La presidenta de la asociación mayoritaria de jueces analiza en Confilegal la situación de la Justicia en España y del Estado de Derecho.
María Jesús del Barco (APM): «Acusar a los jueces de ser machistas y prevaricadores parece que es ya la seña de identidad de Irene Montero»
Destaca que si la ministra entiende que los jueces, en la aplicación de la "ley del sí es sí", dictan resoluciones contrarias a la misma, lo que debe hacer es querellarse o de lo contrario, asumir que falta a la verdad
|
17/2/2023 01:00
|
Actualizado: 19/5/2023 13:00
|
«Acusar a los jueces de ser machistas y prevaricadores parece que es ya la seña de identidad de Irene Montero». Así lo afirma a Confilegal la magistrada María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decana de los jueces de Madrid, preguntada por las descalificaciones vertidas contra los jueces por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La magistrada María Jesús del Barco aborda en esta entrevista la ley del ‘solo sí es sí’, las reformas del Código Penal a petición de los independentistas catalanes, y la situación de la Justicia en España, entre otros asuntos.
Esta asociación, la mayoritaria en la Carrera Judicial, exigió el pasado mes de noviembre la dimisión de la ministra ante sus «ataques constantes» a los jueces por aplicar su ley del ‘solo sí es sí’. Ataques que «resultan intolerables e inadmisibles en una democracia», subraya la APM.
La ministra asegura que la rebaja en penas a condenados por agresión sexual se debe a que hay magistrados que «no están cumpliendo la ley por «machismo». Una acusación que «resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho», denuncia esta asociación.
Lo cierto es que la ley Montero ha beneficiado ya a más de 500 depredadores sexuales, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma, y la excarcelación de más de 40 personas.
Sin embargo, la ministra continúa en el cargo; la ley, aún sin modificarse, y Montero sigue erre que erre cargando contra los jueces, igual que otros políticos de su partido y del PSOE.
La ministra Irene Montero afirma que “una minoría de jueces está tomando decisiones contrarias a la ley”, en referencia a la ley del ‘solo sí es sí’. ¿Qué opina?
Las declaraciones de Irene Montero son un hito más en la senda de desprestigio e insulto permanente a los jueces. Acusar a los jueces de ser machistas y de prevaricadores parece que es ya su seña de identidad y su forma de entender el ejercicio de su responsabilidad ministerial.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura ya pedimos en el mes de noviembre su dimisión por este motivo.
La ministra sabe que los jueces estamos aplicando correctamente la ley. Los jueces no estamos dictando resoluciones contrarias a la ley. El problema es que la ley, en su correcta aplicación, obliga a revisar las condenas y a rebajar, en muchos casos, las penas impuestas a los agresores sexuales.
En todo caso, si la ministra entiende que los jueces, en la aplicación de la llamada «ley del sí es sí», dictan resoluciones contrarias a la misma, lo que debe hacer es querellarse contra esos jueces a los que acusa de prevaricar.
O de lo contrario, asumir que falta a la verdad con sus repetidas manifestaciones.
«La reforma del Código Penal con la llamada «ley del sí es sí» se articula desde el inicio de su tramitación sobre una falacia»
¿Su ley es una chapuza? Está beneficiando a los depredadores sexuales…
La reforma del Código Penal con la llamada «ley del sí es sí» se articula desde el inicio de su tramitación sobre una falacia.
Se ha dicho que esta ley pone el consentimiento de la víctima en el centro, pero es que esto ya era así antes en el Código Penal de 1995, y ya era así en los códigos que le precedieron.
Y esto lo sabemos los juristas y lo sabe también cualquier ciudadano. Las relaciones sexuales no consentidas ya eran delito antes de la ley.
Se ha dicho que esta ley iba a proteger a las mujeres, a las víctimas de violencia sexual, pero lo cierto es que, de momento, las penas que imponen con esta ley son de menor duración. El delito sexual sale «más barato» hoy.
No solo para los hechos cometidos desde la entrada en vigor de esta ley, también a los hechos ya juzgados y las penas impuestas con anterioridad que, necesariamente, hay que revisar. Y hay que revisarlas porque así lo imponen la Constitución y el propio Código Penal, porque como la ley del ‘sí es sí’ impone penas más bajas, más favorables, hay que revisarlas.
Y esto lo sabía Irene Montero porque así se hizo constar en el informe que emitió en su día el CGPJ y, de hecho, lo criticó por esta razón con el mantra de que eran los jueces machistas y heteropatriarcales los que opinaban.
«Legislar no es llevar una pancarta en una manifestación ni corear proclamas. Las leyes afectan a los derechos de las personas, a su vida. No son un juguete que se monta y desmonta a capricho»
Pero es que parece razonable entender que cuando se afronta una reforma del Código Penal en una materia tan sensible como los delitos la libertad sexual, que afectan a aspectos tan íntimos de las personas, se haga con conocimientos técnico-jurídicos y con el asesoramiento oportuno.
Legislar no es llevar una pancarta en una manifestación ni corear proclamas. Las leyes afectan a los derechos de las personas, a su vida. No son un juguete que se monta y desmonta a capricho.
