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Cartas desde Londres: Hacia la mediación obligatoria en la jurisdicción civil de Inglaterra y Gales (III)
Josep Gálvez aborda en esta tercera entrega las peculiaridades de la medición en Inglaterra y Gales.
31/1/2023 06:49
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Actualizado: 21/2/2023 11:59
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Como veremos hoy, la negativa a someterse a una mediación o cualquier otro sistema de resolución alternativa de conflictos (los célebres ‘ADR’) tiene su reflejo en las costas procesales.
No obstante, no resulta siempre claro si corresponde su imposición a aquella parte que se ha cerrado en banda a la mediación, por no ser razonable su decisión o, por el contrario, debe condenarse a su pago en cualquier caso.
Por este motivo, actualmente existe un amplio margen discrecional del juez para valorar si la negativa de alguna de las partes a la mediación realmente merece ser castigada con la imposición de costas, llevando a una de las más famosas decisiones en este ámbito: la polémica decisión en el asunto Gore v Naheed, del año 2017, que es la que veremos hoy.
EL CASO GORE V NAHEED, UNA RELACIÓN DE VECINDAD COMPLICADA
Vamos con los hechos.
El origen del pleito tiene lugar en la pintoresca población de Pangbourne, en el verde condado de Berkshire, situado al suroeste de Inglaterra, y concretamente con la servidumbre de paso que conecta a la propiedad del señor Gore, conocida como ‘The Granary’ (“El Granero”) con ‘Church Street’.
Para que nos situemos, la sentencia incluye un plano que es el siguiente:
En efecto, la propiedad del demandante se beneficia de un derecho de paso concedido mediante un antiguo acuerdo de 1921 sobre la ‘Yellow land’ o “Terreno amarillo”, a la que posteriormente se añadió un garaje, que el señor Gore alquila a un tercero.
Como ven, a espaldas de la finca del demandante discurre el río Pang, cuyo nacimiento da nombre a esta bella población.
En 2012, los demandados, los señores Naheed y Ahmed, adquirieren el local de la izquierda, en color azul, una antigua sucursal del Nat West Bank, utilizándolo para su negocio familiar de venta de vinos y sidras.
Aunque el local da directamente a ‘High Street’, los demandados utilizan el camino de entrada de la zona amarilla para recibir los pedidos por la puerta trasera.
El problema viene porque los vehículos aparcados para esas tareas impiden el acceso al granero y al garaje del señor Gore, conllevando el consabido cabreo, expresado con rítmicos toques de claxon, seguramente acompañados de alguna evocación a los ancestros de los demandados y a la Commonwealth en general.
Harto ya de esta situación, el señor Gore interpone una reclamación judicial contra su vecinos, Naheed y Ahmed, solicitando una indemnización por los daños y perjuicios causados y una medida cautelar (‘injuction’) consistente en que se impida a los demandados aparcar en la zona amarilla.
Por su parte, los demandados se allanan respecto del acceso al ‘Granero’ pero niegan la existencia de una servidumbre de paso al garaje, alegando que esta construcción es posterior al acuerdo de 1921 y, por tanto, está excluido del derecho de paso.
Tras la vista, el Juez Harris QC de la ‘High Court’ de Londres estima la reclamación del señor Gore en su integridad mediante sentencia del día 22 de septiembre de 2015.
En su decisión, el juez ordena a Naheed y Ahmed que únicamente aparquen en su parte de la calzada y hasta un máximo de 20 minutos para efectuar las tareas de carga y descarga.
Y además les condena a pagar una indemnización “general” al demandante de 2.500 libras y otra “especial” de 4.584,54 libras por haber provocado la rescisión anticipada del contrato de arrendamiento que el señor Gore tenía acordado con un tercero.
Y lo interesante, a efectos de la mediación, viene ahora.
En su decisión, el Juez Harris QC condena a los demandados a pagar las costas del demandante, que debían evaluarse sobre una base normal de cómputo, y ordena por ello que paguen un total de 17.500 libras esterlinas, además de los intereses derivados de las costas.
No conformes con la sentencia, los demandados apelan el asunto ante la ‘Court of Appeal’.
Respecto a la condena en costas, alegan que habían invitado al señor Gore a acudir a una mediación, pero que este se había negado, lo que no fue tenido en cuenta por el Juez Harris QC mediante la correspondiente reducción en las costas.
Para ello, los demandados se remitieron al importantísimo asunto PGF II SA v OMFS Company 1 Ltd [2013] EWCA Civ 1288, de 23 de octubre de 2013, que es el que veremos a continuación.
Por tanto, dejamos este asunto de servidumbres de momento y vamos a este precedente.
