El juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida (mercantil) ha perdonado una deuda de 48.209,44 euros a un empresario de la hostelería de Torrelameu, que se había visto obligado a cerrar su negocio a consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19. El juez le ha concedido a D. B. A. la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en menos de dos meses desde que se inició el procedimiento.
Marta Bergadà, fundadora y directora de Bergadà Asociados, que representó al leridano, resaltó el corto tiempo en el que se resolvió el caso en el ámbito más «profesionalizado» de Mercantil en el juzgado, donde antes hubiera representado «un trámite más lento».
«Tras la reforma operada del Texto Refundido de la Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre, las personas físicas, tanto empresarios como consumidores, ya pueden lograr que en un tiempo récord se les perdonen sus deudas si son deudores de buena fe», dijo.
Después de cerrar su negocio debido a las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia y gastar sus ahorros pagando sus deudas hasta quedar en un estado de insolvencia, el empresario no pudo seguir cumpliendo con las obligaciones contraídas con sus proveedores, tras lo cual decidió acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.
La reforma de la Ley concursal dicta que los acreedores cuentan con 15 días después de las publicaciones del Registro Público Concursal para solicitar el nombramiento de un administrador concursal, un paso que antes se consideraba automático, que tendría que hacer un informe de reintegración de la masa activa del concurso, además de investigar si hubo irregularidades en los pagos.
Sin embargo, los gastos del administrador corren a cuenta de los acreedores, que pueden decidir si perseguir o perdonar la deuda, situación en la que se autoriza la EPI, con lo cual desaparecen las obligaciones sin que se imponga un plan de pagos a futuro.
El auto del concurso se dictó el pasado día 17 de octubre tras lo cual se solicitó el perdón de las deudas. Y el 5 de diciembre, el juzgado emitió el auto que otorgaba al afectado la susodicha EPI.
Bergadà manifiesta que es una situación en la que se da «una verdadera segunda oportunidad» y que «se replica continuamente», a la vez que se hacen públicos más casos parecidos, escenario en el que salen beneficiados los juzgados al no recibir tantos casos.
También destaca los requisitos que debe cumplir el solicitante para que se le considere un deudor de buena fe y beneficiarse del perdón de las deudas, incluyendo no haber sido condenado en sentencia firme por un delito contra la Hacienda y la Seguridad Social, o de falsedad documental ni haber sido declarado culpable en concurso de acreedores.
«A nadie le gusta que lo persigan por deudas, y esta ley es para los empresarios que han avalado la deuda de su compañía o para los autónomos, que no se encuentran protegidos», dice, indicando que desde su despacho están a la espera de la resolución de un caso que podría concluir con la eliminación de una deuda que supera el millón de euros.
Bergadà destaca la constante mejora de la normativa, que ha atravesado más de 30 reformas desde su entrada en vigor en el año 2003, de acuerdo a las directivas europeas y la armonización del derecho de la insolvencia en la Unión Europea, de tal manera que no solo el beneficiario, sino también todo el tejido empresarial del país pueda salir beneficiado.
«Si no se perdonan algunas de estas deudas, no es posible que los afectados vuelvan a crear riqueza», resalta, señalando los casos de los empresarios que dejan desaparecer sus proyectos o resuelven pagar en negro los costes de sus activos. «Los emprendedores deben poder volver a comenzar y contratar a empleados para levantar la economía, que bastante lo necesita».
