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Por el fin de la okupación delincuencial

Por el fin de la okupación delincuencial
Jesús Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, explica la gestación de la propuesta legal antiokupas.
11/10/2022 06:48
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Actualizado: 30/10/2023 17:47
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Okupar, con k, ya es un vocablo reconocido por la RAE. Su inclusión en el diccionario de la lengua española no es baladí. El fenómeno, descrito como “tomar una vivienda o un local deshabitado e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario”, se ha convertido en un auténtico problema social en nuestro país.

Lejos quedan los tiempos en que prácticas parecidas correspondían básicamente a un movimiento social, de base juvenil, y con origen en el desuso de grandes plantas industriales por parte de sectores como el textil. 

Durante estos últimos años se ha producido un crecimiento del fenómeno, enmarcado ya en otros términos muy distintos. Hoy, la okupación es ejercida en buena parte por mafias organizadas que trafican con inmuebles –muchos de ellos de pequeños tenedores- en los que irrumpen con una sistemática delincuencial y un fin lucrativo.

Es un negocio, a todas luces ilegal, que por supuesto va en contra de poder resolver todas aquellas situaciones en las que familias en situación de vulnerabilidad requieren de una vivienda digna. 

Sin duda, quien mejor conoce la problemática de las okupaciones son los representantes de la Administración en el ámbito local. Quienes ostentan concejalías, especialmente en Cataluña –que padece el 42% de las okupaciones en España- conocen perfectamente y muy de cerca la problemática.

A su vez, desde la abogacía somos los primeros profesionales en detectar los problemas jurídicos de la ciudadanía, sobre todo en las consultas que se nos plantean en nuestros despachos; hoy, el de la okupación delincuencial es uno de los recurrentes.

Ejerciendo la función social que le corresponde a la abogacía institucional, en la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona y del resto de colegios catalanes, avanzándonos a lo que hoy es un debate inaplazable que requiere una solución inmediata, se creó en el año 2017 un grupo de trabajo. Integrado por juristas de diferentes colectivos jurídicos, trabajó y trabaja para promover reformas legislativas que pudieran dar una solución al fenómeno okupa.

En este sentido, debo agradecer a nuestros decanos eméritos Pedro L. Yúfera y Mª Eugènia Gay la confianza que depositaron en nuestro grupo de trabajo, desde la creación de la Comisión de Normativa hasta la actualidad, así como a la Presidenta de la Abogacía española, Victoria Ortega, por haber apoyado, igualmente, nuestras propuestas legislativas.

Hagamos, pues, memoria. Conviene recordar la cronología de la cuestión para saber cómo hemos llegado hasta la solución que ahora se plantea. Mientras se estaba trabajando en las primeras propuestas, a iniciativa de la propia Generalitat de Catalunya, los entonces responsables de Vivienda, Carles Sala y Jaume Forn, en una Comisión de Trabajo sobre los problemas derivados de las situaciones de vulnerabilidad para obtener una vivienda social -creada y presidida por la entonces consellera de Governació, Meritxell Borràs- nos plantearon cómo regular instrumentos jurídicos que permitieran el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente y que habían sido cedidas por entidades bancarias para ese fin social.

El drama vivía su primera derivada: la administración catalana no podía entregar a las familias en situación de vulnerabilidad las viviendas que les habían sido concedidas. ¿Por qué? Porque habían sido ilegalmente okupadas por otras personas.

PROPUESTA LEGISLATIVA

El grupo de trabajo ICAB-CICAC preparó una propuesta legislativa de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para disponer de un trámite ágil y sencillo de desalojo de la vivienda okupada. Esta propuesta fue enviada a los representantes de los grupos parlamentarios y la entonces diputada en el Congreso y consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, consiguió presentarla como proposición de ley por su Grupo Parlamentario.

Lo hizo de manera valiente y pese a algunas reticencias en su propia formación política. El texto pasó de proposición de Ley a Proyecto de Ley, gracias a otras tres políticas catalanas, de diferentes partidos: Ester Capella, Carina Mejías y Dolors Montserrat. Ya se vislumbraba lo que se ha confirmado hoy: no cabían apriorismos ideológicos ante lo que era un drama social y una evidente manifestación de inseguridad jurídica.

Tras los debates parlamentarios, la propuesta fue aprobada como Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Desgraciadamente, y como ya habíamos anunciado, esa reforma legislativa resultó insuficiente, habida cuenta de las limitaciones de legitimación activa que se introdujeron, ya que el fenómeno de la okupación delincuencial se había extendido de forma exponencial.

La situación requería de reformas urgentes de mayor calado, especialmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de poder obtener el desalojo del okupante en un plazo de 24 ó 48 horas, como tienen regulado varios países de la Unión Europea.

