Francisco Aranda, diputado del PSOE y portavoz de ese partido en la Comisión de Justicia, calificó de inoportuna, injustificada y no motivada la derogación del artículo. Los cuatro partidos, al unísono, han rechazado la pretensión de Junts de derogar el artículo 384 bis de la LECRim.
PSOE, PP, Vox y CS descarrilan en el Congreso la propuesta de Junts de derogar la pérdida de escaño antes de sentencia
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21/2/2023 20:14
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Actualizado: 21/2/2023 20:19
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Los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han rechazado apoyar en el pleno del Congreso de los Diputados la proposición de ley impulsada por Junts que buscaba reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para derogar el artículo 384 bis, que permitió al Parlament y al Congreso despojar de sus actas de diputados a varios líderes del ‘procés’ tras su procesamiento por el referéndum ilegal y antes de existir sentencia firme.
El artículo señala que «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
Para el diputado de Junts Josep Pagès i Malló, derogando ese artículo se reduce el derecho de excepción en España, se evita poner en riesgo la presunción de inocencia y la división de poderes y «se cierra la vía a una indebida intromisión de los tribunales» en la vida legislativa. Por eso, en su turno de palabra ha explicado que se trataba de una mejora para los representantes electos porque así se acabaría con una «reliquia antiterrorista de los 80», «un artilugio desfasado» que permite adoptar decisiones a jueces de instrucción y que cuenta con «una dudosa constitucionalidad».
El diputado ha cargado contra «los jueces españoles» a los que ha acusado de aplicar con este tipo de artículos «una agenda política». Y ha recordado que en el caso de los líderes independentistas procesados y condenados por el referéndum ilegal «supuso una sanción anticipada» porque fueron «apartados por las togas de la representación que la ciudadanía les otorgó».
Por eso, ha apuntado que el 384 bis «es una argucia procesal, un truco gravoso de los jueces», y ha mencionado un dictamen de un comité que pertenece a la ONU para subrayar que es una violación de los derechos fundamentales.
«ENCALLADOS EN LA CRISPACIÓN»
Pero el diputado del grupo socialista Francisco Aranda le ha respondido que no es oportuna, ni justificada, ni motivada la derogación del artículo y ha avanzado su voto en contra de la proposición porque el artículo en cuestión supone la adopción de una medida cautelar por delitos muy graves.
Al hilo, ha lamentado que desde Junts solo propongan derogar sin alternativa cuando el Tribunal Constitucional ha consolidado doctrina al respecto y dice que no se vulneran los derechos constitucionales. Sobre el dictamen del comité de la ONU ha matizado que el mismo ni vincula ni es el sentido general de Naciones Unidas.
Tras esto, Aranda ha lamentado que Junts siga encallada en la política del enfrentamiento y la crispación mientras España y Cataluña miran al futuro. «Siguen embarrados en el pasado: España no es una democracia fallida, son argumentos retorcidos y falsos», ha apuntado, para luego echarle en cara que denuncie que hay represión desde la tribuna del Congreso.
Del mismo modo, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro le ha afeado a Junts que reiteren este tipo de iniciativas sin perseguir mejorar la vida de la gente y solo buscando «quitar obstáculos legales» para su causa independentista. «No contaran con nuestro apoyo», ha recalcado, para añadir que ese artículo es «una herramienta jurídica en manos de los jueces para la defensa del Estado de Derecho».
Al igual que el PSOE, el PP ha recordado que esta medida temporal de suspensión de cargo no se ha aplicado a personas inocentes «y de paz», sino que en el caso de los independentistas había ya auto de procesamiento firme y prisión provisional».
Sobre el dictamen de ese comité de la ONU ha incidido en que no exige reparación al Estado sino que asevera que con el mero documento es reparación suficiente, y ha afeado a Pallès que haya salido a desacreditar a los jueces acusándoles de activismo político. «Eso es inadmisible y una falta de respeto a la separación de poderes que invalida su iniciativa», ha añadido.
CIUDADANOS: MEDIDA LÓGICA Y PROPORCIONADA
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha recordado que la aplicación del 384 bis no es «un capricho de un juez fascista» sino la decisión de un juez de instrucción «que ha apreciado indicios», y ha recordado que además el acusado puede haber recurrido a una instancia superior.
Así, ha renegado de que Junts quiera que encausados con prisión provisional deban estar en sus despachos «pudiendo volver a hacer daño a las víctimas» de su delito y con «los españoles pagando su sueldo». «No tienen ni pies ni cabeza», ha enfatizado.
En este sentido, ha incidido en que la medida es lógica y proporcionada y ha pedido a Junts el esfuerzo de mirar más allá de los líderes independentistas y les ha puesto el ejemplo de un policía que fuera detenido y procesado por organización terrorista: «¿puede seguir ejerciendo de policía? Es ridículo», ha apostillado.
Bal, de hecho, ha abogado por ampliar los delitos recogidos en ese artículo de la LECrim a los cometidos contra la Constitución y en contra del orden público.
El diputado de Vox José María Figaredo se ha apartado de valorar la proposición para centrar su discurso en que los diputados Junts «son muy antiespañoles, odian lo español y procuran socavar las instituciones del Estado» pero cuando tienen que cobrar un sueldo público «son los más patriotas».
«Que opinan los electores que creen que los adalides de la independencia les representan (…) pero en realidad se forran con oro del César», ha insistido para acabar llamando a los nacionalistas «judas» y acusarles de estar «atornillados en sus sillas».
ERC Y PNV A FAVOR
La proposición de Junts ha contado con el visto bueno y apoyo tanto de ERC como de PNV. La diputada de Esquerra Carolina Telechea ha recordado que el estado español es una «democracia profundamente imperfecta» porque «hay jueces que retuercen la ley, han existido presos políticos y exiliados».
Al hilo, ha considerado que es buen momento para avanzar porque «no se puede apartar a los disidentes políticos sin un proceso con garantías», y se ha alegrado de que Junts por fin dé por buena la estrategia de ERC que pasa por la transformación política, «por pequeños avances».
Para el diputado del PNV Mikel Legarda, la iniciativa de Junts es una buena oportunidad para en comisión y con la correspondiente ponencia reflexionar sobre conveniencia de limitar el ámbito subjetivo de la norma y su automatismo.
Mientras, el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello ha aprovechado su intervención para echar en cara a Junts que cada vez esté «más escorado a posiciones de orden» y que se posiciones de manera que evita las críticas a los grupos económicos que hacen daño a la democracia. «Ustedes siempre del lado de los grandes lobbies», ha lamentado, para luego indicar que desde el partido catalán «exigen solidaridad cuando les atacan los poderes del Estado pero se ponen de lado cuando las víctimas son otras».
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