Nada ha cambiado con respecto a la decisión tomada el pasado lunes en el pleno extraordinario. El Tribunal Constitucional, en un nuevo pleno celebrado esta tarde-noche, ha rechazado, primero, la tramitación de la recusación solicitada por el fiscal jefe del TC, Pedro Crespo, y por Unidas Podemos, contra el presidente, Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez.
La argumentación es que tanto García-Trevijano como Narváez tenían un «interés directo» en que las enmiendas a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), no fueran votadas por el Senado porque se beneficiarían de ello porque se demoraría su sustitución por los dos nuevos magistrados elegidos por el Gobierno, el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Laura Díez.
La Fiscalía trató de abrir un incidente de recusación contra González-Trevijano y Narváez, por considerar que había una «incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria».
A su juicio, era «objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos».
ESTE SEGUNDO PLENO HA TENIDO EL MISMO DESENLACE QUE EL DE HACE 48 HORAS
El presidente González-Trevijano convocó este nuevo Pleno extraordinario con apenas unas horas de antelación después de recibir en el edificio de la pirámide truncada, sede del Constitucional, un recurso de súplica del Senado con el objetivo de levantar las medidas cautelarísimas acordadas hace 48 horas a instancia del Partido Popular.
El Senado, que preside Ander Gil, ha tratado de que se pudiera debatir y votar el jueves 22 de diciembre la «Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso» con sus 83 enmiendas. Esta proposición de Ley, definida por algunos juristas como «ley omnibus», había sido aprobada la pasada semana por el Congreso de los Diputados.
Dos de esas 83 enmiendas, la 61 y 62, correspondían a las modificaciones que se habían hecho a la LOTC y a la LOPJ.
El desenlace de este segundo pleno extraordinario ha sido el mismo que el que se llevó a cabo hace 48 horas. Por el mismo número: 6 a 5.
Con los votos en contra del presidente, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares, Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.
El vicepresidente Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ascensión Balaguer, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, el bloque progresista, votó en contra.
«El Pleno del Tribunal Constitucional acuerda desestimar la solicitud planteada por la letrada de las Cortes Generales, en nombre y representación del Senado, de alzamiento de la medida cautelar de suspensión acordada por este Tribuinal en su auto de 19 de diciembre de 2022», dice el texto hecho público por el tribunal de garantías.
Los cinco magistrados han anunciado votos particulares.
El pasado lunes el TC admitió el recurso de amparo presentado por la portavoz del PP en el Congreso, Concepción Gamarra y otros diputados del Grupo Parlamentario Popular que invocaron la vulneración del artículo 23 de la Constitución que establece el derecho a la participación política «directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».
El Constitucional consideró que no era descartable la vulneración alegada por los populares ya que existía una clara doctrina constitucional sobre el ejercicio del del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que ha de existir entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretende modificar.
También valoró que el recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional porque suscita una cuestión jurídica de «relevante y general repercusión social», que además tiene «unas consecuencias políticas generales».
El PP se dirigía, en concreto, contra los acuerdos de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso por los que se admitieron a trámite ambas enmiendas y contra la decisión del presidente de esta Comisión, Felipe Sicilia, de no revocarlos.
SUSPENSIÓN «EXTEMPORÁNEA»
En su recurso, el Senado adujo que la suspensión urgente fue una medida «extemporánea» porque, si tanta prisa corría –y de ahí su carácter cautelarísimo–, se debía haber acordado la semana pasada, antes de que la Cámara Baja aprobara la proposición de ley con sus enmiendas.
En este sentido, subrayaba que el fallo del TC le ha afectado «directamente» cuando en realidad no es la sede legislativa que ha adoptado los acuerdos recurridos por el PP, por lo que entiende que tanto la cámara como sus miembros «se hallan indefensos».
También esgrimía que la suspensión vulnera los requisitos que exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), esto es, que «no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona'».
A este respecto, defendía que «la suspensión ocasiona una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido, como es el consistente en que el Poder Legislativo del Estado español, encarnado en las Cortes Generales (Congreso y Senado), que representan al pueblo español, pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas».
Con todo, advertía de que la paralización de la tramitación parlamentaria se trata de «una actuación desproporcionada» que constituye «un precedente de impredecibles consecuencias», alertando de «la posibilidad de que se pueda utilizar el recurso de amparo como medio para perturbar el ejercicio de la función legislativa de las Cortes Generales».
LA RENOVACIÓN DEL TC
El problema de fondo es que el TC aguarda desde el 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.
Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
Pero las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador al candidato de sus homólogos progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve). En su primera votación para nominar aspirantes, que tuvo lugar el martes, ambos sectores se enrocaron en sus posiciones y frustraron el acuerdo.
En este contexto, ‘morados’ y socialistas introdujeron en la mencionada proposición de ley las dos enmiendas: una para que los dos candidatos del CGPJ se elijan por mayoría simple, en lugar de por tres quintos; y otra para que Campo y Díez puedan tomar posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos nominados por el Consejo.