Desde el grupo de trabajo ICAB-CICAC nos inspiramos en los trabajos científicos que había publicado el magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Vicente Magro.

Y se elaboraron varias propuestas legislativas, que abarcaban la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también de la Ley de Propiedad Horizontal, para legitimar a las Comunidades de Propietarios, ante la pasividad de los propietarios de las viviendas ocupadas. 

El punto de inflexión, el cambio de paradigma del estado de opinión, se produjo como consecuencia del Congreso de Ocupación Ilegal que se celebró en mayo de 2022 en Málaga, organizado por los Colegios de la Abogacía de Málaga, Mataró y Barcelona, coordinado por la vicedecana local, Flor Carrasco, la decana del ICA Mataró, María Pastor, y la responsable de Formación del ICAB, Cristina Vallejo. El compromiso político con el pertinente e intenso debate que estábamos generando se comprobó al contar en la inauguración con la ministra de Justicia, Pilar Llop.

También el impulso y la asunción de responsabilidad por parte de la abogacía institucional de toda España quedó patente con una magnífica intervención de nuestra presidenta, Victoria Ortega. Al encuentro asistieron como ponentes representantes de la judicatura, la fiscalía, la abogacía, la universidad, la administración de fincas, los agentes inmobiliarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las administraciones locales y de los diferentes partidos políticos.

La conclusión fue cristalina: tenemos un grave problema como sociedad y, por el derecho a una vivienda digna y el derecho de propiedad, debemos actuar sin demoras.

Posteriormente, fui invitado a unas Jornadas sobre okupación organizadas por la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón.

Allí se planteó desde la mirada municipalista y de proximidad, la urgencia de regular la anomalía que impedía a los jueces adoptar medidas cautelares.

SALVADOR ILLA

El exministro Salvador Illa asumió el compromiso de posibilitar la nueva propuesta en la que tanto se había trabajado desde la Abogacía.

Dicha propuesta hacía evidente que, para ser efectivos, se hace imprescindible modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que se autorice al juez o jueza a adoptar medidas cautelares, sin prestar fianza y desalojar de forma inmediata al okupante de una vivienda, en contra de la voluntad de su propietario o poseedor legítimo (por ejemplo al arrendatario que okupan la vivienda que tiene arrendada).

Sin esta modificación legislativa la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 1/2020, de 5 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, resulta estéril en la práctica. 

También se hace imprescindible modificar la Ley de Propiedad Horizontal, para conceder legitimación a las comunidades de propietarios a fin de que puedan ejercitar acciones legales contra los okupas, cuando los titulares de los inmuebles muestran una actitud pasiva.

En esa línea, el Govern de la Generalitat, mediante la Conselleria de Justícia (de nuevo la valentía de la consellera Lourdes Ciuró) y la Conselleria de Benestar Social, ya han anunciado cambios legislativos tanto en el Libro V del “Codi Civil de Catalunya” como en la “Llei de l’Habitatge”.

Todo ello, para combatir las okupaciones conflictivas, y para que los ayuntamientos y las comunidades de propietarios puedan instar el desalojo cuando el propietario no lo haga.

Desde la abogacía institucional podemos sentirnos satisfechos, como garantes de los derechos de las personas, y como ciudadanos, de que, gracias a las conclusiones de ese Congreso de Málaga y a las propuestas legislativas en la que tantos juristas han trabajado, nuestros representantes políticos hayan recogido el testigo.

Ahora, el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, así como las cámaras parlamentarias, deben finalizar el trabajo que les corresponde como poder ejecutivo y legislativo.

Este auténtico drama social requiere de urgencia mecanismos ágiles y eficaces con los que combatir tan compleja problemática convivencial y de seguridad jurídica.

Debemos, por ejemplo, culminar el debate sobre la posible despenalización (en relación a lo previsto en el artículo 245 del Código Penal).

Sea como fuere, al margen del orden jurisdiccional que se estime oportuno, lo que es inaplazable establecer son las medidas cautelares para garantizar los desalojos con cierta inmediatez.

Es de justicia terminar este artículo agradeciendo a todos los integrantes del grupo de trabajo de la Comisión de Normativa del ICAB/CICAC el trabajo desinteresado que han hecho, haciendo una mención especial a María Pastor, Flor Carrasco, Cristina Vallejo, Montse Junyent, Nuria Moreno, Paz Vallés, Jorge Navarro, Emilio Zegrí, Vicente Pérez Daudí, Diego Peláez, Emilio Vega, Julio Naveira, Sergio Nasarre y Enrique Vendrell.

Tras demasiados años sin soluciones efectivas, esperamos reformas que conlleven el fin de la okupación delincuencial y una política de vivienda social que nos acerque a las cifras de Europa. El reto lo merece: por la protección de las familias vulnerables, por la convivencia y por la paz social en nuestras calles. 

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