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El separatismo catalán se crece con la complicidad del Gobierno

Manuel Álvarez de Mon Soto
El separatismo catalán se crece con la complicidad del Gobierno
Manuel Álvarez de Mon Soto, ha sido magistrado, fiscal y funcionario de prisiones. Actualmente es letrado del Colegio de Abogados de Madrid. alvarezdemon@hotmail.com. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
19/12/2022 06:48
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Actualizado: 19/12/2022 00:10
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El desmantelamiento de la protección penal del Estado, con la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación satisface, por ahora, a los separatistas catalanes, pues es lo pactado por ERC para sostener a Pedro Sánchez en el Gobierno. El presidente del Gobierno aquí sí cumple.

Lo que no ha hecho con otras promesas, como la de que no habría indultos a los condenados por juicio del «proces» oque no habría  derogación de la sedición.

Ahora bien, esto es solo una etapa, pues los separatistas catalanes no engañan y dicen que la meta es el referéndum de autodeterminación, ganarlo como sea y proclamar la república catalana, siguiendo la tónica de 1934. Y si no lo consiguen al primer intento, repetirlo cuántas veces sea necesario, hasta obtener la independencia.

Para ello les es necesario ir desarmando al Estado de su protección jurídica y eso es  lo que están haciendo, a través de las reformas penales de Pedro Sánchez y la  de los nombramientos de magistrados del Tribunal Constituciónal, que reconoce que son medidas arriesgadas con la finalidad, según él, de arreglar la situación política en Cataluña.

Lo que es cierto, pero a cambio de dar todo el terreno a los separatistas para que estos, tranquilamente y sin obstáculos, preparen el asalto definitivo al Estado, ya sin la amenaza de consecuencias penales, como sucedió con todo el proceso iniciado en 2O12 que tras las llamadas leyes de desconexión de 2017 y la farsa plebiscitaria del 1 de octubre de 2017, culminó con la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 por el huído Carles Puigdemont.

Ello vino precedido por las leyes nulas aludidas y la intoxicación exacerbada independentista, llevada a cabo en la sociedad catalana a través de la manipulación ideológica en la enseñanza, adulterando la historia.

Con la utilización de los medios de comunicación a su servicio, directamente controlados como TV3 u otros subvencionados, además de la falsa propaganda copiada,  del «España ens roba» (España nos roba, copiada de la original «Yugoslavia nos roba», inventada por los croatas antes de la guerra, con este mismo fin), cuando quien lo hacían eran los propios políticos convergentes con los «Pujoles» a la cabeza.

Pero a todo ello se llegó por las, a veces insensatas, políticas de cesiones desde los tiempos de Adolfo Suárez y de Felipe González, y seguidas por los  demás posteriores  jefes de Gobierno hasta la fecha. Lo hicieron por el egoísmo particular de los apoyos parlamentarios y por miopía política de no ver, o no querer ver, las pretensiones separatistas a largo plazo.

SEPARATISTAS DISFRADOS DE NACIONALISTAS MODERADOS Y CONSTITUCIONALISTAS

No pactaron entre sí en coaliciones o acuerdos sino que lo hicieron con los separatistas, disfrazados a veces de nacionalistas moderados y constitucionalistas, como hacía el exhonorable Jordi Pujol, que fue calificado hasta de hombre de Estado.

Cuando en realidad solo buscaba «Fer país «, o sea «hacer país», un eufemismo para enmascarar decir crear un auténtico Estado catalán propio, para desgajarse de España, antes o después, y una vez conseguido, ir a la independencia.

«Farem mes i a mes, farem Catalunya» (haremos más y, ademas, haremos Cataluña), fue uno de sus eslóganos primeros en los que expresaron sus objetivos sin tapujos a finales de los años 80. No ocultaban nada.

Logrado ahora ese objetivo, conseguidas ya casi todas  las competencias, salvo la transferencia de la Administración de Justicia, competencia exclusiva del Estado como dice el artículo 149.5 de la Constitución, el concierto económico y el total monolinguismo oficial del catalán, con expulsión del castellano.

Lo que recogía el Estatuto de 2006, que fue votado por solo el 48 % del censo apenas representando el voto afirmativo (el día de la votación fue un domingo soleado y pocos catalanes le dieron importancia); solo apenas algo más de un  tercio del censo que anuló  parcialmente el Tribunal Constituciónal en 2010 en esos temas, además de la pretendida soberanía catalana.

