La nueva cuestión prejudicial que ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), una de las referencias en España para calcular el interés de las hipotecas, ha vuelto a poner el foco en las cláusulas que la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, y otros profesionales consideran abusivas, pero que se siguen aplicando en contratos.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reiteró en varias sentencias que el IRPH no era un índice abusivo y aclaró que no era necesario que el banco entregase al consumidor un folleto previo que recogiese la evolución anterior del índice.
Una «decepción» para Suárez, que estuvo en Luxemburgo en el 2018 cuando el TJUE dictó una sentencia que le pareció favorable a los consumidores.
«La gran sorpresa vino cuando el Supremo, en nuestra opinión, retorciendo totalmente la interpretación de la sentencia, terminó dándole la razón a los bancos», afirma Suárez. A los afectados «se les ocultaron los cargos adicionales de las medias, comisiones y un diferencial que hace que sea más caro que el Euríbor sin dar la estabilidad que prometían» los que lo promovieron.
Ante esta situación «desoladora», varios clientes cuyas reclamaciones atiende «han dejado la lucha y simplemente han intentado cambiarse de hipoteca».
«Han perdido muchísimo dinero y dudo que lo puedan recuperar», afirma.
Estas sentencias reflejan los cambios en el Tribunal Supremo, con un efecto negativo para los consumidores, según Suárez, que declara que «la composición de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo favorece a los bancos» y que «hay que seguir peleando para revertirlo».
EL CAMBIO
«Cuando empezamos con las cláusulas abusivas, la Presidencia de la Sala de lo Civil del Supremo la ostentaba Juan Antonio Xiol Ríos, que era una persona muy comprometida con los derechos de los consumidores», explica. Cuando se incorporó el magistrado Sebastián Sastre Papiol, «que llevaba 30 años siendo el jefe de la Asesoría Jurídica de La Caixa», la Sala «empezó a defender teorías más proclives a favorecer a la banca».
Luego de que el Supremo se volviera a afirmar en su posición tras una repregunta del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, desde Asufin quedan pendientes de una cuestión prejudicial del Juzgado de Primera Instancia de Mallorca que no se planteaba desde la transparencia de las cláusulas, sino que trata de competencia al considerar que un banco que no da toda la información está sacando ventaja competitiva al resto de bancos, que sí la dan.
En este sentido, Suárez señala que el IRPH no ha atravesado en años ningún proceso de investigación, modificación o configuración que impida que sea manipulado, como el que han atravesado el mismo Euríbor después de que se demostrara su susceptibilidad, así como el Libor en Reino Unido, que ya no se implementa.
Además, Suárez considera que «el Supremo está agotado después de una década de pleitos judiciales y quiere zanjarlo como la ‘hipoteca tranquilidad'», un producto financiero asimétrico ofrecido a jóvenes con el modelo de la amortizacion francesa, en la que se abona una cuota menor durante los primeros años, pero que consiste en pagar casi exclusivamente las cuantías correspondientes a los intereses, prácticamente sin amortizar el capital.
La ‘hipoteca tranquilidad’ fue validada por el Supremo, que consideró que superaba el control de transparencia. En España también se ha seguido la estela del TJUE en en la controversia sobre la salida a bolsa del Banco Popular, al que dio el visto bueno.
VARAPALO
«Las cuentas que depositó el Banco Popular en varios años sucesivamente no eran correctas y la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) les pidió corregir unas cuentas a los seis meses, pero desde Europa, por defender su mecanismo de resolución anticipada, han defendido el mecanismo y consideran que los accionistas no tienen nada que reclamar», explica Suárez.
Un «varapalo importantísimo» que ha llevado que «todas las sentencias del Banco Popular que antes se estaban ganando, ahora se estén perdiendo».
Por eso advierte que «se abre una ventana muy peligrosa: si la dirección de un banco miente con las cuentas y deposita cuentas falsas, no va a tener ninguna consecuencia, y el banco que lo compre, como el Santander en este caso, a pesar de haber provisionado lo que le iba a costar e indemnizar a todos los afectados, no va a tener que pagarle a los accionistas engañados».
«No tenemos mecanismos para resarcir los derechos de los consumidores, el Banco de España y el CNMV tienen resoluciones no vinculantes y por tanto obligan a los afectados a ir a tribunales, se ralentiza el proceso de reclamación, al que no asiste ni un 20 % de los afectados y no se les paga hasta pasados unos años, que pueden llegar a ser hasta seis», explica Suárez.
«Eso es un rescate encubierto a la banca que se articula en unos juzgados que no está dotados de medios ni personal suficiente y no pueden absorber la avalancha de procedimientos. Y no olvidemos que pagamos los tribunales con nuestros impuestos.»
Suárez pone su esperanza en la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuyo texto definitivo todavía no ha sido publicado por el Congreso de los Diputados. «Esperamos que tenga un criterio favorable al consumidor y que resuelva más rápido y que disuada a las entidades de seguir usando cláusulas abusivas, porque ahora mismo se disuade al consumidor», afirma.
Mientras tanto, dependerá del consumidor responsable cuestionar las prácticas de la banca y educarse más en temas financieros, incluyendo sus derechos como consumidor, dice Suárez, que incluye a los jueces en esta iniciativa de un mayor conocimiento sobre estas cuestiones. «Si un derecho no se conoce, no se ejerce y por tanto no existe».
