Los pisos de la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) no coinciden con los de los edificios aledaños. Varios tramos cortos de escaleras conducen a niveles que se encuentran a medio camino: desde la calle se observa una ventana a ras del suelo a través de la cual se pueden ver las cabezas de los trabajadores, y las puertas de vidrio dan una vista a los pies de quienes se desplazan entre las oficinas.
En una situación parecida se encuentran los graduados sociales, con un número de competencias en sectores legales en los que no pueden ejercer directamente y apoyando a una población que no siempre los distingue de otros profesionales que se solapan en sus tareas.
Ricardo Gabaldón, el presidente de este cuerpo, señala que el desconocimiento sobre lo que hacen de sus clientes incide en el poder que se les suele conceder.
«Tenemos un título de grado y podemos representar al cliente en la jurisdicción social, una ventaja que no tienen otros profesionales», explica, apuntando que 80 % de las pymes cuentan con servicios de graduados sociales.
«Pero se nos debe tomar en cuenta para la aplicación de las normativas que se hacen para las pymes, que no suelen contar con departamentos de recursos humanos».
A pesar de ser una carrera especializada en materia socio-laboral, además de los intríngulis de la Seguridad Social, todavía quedan procedimientos en estos campos de los que no pueden encargarse estos profesionales, como los recursos de casación y, en los casos del Tribunal Supremo, los de suplicación.
«Es común que los graduados sociales hagan los recursos de casación y que los firme un abogado», afirma Gabaldón.
PUEDEN HACER MUCHO MÁS
El presidente del organismo también reclama que los servicios de los graduados sociales podrían ser de gran utilidad para descongestionar las áreas de lo social, donde ya están en capacidad de asesores antes de ciertos procesos jurídicos en el que no pueden participar, ya que solo intervienen en procesos judiciales que corresponda al derecho laboral y la Seguridad Social.
«Un fallo en el sistema», en sus palabras.
«Un objetivo muy claro que tenemos es el de formar parte de la justicia gratuita», dice, apuntando que la disposición del colectivo sería una gigantesca ayuda en ciertos procesos del turno de oficio.
«Es importante que atiendan nuestras demandas, pero tiene que haber voluntad. Solo podemos ayudar si tenemos voz», asegura.
Después de la pandemia del coronavirus, que inició un año después de que Gabaldón asumiera su puesto, el graduado social dice que se puso de relieve que la profesión es «indispensable», algo que solo ocurre «después de un sobreesfuerzo» como lo fue especialmente la gestión de la infinidad de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que levantaron las empresas.
«Somos colaboradores fieles», insiste, destacando también la gestión y asesoría que prestan a las pymes en temas laborales y fiscales. «Nunca hemos solicitado nada que no fuera en beneficio común de los ciudadanos».
¿Puede ser, entonces, que estas cuitas surjan de un error de mercadotecnia? Gabaldón asiente. «Hay graduados sociales que se presentan como asesores, pero es un error», afirma. «Se han dejado llevar por nombres rimbombantes o modernos. Eso no está mal para presentarse, pero tienen que incluir el nombre de graduado social».
Una medida pendiente es la del desarrollo de una marca con la que puedan identificarse los graduados sociales, tanto entre sí mismos como de cara al público para que tengan consciencia de todos los roles que desempeñan, un proyecto que esperan presentar en un pleno que se llevará a cabo en diciembre.
«Muchas pymes y trabajadores saben quién les ayudó durante la pandemia, quién les hizo el ERTE, la prestación de cese de actividad, quién les atendió mientras la Administración tenía sus dudas, pero no identifican que quien ha estado a su lado es un graduado social», reclama.
«La Administración tiene que atender las necesidades de todos los colectivos si quieren trabajar en conjunto, no esperar a que se encuentren en problemas».
