Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders; Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, y Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo.
Llega a la ONU la denuncia de Prisoners Defenders contra la dictadura cubana por los presos políticos
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03/3/2023 06:48
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Actualizado: 02/3/2023 22:37
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La asociación Prisoners Defenders ha presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un documento con el cual comprueba las condenas hasta la actualidad de 1.077 personas en Cuba por motivos políticos y denuncia como responsable al gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel.
Se trata de una situación que se agravó considerablemente desde el inicio de las protestas del 11 de julio de 2021, en las que las fuerzas policiales cubanas, vestidos de civiles, atacaron y reprimieron a los manifestantes con bates de baseball, varas de hierro y armas de fuego y encarcelando a una cifra hasta ahora desconocida de asistentes.
En la presentación de la denuncia en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, señaló los patrones sistemáticos por los cuales «el sistema violento de la dictadura cubana detiene arbitrariamente a sus propios ciudadanos».
«Las medidas cautelares de prisión preventiva se dan por órdenes de los policías, denominados ‘instructores penales’, sin que llegue a saberlo un juez, y ningún acusado disfruta del derecho a un abogado defensor independiente porque no existe esta figura, todos son funcionarios del Estado, igual que los testigos y peritos», dijo, criticando el uso generalizado de procedimientos penales sumarios y abreviados, sin pruebas ni sentencias y muchas veces en tribunales militares.
La dependencia de los tribunales del poder ejecutivo y el Partido Comunista, al que definió como una «entidad supraconstitucional» en la que se concentraban los poderes estatales sin separación alguna, se sumó a sus acusaciones, al igual que la criminalización de derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación o asociación, la salida o entrada del país y la privacidad.
Otro blanco de su denuncia fueron los tipos delictivos del Código Penal cubano declarados inválidos por diferentes organismos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como los de desórdenes públicos, desobediencia, atentado, sedición, propagación de epidemia, instigación a delinquir (por los que se encarceló a familiares de manifestantes que no habían estado en las marchas) y peligrosidad social predelictiva, esta última con más de 11.000 condenas con penas de 1 a 4 años.
Además, critica el encarcelamiento de cientos de menores bajo un régimen penitenciario de adultos y la tortura de los presos políticos, con testimonios de 101 casos comprobados.
Las posiciones del Parlamento Europeo y el CGAE
Al acto asistieron también Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, que presidieron la presentación junto a Larrondo.
Charanzová destacó la «inmensa labor» en la elaboración de la denuncia durante más de un año, que cubre los dictámenes individuales completos de más de 300 víctimas. «No podemos ser espectadores de esta tragedia», declaró.
«Solo en el contexto de las protestas del 11 de julio se violaron 13 derechos humanos», dijo. «Desde el Parlamento Europeo hemos condenado estos crímenes y expresado nuestra solidaridad con el pueblo cubano; hemos escuchado y seguiremos escuchando, exigiremos garantías para la libertad de prensa, de manifestación y asociación, y no vamos a parar hasta que Cuba conozca un gobierno democrático».
Por su lado, Imbroda puso en relieve «la precisión, el rigor y la exactitud jurídica» de la denuncia al describir «las violaciones sistemáticas de derechos humanos de la dictadura cubana, que encarcela y tortura al que disiente y pide libertad».
Como ejemplos señaló varias sentencias de las incluidas en el informe que invitaban a tomar en cuenta como agravantes en los juicios «el gusto por beber alcohol, expresiones contra el proceso revolucionario, relaciones con personas de malaconducta y con antecedentes penales y la falta de participación en las actividades convocadas en masa».
Así, Imbroda recalcó que «es imprescindible un estado de derecho, con las garantías procesales debidas y jueces, fiscales, peritos y abogados independientes, con derecho a la defensa y sometimiento del ciudadano a la ley, sin impunidad».
También participaron telemáticamente en la sesión Fernando Almeyda, coordinador legal internacional de Prisoners Defenders; Giulio Terzi Di Sant’Agata, senador de la República Italiana; Javier Nart, Miembro del Parlamento Europeo, y Antonio Ledezma, abogado, escritor y político venezolano.
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