La Ley de protección de alertadores contra la corrupción ya tiene fecha para entrar en vigor. Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha comunicado que comenzará a estar activa el próximo 13 de marzo.
La ley se estructura en 68 artículos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y doce disposiciones finales.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves las 4 enmiendas procedentes del Senado, por lo que la Ley Reguladora de la Protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha pasado a formar parte del elenco legislativo español.
Recibió el apoyo mayoritario de la Cámara, sin embargo, contó con la oposición tanto del PP como de Vox.
Bruselas anunció que iba a denunciar a España
La ley se ha aprobado un día después de que Bruselas anunciase que iba a denunciar tanto a España como a otros siete países de la Unión Europea por no haber implementado la normativa a tiempo. La fecha tope era el 17 de diciembre de 2021.
Según el BOE, la colaboración ciudadana resulta indispensable para la eficacia del Derecho, y es que esto no sólo se basa en el correcto cumplimiento personal de las obligaciones de cada uno, sino que también se extiende al compromiso colectivo con el buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
Pues gracias a las actuaciones cívicas que advirtieron de prácticas irregulares y de corrupción se han impulsado investigaciones que han concluido con una condena penal por tales comportamientos. La nueva ley fija sanciones de hasta un millón de euros para quienes represalien a estos informantes.
La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.
