Esta es la quinta sentencia condenatoria que ha recibido el exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza. Cantabria, con un alto número de casos de corrupción, llama la atención por su población, tan poco numerosa. La foto de Muguruza corresponde a la primera instancia. Foto: EP.
¿Qué está pasando en Cantabria? En los últimos 6 años 59 políticos, funcionarios y técnicos han sido condenados por corrupción
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16/1/2023 00:55
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Actualizado: 16/1/2023 09:25
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El último de ellos ha sido Fernando Muguruza, exalcalde de Castro Urdiales, a quien la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la pasada semana la condena de 1 año de prisión y 8 años de inhabilitación en la macrocausa de La Loma.
Junto a él también ratificó la condena del exsecretario municipal de dicho Ayuntamiento, César Saiz, quien recibió dos años de prisión por un delito de falsedad en documento público y oficial. Y a 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricacón administrativa.
Mejor parado salió el tercer condenado, Valentín Galdós, promotor inmobiliario de Sacyr Vallehermoso al que el Supremo redujo la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Cantabria de dos años a cuatro meses de prisión por un delito de falsedad. Y por concurrir la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas
QUINTA CONDENA PARA EL EXALCALDE DE CASTRO URDIALES
Esta supone la quinta condena que recibe Fernando Muguruza, quien fue expulsado del Partido Regionalista de Cantabria en 2007 por negarse a apoyar al líder de la lista más votada, que era del PSOE, y hacerse con la alcaldía con el apoyo del PP.
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, en una ocasión afirmó que ponía la mano en el fuego por Muguruza.
¿Qué está pasando en Castro Urdiales? ¿Y en toda Cantabria, por extensión?
Desde 2017 41 personas –políticos de todos los partidos (PAR, IU, PSC-PSOE y PP), funcionarios y técnicos– han sido condenados en firme por diez causas de corrupción en esa localidad.
Llama, y mucho, la atención que en un territorio tan pequeño y tan poco poblado haya habido 59 casos de corrupción en 5 años
Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que Castro Urdiales, población muy cercana a Bilbao, tiene 33.109 habitantes.
El número de condenados por lo mismo, corrupción, en el resto de la Comunidad de Cantabria desde 2021 se eleva a 18; 12 en 2021 y 6 en 2022.
Cantabria tiene una población de 581.641 habitantes; 2.565 personas más que la ciudad de Málaga solo.
Por eso llama, y mucho, la atención que en un territorio tan pequeño y tan poco poblado hayan habido 59 casos de corrupción en 5 años.
Hay que aclarar que el delito de corrupción como tal no existe en España. La corrupción comprende 10 delitos específicos: prevaricación urbanística (artículos 320 y 322 del Código Penal), prevaricación administrativa (artículos 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (artículos 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (artículos 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (artículos 428, 429 y 430), malversación (artículos 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (artículos 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (artículos 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
En el caso de Castro Urdiales el instructor de dichas causas fue el magistrado Luis Acayro Sánchez, ocho años al frente del Juzgado de Primera Instancia 2 de esa localidad durante ocho años.
Contra él, tras asumir el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Santander, después se querelló el abogado José María Real del Campo, quien fue letrado de dicho Ayuntamiento.
Lo mismo que Andrés de Diego, decano del Colegio de Abogados, el cual defendió al arquitecto municipal, que resultó absuelto.
La querella de Real del Campo y De Diego desembocó en un juicio contra el magistrado por prevaricación judicial –por haber reclamado los antecedentes de un expediente administrativo del Ayuntamiento de Castañeda– que se vio en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el pasado mes de octubre; le fue impuesta una condena de 5 años de inhabilitación.
Condena que ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
CANTABRIA 2022: 6 CONDENADOS
Durante el pasado año fueron condenados a 14 y 11 años de inhabilitación por prevaricación administrativa Francisco Javier González (exsubdirector de Gestión Económica) y Alejandro Rojo (exgerente de Atención Primaria) del Servicio Cántabro de Salud por «infringir de forma palmaria y clamorosa la legalidad vigente».
Joaquín Méndez, quien fuera alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de La Penilla entre 2015 y 2017, recibió una condena de dos años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de fondos públicos al haberse apropiado de 68.000 euros de dicha Junta.
Marcos Ruiz Sehara, funcionario, exsupervisor de la Filmoteca de Cantabra desde 2003 hasta 2019 fue condenado a un año de prisión y tres años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de malversación de caudales públicos; se apropió de 34.971 euros.
«Incorporó a su patrimonio personal la cantidad de 34.971 euros, dinero obtenido de la taquilla y que no ingresó en la cuenta bancaria de la Sociedad a pesar de los requerimientos hechos al efecto al apercibirse en el verano de 2018 de que el último ingreso de efectivo de las taquillas correspondía a diciembre de 2017, si bien sí entregaba las hojas de taquilla», dice la sentencia.
Alberto Vilar, quien fuera máximo responsable de la Federación Cántabra de Fútbol durante 22 años, fue condenado a dos años de cárcel y 2.100 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida agravada por disponer de los fondos de la entidad.
El que fuera secretario y administrador del Común de Valdelomar entre 2014 y 2014, por su parte, aceptó seis meses de prisión y dos de inhabilitación para empleo o cargo público tras reconocer el delito de malversación. La Audiencia Provincial de Cantabria apreció las atenuantes de reparación del daño, porque devolvió los 37.529 euros sustraídos mes y medio después, y por dilaciones indebidas.
Actualmente, tres alcaldes de Cayón están siendo investigados por prevaricación. Lo mismo que el alcalde y cinco ediles de Ribamontán del Monte, a los que se les imputa delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
2021: 12 CONDENADOS
En noviembre de 2021, la exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, fue condenada a cinco años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos.
Otros ocho exediles de esa localidad también fueron condenados, pero a cuatro años, por el pago de una serie de facturas pese a los reparos del interventor y el fraccionamiento de contratos entre 2003 y 2009.
Todos ellos recurrieron su condena ante el Supremo.
La misma Audiencia Provincial condenó al exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación que tuvo su origen en el caso Nocanor.
Al exsecretario municipal, José Luis Sáez, le fue impuesta una pena de nueve años de inhabilitación.
Ambos también fueron condenados a indemnizar a la mercantil Nocanor Promociones SL por el incremento de los costes que tuvo que soportar derivados de la presentación del proyecto de urbanización y compensación para construir 184 viviendas en el municipio
Por otra parte, Diego Higuera, exdirector de Cantur -sociedad pública que gestiona las infraestructuras turísticas de Cantabria- y Pablo Sámano, exgerente del Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología y Bellas Artes, fueron condenados a un año y medio de prisión por el fraccionamiento de contratos de la empresa pública a favor de la privada. Higuera «dispuso de dinero público para usos propios o para fines o destinos ajenos al cargo».
¿Tiene alguna explicación esta cadena de condenas?
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