La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado en un boletín, firmado por Ángel de la Fuente, en el que expone que la segunda fase de la reforma de las pensiones tendrá un ahorro «muy inferior a la que sería necesaria para restaurar el equilibrio del sistema».
En el documento, titulado «Seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación», indica que en el año 2050, habiéndose efectuado las acciones formuladas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el ahorro habrá sido de apenas el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
«El impacto neto de los cambios propuestos en el procedimiento de cómputo podría ser una ligera reducción de la pensión media inicial de las futuras cohortes de jubilados que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducir el gasto futuro, pero sólo de forma muy modesta», señala.
El primero de los cambios que negocia el Gobierno con los agentes sociales, como ilustra el boletín, consiste en ampliar el periodo de cómputo de la pensión desde los 25 años, donde se encuentra actualmente, hasta los 30 años, descartando de oficio los 24 meses con menor base de cotización actualizada.
También se rellenarías las «lagunas» que pudiera haber en los periodos de cotización con la base mínima establecida: hasta 48 meses, con la base mínima establecida para los años correspondientes, y luego, con el 50% de esta cantidad.
La segunda medida alzaría las bases máximas de cotización de forma gradual entre los años 2025 y 2050, revisándose también (aunque de forma «muy inferior», según el informe) la cuantía de las pensiones máxima. Así, se pretende recuperar aproximadamente el cociente actual entre las dos variables más allá del 2050, si bien todavía no se conoce con qué ritmo.
La proyección del Ministerio es que, después de ajustarla a la inflación, la base máxima de cotización aumentaría a una tasa anual del 1,154% y la pensión máxima, al 0,115%, de manera que el incremento acumulado sería respectivamente de casi 35% y 3% a precios constantes.
Sin embargo, Fedea cita el estudio «Efectos de la ampliación a 35 años del cálculo de la Base Reguladora en el sistema de pensiones de jubilación español» (E. Devesa) para establecer que «el impacto de [la primera medida] podría ser una muy ligera reducción de la pensión media inicial de las futuras cohortes de jubilados que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducir el gasto futuro, pero sólo de forma muy modesta».
El estudio «Estimación del impacto de variaciones en el período de cálculo de la base reguladora sobre la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación» (A. Múñiz-Julve) sirve también para ilustrar que «un incremento del período de cómputo desde los 25 años actuales reduciría la pensión media inicial de una forma aproximadamente lineal, con una caída del 8,2% si se alcanzan los 35 años» (siendo 35 años la estimación del estudio).
Visto esto, la subida a 30 años podría dar pie a una reducción de un 4% de la pensión media inicial, que estaría «mitigada» por el descarte de los dos peores años, lo cual más bien aumentaría la pensión media inicial en un 3% aproximadamente. El efecto real de la propuesta del Gobierno consistiría entonces en una reducción de alrededor de un 1% de la pensión media inicial, según estas previsiones, o de 1,5%, según los resultados de Devesa.
Así, en 2050, cuando todos los pensionistas se hayan jubilado con las nuevas reglas, el ahorro en el gasto total de pensiones esperado sería de un 1,5%; siendo este entre el 15% y el 20% del PIB, el ahorro proyectado en el año sería de un 0,3% como mucho, según el informe.
«Un impuesto oculto»
Fedea también señala que el «destope» parcial en el que consiste el segundo cambio de la propuesta del Gobierno «tendrá un efecto muy limitado sobre los ingresos totales por cotizaciones sociales», según las estimaciones del autor, que ubica en un 0,15% del PIB el incremento en la recaudación, «muy por debajo de lo que sería necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones derivado de la primera fase de la reforma en curso, que el propio Gobierno cifra en torno a 3,5 puntos de PIB en 2050».
También afirma que la propuesta supone «un impuesto oculto y muy distorsionante» en las cotizaciones sociales que se aplican a rentas por encima de determinados umbrales, los que dan derecho a la prestación máxima, lo cual califica de «una estructura poco equitativa por aplicarse con tipos de gravamen muy elevados sobre una base limitada y arbitraria de rentas intermedias del trabajo».
Por este motivo, recomienda suprimir las cotizaciones que se especifiquen por encima de estos umbrales y aplicar, como ejemplo «un reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes».
«Este recargo debería sustituir no sólo al impuesto de Seguridad Social sino también a las actuales transferencias del Estado a la Seguridad Social para hacer su coste más visible para el contribuyente y debería calibrarse para mantener inicialmente constantes la presión fiscal total y los ingresos de la Seguridad Social», puntualiza.
