La Asamblea Francesa ha aprobado una proposición de ley que añade la «ocupación fraudulenta de locales para uso residencial o económico o uso económico» a su Código Penal y aumenta las penas de prisión y multa para las personas que entran o permanecen en un local «sin ser titular de un título de propiedad, un contrato de arrendamiento o un acuerdo de ocupación con el propietario o la persona con derechos sobre el local, o sin su consentimiento».
En este sentido, distingue la okupación o ‘squatting’ del delito de violación de domicilio, con el cual se solía procesar a quienes cometían este delito. Ahora, los okupas se enfrentarán a tres años de prisión y 45.000 euros de multa donde antes se hablaba de un año y 15.000 euros.
El documento aclara que extiende el concepto de okupación a los delitos que se realizan en una vivienda temporalmente vacía de muebles o en inmuebles dedicados a actividades económicas.
También se distinguen la entrada de hecho y el mantenimiento de hecho, con lo que «un ocupante ilegal que se mantiene en el local mediante coacción pero que ha entrado en él al encontrar la puerta abierta, por ejemplo, no se verá afectado», según el texto.
La proposición de ley también castiga «mantener una vivienda sin derecho ni título en violación de una resolución judicial firme y ejecutiva» durante más de dos meses, así como «afirmar falsamente ser el propietario de la [vivienda] con el fin de alquilarla» y «la propaganda o publicidad, por cualquier medio, en favor de métodos destinados a facilitar o incitar» cualquiera de estos delitos.
El texto también detalla la intención de acelerar los procedimientos administrativos para expulsar a los okupas de las viviendas y la traslación de los propietarios afectados a las personas se instalaron ilegalmente de las responsabilidades de mantenimiento que resulten de los daños durante el periodo en el que se desarrollaba la okupación.
Según el preámbulo del documento, este «pretende proteger mejor a los pequeños propietarios», destacando que un tercio de estos son jubilados y que los ingresos que obtienen del alquiler son «absolutamente esenciales para garantizarles una jubilación tranquila».
Señala que 64% de los propietarios solo tienen una vivienda de alquiler y que, a diferencia de los grandes propietarios, estos «no tienen medios para que sus propiedades estén protegidas de los okupas por empresas de seguridad, ni para que las gestionen terceros».
Además, aúna en el delito de ocupación fraudulenta a los arrendatarios que se niegan a pagar el alquiler, a cumplir con el contrato y a marcharse si se le pide, para lo cual la proposición de ley permite «rescindir el contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales del inquilino y penaliza el hecho de permanecer en la vivienda a pesar de una resolución judicial desfavorable», además de agilizar los procedimientos litigiosos.
