La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, ha pedido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, que recurran el proyecto de modificación de la ley de personal de la Guardia Civil, puesto que los apartados 3 y 7 del artículo 35 «favorecen un sexo respecto a otro en los sistemas de selección para el ingreso en los centros de formación, más allá de las derivadas de las condiciones físicas exigibles”.
«Eso es inconstitucional y gravemente discriminatorio», denuncia esta asociación. Se opone que a las mujeres entren en la Guardia Civil con menos nota que los hombres.
“Que se pueda acceder a una plaza con un 15% menos de nota discrimina al hombre y minusvalora a la mujer”, subraya el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, y así se lo ha transmitido a ambos en sendas misivas, en las que les pide que protejan los derechos de los ciudadanos interponiendo ese recurso porque esta normativa «vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española».
En sendos escritos, Vilariño les expone que «se pretende beneficiar a las aspirantes mujeres a la entrada en el Cuerpo (perjudicando a los aspirantes varones, a los que desplazarían), por el mero hecho de serlo, cuando exista una diferencia de hasta un 15% inferior en la puntuación obtenida”.
Jucil sostiene que esto «excede lo admisible en materia de medidas para promover la igualdad entre mujeres y hombres”. Y anuncia que acudirá a todas las instituciones y organismos que puedan ser competentes o influyentes para parar esta iniciativa.
Vilariño destaca que de salir adelante esta reforma, “se facilitaría la incorporación a puestos de responsabilidad en la seguridad de los ciudadanos, no a los más preparados, sino a aquellos que entran para cubrir una cuota»»».
Y hace hincapié en que a la Guardia Civil «deben incorporarse las personas más preparadas».
La modificación legal está enclavada en la estrategia del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, que a mediados de septiembre refrendó su apuesta por impulsar medidas de «acción positiva para alcanzar el 40% de mujeres antes de 2030» en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este contexto, la Policía Nacional acaba de eliminar el requisito de estatura mínima, suprimiendo también las «trabas»»» en los periodos de gestación, parto o postparto. En el caso de la Guardia Civil, Interior anunció el 14 de septiembre que iba a reservar en sus procesos selectivos un porcentaje de plazas para las mujeres.
Tras cada proceso de selección, se elaborará una lista de aspirantes admitidos según la puntuación obtenida en las distintas pruebas, pero el Ministerio añade un apéndice para «asegurar la cobertura del porcentaje de plazas reservado a las mujeres: en adelante las mujeres tendrán preferencia sobre los candidatos varones siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al quince por ciento».
«Estamos a favor de facilitar el acceso de mujeres en la Guardia Civil, pero esta propuesta no les hace ningún favor. Queremos que ingresen las personas mejor preparadas para los puestos, indistintamente del sexo o de la raza», argumenta Vilariño. «Mérito y capacidad es lo que hay que tener en cuenta», subraya.
NINGUNA DESVENTAJA
Jucil también señala que la incorporación de la mujer en este Cuerpo es «progresiva y va en aumento”. «La mujer puede presentarse a las plazas para el acceso a las distintas escalas de la Guardia Civil en absoluta igualdad con sus compañeros varones (con la única salvedad de contar con una regulación singular en materia de pruebas físicas) y, además, existen medidas favorables para la situación de embarazo y maternidad durante las pruebas”, puntualiza Vilariño en su escrito para aclarar que «ninguna mujer que quiera acceder a la Guardia Civil cuenta con prohibición, restricción o limitación legal alguna para hacerlo».
«Ninguna mujer que quiera acceder a la Guardia Civil cuenta con ninguna desventaja por serlo frente a sus compañeros varones. El principio de igualdad del artículo 14 CE se cumple de manera absoluta, rigiéndose el acceso por los principios de capacidad y mérito, como constitucionalmente procede», añade.
Jucil resalta en sus misivas que la propia Guardia Civil reconoce que cada año acceden más mujeres y que el porcentaje en el Cuerpo se incrementa, “pero aun así desea alterar el curso normal de los acontecimientos para beneficiar a las mujeres que pretendan acceder».
“Nos encontramos ante una actuación de la Administración Pública (la Dirección General de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior y el Consejo de Ministros) que vulnera de forma clara un derecho fundamental de los incluidos en su ámbito de actuación, como es promover una modificación legislativa discriminatoria y vulneradora del derecho-principio fundamental de igualdad”, recalca Vilariño a Gabilondo y O’Reilly. Y les hace saber que en el pleno del Consejo de la Guardia Civil, todas las asociaciones profesionales (excepto una), y la representación del Ministerio de Defensa, así lo entendieron y se opusieron.
«Por razones políticas, y pese a la que para nosotros es flagrante ilegalidad, se siguió adelante”, concluye.