EL CASO “PGF II SA”, LA ‘COURT OF APPEAL’ FRENTE A LA MEDIACIÓN
La importancia del asunto reside en que, por primera vez, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales tuvo que decidir si sancionaba a una parte por el hecho de no responder a una propuesta de mediación de la otra.
El problema es que, como ya sabemos, acudir a una mediación o cualquier otro sistema alternativo de resolución de disputas es voluntario y no puede ser impuesta por el tribunal.
Pero, claro, en la práctica, las partes no tienen más remedio que acudir a estos medios alternativos bajo la amenaza de verse después condenados en costas por el tribunal.
Y de esto trata precisamente el asunto ‘PGF II SA.’
En concreto, va de los casi dos millones de libras esterlinas que la arrendadora reclama a la arrendataria por la falta de mantenimiento de tres plantas en el número 33 de ‘Lombard Street’, ubicado en la muy exclusiva ‘City’ de Londres.
El tema es que, en un momento dado -como decía Cruyff- la demandante hace una oferta de acuerdo a la demandada por 1,25 millones de libras y, como no la acepta, sus abogados proponen entonces acudir a una mediación y presentar propuestas razonables para ello.
Pero la única respuesta del demandado es hacer una contraoferta de 700.000 libras para llegar a un acuerdo, un ‘settlement’.
Lo importante es que, aunque las partes “sólo” estaban a 550.000 libras de alcanzar un acuerdo, la demandada nunca respondió a la invitación para la mediación, a pesar de que se reiteró y de que incluso la demandante se ofreció llegar a un acuerdo por 1,05 millones de libras esterlinas, reduciendo así la diferencia a 350.000 ‘pounds’.
Pero la demandada, impasible el ademán, se mantuvo en su oferta de 700.000 libras.
Así que, pasado un tiempo y llegados a la víspera del inicio del juicio, la demandante finalmente acepta la oferta del demandado y acuerdan el fin de las hostilidades por 700.000.
Pero lo hizo tras la propuesta de la demandada, planteada únicamente ese día, según la cual, la arrendadora no tendría ninguna responsabilidad por la suma de 250.000 libras para reparar el sistema de aire acondicionado, ya que se encontraba fuera de sus locales arrendados.
Curiosamente, para entonces, cada parte ha gastado otras 250.000 libras en costes legales computados desde que el demandado había hecho su oferta inicialmente.
Y ahora vamos al meollo.
Recuerden que las costas en Inglaterra y Gales es una materia esotérica, de extrema complejidad y cuyos arcanos solamente son comprensibles para los ‘solicitors’ expertos en la materia.
En cualquier caso, la norma general dice que cuando una oferta de acuerdo se acepta ya ha iniciado el proceso judicial, el aceptante tiene que pagar todos los costes del contrario incurridos a partir de 21 días después de formular la oferta.
Es decir, el sistema procesal inglés penaliza con costas a quien tarda más de 21 días aceptar una oferta.
Siguiendo esa regla, ni corto ni perezoso, la empresa demandada trató de recuperar de la demandante las 250.000 libras adicionales de gastos legales en que había incurrido desde que había formulado la oferta, ya que había transcurrido holgadamente ese plazo.
Peeeeero el juez del caso dijo que nanay y le denegó el cobro.
¿El motivo?
Pues ya lo habrán imaginado:
La negativa de la demandada a responder a la oferta de mediación de la demandante.
LAS CONSECUENCIAS DE NO ACUDIR A MEDIACIÓN
La demandada recurrió alegando tres motivos:
Que su postura estaba perfectamente justificada por la aceptación de su oferta por la demandante, que por otro lado, la mediación habría fracasado de todos modos y que, en realidad, no se había negado a acudir a mediación como tal.
La decisión de la ‘Court of Appeal’ en PGF II SA v OMFS Company 1 Ltd [2013] EWCA Civ 1288 fue tan contundente como la de primera instancia, confirmando el criterio.
Lo interesante es que, para ello, se basó en el 90% de éxito de las mediaciones y en la necesidad de que las partes eviten litigios costosos participando plenamente en la resolución de conflictos, no petrificadas en una postura granítica.
Y es que, para la ‘Court of Appeal’, la falta de respuesta a la invitación a mediar equivale a una negativa y dicha actitud sólo puede justificarse en circunstancias excepcionales.
Por ello, sancionó al demandado con la imposibilidad de recuperar las 250.000 libras de las costas.
Y ahora volvamos al asunto del señor Gore contra sus vecinos, Naheed y Ahmed.
De conformidad con el criterio de la sentencia PGF II SA: ¿Deberían los demandados tener derecho a una reducción de las costas, dado que ellos propusieron acudir a una mediación, a la que se negó el demandante?
Lo veremos la semana que viene.
Hasta entonces, mis queridos anglófilos.
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