El ponente de la resolución será el magistrado Enrique Arnaldo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
El TC decidirá mañana en un Pleno extraordinario si admite el recurso del PP contra las enmiendas de PSOE y Podemos que ‘pretenden controlar el órgano de garantías’
El PP ha solicitado como medida cautelarísima que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de dichas enmiendas
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14/12/2022 14:59
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Actualizado: 14/12/2022 20:03
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El Tribunal Constitucional (TC) ha convocado para mañana, a las 10.00, un Pleno extraordinario para decidir si admite o no a trámite el recurso presentado por el Partido Popular (PP) contra dos enmiendas de PSOE y Podemos que, según denuncian los ‘populares’, pretenden reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del TC (LOTC) para «controlar» el órgano de garantías.
En el Pleno se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por los diputados del PP.
El ponente de la resolución será el magistrado Enrique Arnaldo.
El PP ha solicitado como medida cautelarísima que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de dichas enmiendas. “Ante momentos excepcionales como los que estamos viviendo se necesitan medidas excepcionales”, sostiene la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
En declaraciones a los medios en el Congreso sobre la Proposición de Ley del PSOE y Podemos para derogar el delito de sedición, ha anunciado que el Partido Popular ha presentado este primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante dos enmiendas que, según ha recalcado, pretenden «controlar» el TC y «cuya inconstitucionalidad es manifiesta».
La secretaria general del PP sostiene que «además de la inconstitucionalidad de su contenido, reformar leyes orgánicas que afectan al Poder Judicial vía enmiendas supone hurtar el debate y los informes preceptivos acerca de las iniciativas». En este sentido, ha destacado que el PP lleva advirtiendo a los órganos pertinentes del Congreso de su “inconstitucionalidad y antijuridicidad”, por lo que no deberían tramitarse.
Gamarra ha recordado que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, anunció que “el PP acudiría al TC cuantas veces fuese necesario para defender el Estado de derecho y la separación de poderes”.
“Una ley que empezó siendo para derogar el delito de sedición se transformó en una que abarata la corrupción y que quiere introducir, por la puerta de atrás, la modificación de dos leyes orgánicas para controlar el TC”, ha denunciado Gamarra, y ha apuntado que los independentistas “nunca han ido tan rápido y tan fácilmente como con Pedro Sánchez en La Moncloa”.
En este sentido, ha señalado que la hoja de ruta del independentismo pasa por sacar la sedición del Código Penal, abaratar la corrupción y convocar un referéndum de autodeterminación.
“Los independentistas ya están felicitándose por el referéndum que están dispuestos a impulsar y que podrán hacer con mucha mayor facilidad, ya que el Gobierno está adaptando el Código Penal para que no tenga ningún tipo de consecuencia cualquier medida que puedan llevar a cabo contra el orden constitucional”, ha subrayado.
También ha puesto el foco en que mientras ERC habla abiertamente de referéndum y una parte del Gobierno reconoce esa vía, el PSOE intenta llamarlo de otra manera «para intentar engañar a los españoles». «Pero los españoles no somos tontos y exigimos a los socialistas que dejen de mentirnos”, ha agregado.
Además, ha indicado que con la misma rotundidad con la que ahora los ministros socialistas niegan que vaya haber un referéndum es con la que rechazaban que se fuera a derogar el delito de sedición o rebajar el de malversación, lo que le lleva a concluir que esa consulta “sí se producirá”.
Gamarra ha emplazado a todos los dirigentes socialistas que dicen oponerse a «la deriva» de Sánchez a que pidan a los diputados de sus organizaciones territoriales que voten en contra de derogar el delito de sedición y de rebajar las penas por corrupción.
EL RECURSO ANTE EL TC, AL DETALLE
El PP ha informado que «a la vista de la admisión a trámite de varias enmiendas mediante un uso fraudulento de los trámites parlamentarios, con falta de conexión de homogeneidad con el texto de la proposición de ley y que son inconstitucionales de forma manifiesta», el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los acuerdos de los órganos del Congreso que han tomado esa decisión de admitir a trámite las enmiendas y de incorporarlas a la reforma.
Las enmiendas a las que se refiere el Grupo Popular son las enumeradas como 61 y 62, presentadas por el Grupo Socialista y el de Podemos. La primera de ellas modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial modificando el régimen de nombramientos de magistrados por el Consejo General del Poder Judicial.
«Esto vulnera el artículo 159.1 Constitución, al eliminarse la mayoría de 3/5, exigida expresamente a las Cámaras para garantizar la independencia de los magistrados y asumida pacíficamente durante cuatro décadas», denuncian los ‘populares’, así como que «se limita el quórum para tomar el acuerdo y se limitan las capacidades de propuesta y de voto de los vocales del Consejo».
La segunda modifica la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional eliminando la potestad del órgano de garantías para verificar la adecuación al ordenamiento de los nombramientos de los nuevos magistrados, lo que, según el PP, supone «un atentado a la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional».
Asimismo, habilita la posibilidad de renovar “un sexto” del Tribunal, en lugar de “un tercio”, lo que, según el PP, «contraviene de manera clara el expreso tenor del artículo 159.3 de la Constitución, que dispone que se renovarán por terceras partes cada tres años».
A juicio del PP, estas enmiendas suponen «un atentado a la separación de poderes y una quiebra grave del Estado de Derecho, además de ser indiscutiblemente incompatibles con la Constitución».
En el recurso de amparo, el GPP no solamente pide que se anulen los acuerdos adoptados, sino que también solicita medida cautelar inaudita parte que se concreta en que se adopten las medidas necesarias para suspender la admisión a trámite de las enmiendas referidas, independientemente del momento en el que se encuentre la iniciativa legislativa.
Gamarra ha señalado que la presentación del recurso de amparo no es óbice para que, en el momento procesal oportuno, el Grupo Parlamentario Popular presente también un recurso de amparo contra la tramitación de la Proposición de Ley, «por vulneración del artículo 23 de la Constitución», y un recurso de inconstitucionalidad contra la norma una vez aprobada.
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