S. L..
Los gestores efectivos de la cuenta, aunque no tenían firma en la misma, eran dos administradores de colegios mayores -A. L. M. y J. T. V.-, que tenían entre sus funciones la de controlar los ingresos y gastos de dichos colegios, la liquidación de anticipos a justificar y el servicio de caja. Ambos informaban del manejo de la cuenta a sus superiores -D. J. M. E., hasta su fallecimiento-, y más tarde a M. I. R. M., “que permitía el manejo ilegal de la misma”, relata.
Según el representante del Ministerio Fiscal, entre enero de 1995 y junio de 2001, con la autorización del entonces gerente D. R. M., así como la de los administradores de colegios mayores A. L. M. y J. T. V. y del alumno y subdirector del colegio mayor Jiménez Cisneros, A. S. A., se emitieron varios cheques al portador por importe de 914.320 euros sin cargo a los presupuestos y sin ninguna supervisión por parte de la universidad con ánimo de “distraer” el dinero para sí “o para terceros” .
También, siempre de acuerdo a la Fiscalía, otros acusados se dedicaron a “distraer” otras cantidades de dinero: La entonces administradora general de colegios mayores M. I. R. M. por importe de 417.108 euros, mientras que otros dos alumnos que también fueron subdirectores en ese colegio mayor, A. G. F. y F. J. S. L., lo hicieron por 359.682 euros y 490.125 euros, respectivamente.
El fiscal expone en su escrito que durante el curso 2002-2003 se matricularon 846 alumnos en los Colegios Mayores de la zona Oeste y 929 el curso siguiente, los cuales abonaban en concepto de reserva de plaza, antes del comienzo del curso 300 euros, cantidad sin derecho a devolución ni aplicable al pago de las mensualidades, “cuyo destino no era contabilizado en los Presupuestos de la Universidad, ni controlado y supervisado por la Inspección de la Universidad Complutense de Madrid”.
Así, según explica, consiguieron recaudar 533.387 euros, una cantidad que no fue incluida en las cuentas de la Universidad “conscientemente” por los acusados A. L. M. y J. T. V. en su condición de administradores de los Colegios Mayores, “entre cuyas funciones estaban el control de los ingresos y gastos de los Colegios Mayores, ni la acusada M. I. R. M. como administradora general de los Colegios Mayores ni el acusado D. R. M. como gerente general de la Universidad, distrayéndolas así de su destino público”.
Además, indica que “al menos” entre junio y julio de 1999, Dionisio Ramos recibió de la Administración de los Colegios Mayores dinero en efectivo “de personas no identificadas” por los siguientes importes: 200. 000 pesetas en fecha 17 de junio; 500. 000 pesetas el 12 de julio y 150. 000 pesetas el 20 de ese mes que incorporó a su patrimonio. Tales cantidades, unos 5.200 euros, correspondían a fondos de la Universidad sin control de los órganos de Intervención.
Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de un auto, de fecha 6 de febrero de 2006, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, y ha habido paralizaciones no imputables a los acusados al menos desde septiembre de 2010 a octubre de 2011 y desde junio de 2017 a abril de
2018, cuando ya se dio traslado para calificar.
La Fiscalía concluye que los hechos expuestos son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos, previsto y penado en los artículos 432.2 del Código Penal (en su redacción anterior a la Ley Orgánica 1/2015 por ser la ley mas favorable) y 74 del mismo cuerpo legal, en los que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
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