El tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgó el caso ‘procés’ ha dado hoy un plazo común de 8 días a las acusaciones y a las defensas para que realicen las alegaciones que consideren pertinentes sobre el efecto en la causa de la reforma penal que ha entrado en vigor este jueves, que elimina la sedición y modifica la malversación.
«De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, se concede a las acusaciones y a la defensa, por medio de sus representaciones procesales, un plazo común de ocho días para que realicen las alegaciones pertinentes en relación a su aplicación a la presente ejecutoria», señala textualmente en 9 providencias, que firma el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala de lo Penal.
Por su parte, el magistrado instructor del ‘procés’, Pablo Llarena Conde, ha dictado un auto en el que establece las consecuencias de dicha reforma penal para los procesados en la causa declarados en rebeldía: el expresidente catalán Carles Puigdemont, los exconsejeros Antonio Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira.
Aplica la derogación de la sedición a Puigdemont, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. Llarena considera que la derogación plantea un “contexto cercano a la despenalización” de los hechos investigados, al no encajar en desórdenes públicos.
Ha dejado sin efecto las euroórdenes actuales por sedición, pero ha ordenado la busca y captura de Puigdemont, Comín y Puig por malversación y desobediencia.
Pospone la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la UE sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial.
El delito por el que están procesadas Marta Rovira y Clara Ponsatí pasa a ser desobediencia.