Ahora solo queda la independencia y remover los obstáculos para ello.

Y en eso estamos ahora con ERC de protagonista, con la complicidad temeraria de Sánchez, complaciendo a plazos a las aspiraciones separatistas a cambio de su apoyo parlamentario. Haciendo realidad aquella famosa frase del escritor Oscar Wilde: «La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella». La única forma de hacer frente al separatismo en cediendo ante él, dándole todo lo que pide, para tener la fiesta en paz.

Es gravísimo, además, el tolerar la expulsión total del idioma castellano de la enseñanza en Cataluña, contrariando al artículo 3.1 de la  Constitución y a las sentencias judiciales.

La próxima fase de coacción legal, anunciada por la Generalitat, será contra cualquier uso público del mismo, pese a ser el idioma usual de, al menos, la mitad de la población de Cataluña y mayoritario en Barcelona y en su círculo de población. Los castellano hablantes quedarán pisoteados, legal y socialmente con la actitud despectiva que llegó a manifestar expresamente el sectario expresidente de la Generalitat Quim Torra y que con más discreción formal, que no respeto, hacen los actuales dirigentes separatistas.

Es de destacar la valiente oposición a las cesiones sanchistas de importantes dirigentes socialistas como los presidentes de Castilla La Mancha y de Aragón, Emiliano García Page y Javier Lambán respectivamente.

LA INDEPENDENCIA CON SOLO EL 27 % DE APOYO DEL ELECTORADO

Pues bien pasemos a hacer unas consideraciones sobre la fase independentista que se avecina, la del pretendido referéndum de secesión, eufemísticamente llamado de autodeterminación.

Pretende ERC un referéndum pactado con el Estado que llevaría a la independencia, si votase solo  el 50 % del censo y de este hubiera un 55 % del voto a favor de la independencia.

O sea, según esta pretensión un 27 % de los catalanes podría decidir la independencia e imponérsela al 73 % restante, algo como se ve muy «democrático».

El Estado no puede acceder en modo alguno a esta pretensión, que implicaría derogar ilegalmente la Constitución.

Acceder a ello sería, sin duda posible, delito de prevaricación manifiesta. El Gobierno dice que no lo autorizará.

¿Alguién se lo cree?

Pero si se hiciera unilateralmente como en 2017, además de la obligada aplicación del artículo 55 de la Constitución, podrían incurrir los convocantes en los delitos de prevaricación y usurpación de atribuciones del Código Penal, si no los derogan también. E incluso desobediencia, si hubiera habido un pronunciamiento previo en contra del Tribunal Constituciónal, algo que se quiere evitar con magistrados proclives al independentismo.

¿Cabría un referéndum meramente consultivo vÍa artículo 92  de la Constitución ? Sí, pero tendría que ser con la participación de todos los ciudadanos. Y todos es todos, no solo los catalanes, convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de Diputados.

Pero, ¿aceptarían eso los separatistas?  

¿Cabe vía reforma del actual Estatuto de 2006, ceder las competencias antes aludidas sobre el Poder Judicial, concierto económico, monolinguismo y soberanía?

No por esa vía, como ya ha dicho, en 2010, el Tribunal Constituciónal.

SOLO HAY UNA VÍA: A TRAVÉS DE LA CONSTITUCIÓN

Por vía ley de orgánica, al amparo del artículo 150.2 de la Constitución, sí podría ser, aunque no podría cederse la soberanía ni el monolinguismo por violar directamente a la Constitución.

¿Por qué sí vía de ley orgánica y no reforma estatutaria?

Pues porque si es por esta última vía la cesión sería irrevocable por el Estado y quedaría exclusivamente al arbitrio autonómico mientras que vía ley orgánica el Estado sí podría revocar la cesión y recobrar la competencia si fuese necesario al menos legalmente, pues la ley de trasferencia o delegación preveria las formas de control que se reserve el Estado como dice el artículo 150.2.

Acceder a las pretensiones separatistas ya de máximos, o sea de obtener la independencia, solo puede hacerse  por la vía de reforma agravada de la Constitución, del artículo 168, es decir, por el voto favorable de 2/3 de los diputados y senadores, disolución inmediata de las Cortes y ratificación de la reforma con votación por las nuevas  con la mayoría dicha de diputados y senadores y posteriormente referéndum de ratificación .