Lo que resulta sorprendente es que tampoco el Consejo de Ministros hiciera caso a estas advertencias. El propio presidente del Gobierno dijo cuando se aprobó que era una ley de vanguardia y que otros países iban a copiarla.
Pero no olvidemos que hubo 205 diputados que votaron a favor de su aprobación.
La ley está causando efectos indeseables, de momento solo está favoreciendo a los delincuentes sexuales que ven rebajada su condena, y así no se protege a las víctimas, así que, tal vez, no es una buena ley.
Pero no la reforma. ¿A qué cree que obedece esto?
La decisión de cambiar o no una ley corresponde al Legislativo. Parece que hoy sí hay voluntad, al menos en una parte del Gobierno, de que se produzca ese cambio.
Creo que en todas las facetas de nuestra vida, más aún cuando se ejercen responsabilidades públicas, hay que tener la humildad suficiente para reconocer los errores cometidos y tratar de enmendarlos. Máxime cuando los errores perjudican a otras personas.
Pero supongo que es una cuestión de ética y de principios.
¿Las mentiras de los políticos deberían tener consecuencias?
Quizá los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que nos mientan o asumimos mentiras «veniales», como los discursos en campaña o los programas electorales. El doctor House dice que todo el mundo miente.
Lo grave es el paso de la mentira al insulto o al desprestigio de las instituciones.
¿Y qué le parecen las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias sobre que «no es legítimo utilizar el Derecho para combatir el independentismo catalán»?
Pablo Iglesias no tiene hoy responsabilidad pública alguna y no voy a valorar las declaraciones de un ciudadano vertidas en una tertulia o en una red social.
El Supremo ha alertado de que Sánchez deja impune otro intento de secesión…
El Tribunal Supremo pone negro sobre blanco en su resolución lo que ya veníamos advirtiendo desde que se inició la tramitación parlamentaria de la reforma penal.
Que se estaba derogando el delito de sedición y dejando al Estado sin instrumentos penales para el caso de que volvieran a repetirse hechos como los ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017.
El análisis que hace la Sala Segunda es impecable y certero. Es tremendamente didáctico, además.
Y creo que, como ciudadanos de un Estado democrático, debemos de ser conscientes de la situación legal y de la realidad que nos deja esta derogación de la sedición.
¿Qué análisis hace de la situación de la Justicia en España y del Estado de Derecho?
La Justicia en España está servida por jueces y magistrados independientes, comprometidos con el Estado de Derecho y con la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Con una clara vocación de servicio y conscientes de la responsabilidad y de la función que desempeñamos en una sociedad democrática.
Pone el foco sobre la sobrecarga de trabajo enorme que hay en nuestros juzgados, que «no se corresponde ni con unas leyes procesales ágiles ni con una dotación de medios personales ni materiales acorde con las necesidades reales»
Esa vocación y esa enorme responsabilidad nos permiten afrontar cada día una sobrecarga de trabajo enorme en nuestros juzgados, que aumenta cada año y que no se corresponde ni con unas leyes procesales ágiles ni, desde luego, con una dotación de medios personales ni materiales acorde con las necesidades reales.
No hay interés real, a veces ni siquiera simulado, por parte de los responsables políticos, de los que tienen los medios y su gestión para que esto funcione.
Y basta para ello con comparar los presupuestos que se destinan a determinados ministerios o consejerías, con el dinero que va a parar a la Administración de Justicia. Y aquí no hay diferencias ideológicas porque, salvo contadas excepciones, los gobiernos de uno y otro signo, (mal)tratan igual a la Justicia.
En cuanto a la situación del Estado de Derecho en nuestro país, es evidente que cada vez que se cuestiona el cumplimiento de la ley o la separación de poderes, se pone en jaque ese Estado de Derecho, porque se minan los pilares de nuestra democracia.
La Comisión Europea emite cada año su informe sobre esta materia y en los últimos tiempos está advirtiendo a España de la necesidad de que afronte dos cuestiones esenciales: la primera, la obligada renovación del CGPJ. Después de más de cuatro años desde que finalizó su mandato, es imperativo cumplir la Constitución y renovar. Esta gravísima situación de anormalidad constitucional está deteriorando enormemente la imagen del CGPJ y, por extensión, la del Poder Judicial.
La segunda cuestión es la inmediata reforma de la LOPJ y la devolución a los jueces y magistrados de la facultad de elegir a los vocales judiciales del CGPJ.
España tiene que cumplir estos requerimientos porque debe garantizar que somos un Estado de Derecho.
¿Qué llamamiento hace frente a la justicia tardía?
La Justicia tardía es menos justa. La tutela de los derechos y libertades que damos al ciudadano debe hacerse en un plazo razonable y eso hoy es imposible porque faltan medios.
Todos sabemos quienes tienen la responsabilidad de hacer que esta situación cambie. Es necesario que tengan voluntad de hacerlo y, como he dicho anteriormente, esa voluntad no existe. Voluntad real. No de fotos inaugurales para la prensa.
Noticias Relacionadas:
