Cristina Bustamante Gil, magistrada de refuerzo del Juzgado de lo Penal 24 de Madrid, ha absuelto a una joven de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones leves por la presunta agresión a una agente que participaba en el desalojo de una fiesta en un piso de Madrid cuando estaba vigente el primer estado de alarma y seguían en vigor las restricciones sanitarias dispuestas para evitar el contagio de coronavirus.
En el mismo juicio, la magistrada absolvió de lesiones a la agente afectada, a la que la acusada denunció. Las dos se habían denunciado mutuamente.
La magistrada destaca en su sentencia, la número 31/2023, de 17 de enero, «la existencia de dudas razonables y razonadas en esta resolución impide un pronunciamiento condenatorio, por lo que consideró que «es procedente absolver a ambas acusadas». Aplica de esta manera el principio «in dubio pro reo», en caso de duda, a favor del acusado. Y como las dos se habían acusado mutuamente las dos han quedado absueltas.
El Ministerio Fiscal solicitaba un año de prisión para la joven, además de una indemnización económica para la policía.
La magistrada Bustamante Gil aplicó una «costumbre» cada vez más extendida entre sus compañeros de lo penal y es permitir que la mujer acusada se sentara en estrados, con su abogado, y empezar con las declaraciones de testigos para acabar con las de los imputados. Una «costumbre» que cuando la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal sea aprobada será ley.
IGUALDAD DE ARMAS
En este sentido, el representante legal de la mujer, el abogado penalista Juango Ospina, destacó, por ello, el trato «en igualdad de armas, sin aceptar como una realidad irrefutable la versión de los agentes» que recibieron en el juzgado.
«La Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece taxativamente que sea el acusado quien deba iniciar la celebración del juicio», subrayó.
Los hechos sucedieron a las 2.30 del 24 de mayo de 2020, 71 días después de ser declarado el primer estado de alarma –anulado por el Tribunal Constituicional después–, cuando el Gobierno limitaba por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. las reuniones sociales como la fiesta que tuvo lugar a esa hora.
La acusada vivía en el piso debajo de la vivienda de un policía que, al notar que había ruido, música y voces, en vez de llamar al 091, como tenía que haber hecho, contactó directamente con compañeros suyos que estaban de servicio en la Comisaría.
La defensa de la mujer señaló calificó esa comunicación como «un conducto poco habitual».
«Nos llevó a pensar que había cierta animadversión entre ambos inquilinos, y que en este caso, la detención policial estaba predeterminada antes de la llegada de los propios agentes, compañeros de la misma comisaría y amigos del policía y vecino denunciante», afirma Ospina.
CONTRADICCIONES
El abogado puso de relieve las numerosas «contradicciones entre testificales», como empujones, burlas y abalanzamientos que no pudieron probarse.
Los colegas del vecino de arriba de la Policía Nacional que respondieron a su llamada interceptaron a los asistentes.
La agente en cuestión procedió a cachear a la acusada al notar que estaba «muy nerviosa», según describen en la sentencia a la que ha tenido acceso Confilegal.
Se produjo un breve forcejeo.
La policía presuntamente agredida declaró que la joven arremetió contra ella y la tiró al suelo.
Después de esto, la joven fue detenida, esposada, y conducida al coche, acompañada de dos agentes.
A raíz de este incidente, la agente empezó a experimentar un dolor en el hombro derecho con contractura muscular, como constó en un informe médico forense con un parte de lesiones que presentó.
Por su lado, la acusada presentó un informe del hospital que señala que tuvo que acudir a fisioterapia por la aparición de un pequeño ganglio en la muñeca derecha, producto de un traumatismo.
La cosa terminó, como se suele decir, en tablas.