Eso fue aprobado por los catalanes en 1978 en el referéndum constitucional con una mayoritaria participación y votación afirmativa del 90,4 % de los votantes , la tercera más afirmativa de España, superando a Madrid.

Por tanto Cataluña ya se pronunció sobre la autodeterminación, lo que ahora quieren ocultar los actuales dirigentes separatistas. Desde entonces disfrutan de parlamento autonómico, con derecho y leyes y lengua propias, eso sí, debiendo respetar la Constitución y sus valores.

La diferencia  con 1978 es que entonces ERC, dirigida por Eribert Barrera, que no ocultaba sus objetivos independentistas, era mínoritari , hasta el punto de tener un solo diputado  en el Congreso, el mismo Barrera, mientras que la Convergencia Democrática de Catalunya del exhonorable Jordi Pujol Soley, entonces mayoritaria, se presentaba astutamente como constitucionalista para así ir haciendo paísl, como decíamos antes. Pero casi  logrado su objetivo de hacer desaparecer el Estado de Cataluña.

En 2012 la CDC se pasó finalmente al independentismo quitándose finalmente la máscara, acucíada por la lucha judicial contra la corrupción del 3 %, que había denunciado Pasqual Maragall, inventándose aquello de que «España nos roba».

Años antes Pujol habia logrado librarse del procesamiento por la Audiencia provincial de Barcelona en el caso Banca Catalana. Procesamiento al que por cierto había votado a favor Margarita Robles en una digna decisión, como había sido la posición del Ministerio Fiscal frente a la presión nacionalista. Por cierto, recomiendo el documental de David Trueba, «La sagrada familia», sobre los negocios de la familia Pujol. Está en Netflix. Para refrescar la memoria.

¿DEPORTACIONES MASIVAS TRAS LA INDEPENDENCIA?

Acabaremos reseñando las declaraciones de españolismo que hacía Gabriel Rufián al diario La Razón el día 1 de agosto de 2018 en entrevista de Carmen Macías y recordar que en Escocia, con un sistema político diferente, era necesario para que el referéndum fuera vinculante el voto favorable del 50 % del censo, no meramente de los votantes, por lo que allí hubiera fracasado la pretension actual de Rufián.

La pretensión de un nuevo referéndum en Escocia, además, fue prohibida el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo del Reino Unido; en el resto de los países de la Unión no sería posible celebrar uno siquiera parecido. En Alemania, en concreto, los partidos separatistas son ilegales.

En fin, que nadie se engañe, los separatistas catalanes solo quieren la independencia, lo demás sólo es obtener medios para ello y dinero para callarse, mientras tanto, de forma temporal.

Basta ya de chantajes y, lo que es peor, del entreguismo que hace y pretende hacer Sánchez, que es, con un Tribunal Constituciónal doblegado, dar de hecho la independencia a Cataluña y hacer extranjeros allí  al resto de los españoles. Y lo que es peor, a la mayoría de los catalanes, que no son independentistas pero están desprotegidos ante el poder económico y mediático de los separatistas.

Por cierto, estimo y mucho a Cataluña y al  idioma catalán, que entiendo, hablo y escribo a un buen nivel y, de hecho tuve una entrevista en directo en ese idioma en la TV 3 de Cataluña en un importante  programa de sábado noche.

No es por tanto mi problema el idioma catalán, lo que pasa, y por eso escribo este artículo, es que no comparto la pretensión de poner fronteras en España, de hacer deportaciones masivas, como algunos desearían y que, anunció Marc Esteve, líder de los nacionalistas catalanes, que haría la república catalana. Lo hizo en Irlanda en 2018.

Y ello por la imposición de una minoría identitaria burguesa insolidaria y clasista pero con poder económico y, por ello, político, con la complicidad de los intereses de un líder, a cuya política  se oponen algunos valientes dirigentes de su propio partido que, como contabamos, son disidentes de esa politica temeraria que o se para o puede  llevar a la destrucción del Estado ante la presión de la Esquerra Repúblicana de Catalunya.

Si se quiere romper España, que sea por la vía legal de la reforma constitucional y no por trampas legales, con consultas ilegales, como la que se pretende.

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