El Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los miembros del Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por un presunto delito contra la Administración pública según el artículo 449 del Código Penal.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Confilegal, la huelga de los LAJ ha dado lugar a una «prevaricación» al atentar estos contra el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, dejando a los ciudadanos en «una clara, manifiesta y patente indefensión». En este sentido, el colectivo afirma que debe prevalecer el susodicho derecho al ponderarlo contra el derecho de huelga de los trabajadores.
En el documento se enumeran como consecuencias de la huelga la suspensión de unos 300.000 juicios (unos 10.000 al día, según calculan), 350.000 demandas pendientes de reparto, mil millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados y un número indefinido de pensiones alimenticias sin pagar.
Por ello, desde Manos Limpias critican que los servicios mínimos establecidos durante la huelga «no han garantizado los servicios esenciales de la Administración de Justicia», contradiciendo las afirmaciones de los huelguistas en cuanto a lo que evalúa como un perjuicio económico en la celebración de bodas, divorcios, desahucios, devolución de fianzas, entre otros casos.
Además, han publicado una carta dirigida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, denunciando también «el uso abusivo y permanente de la huelga» de los LAJ y señalando que que «se tenía que haber llegado ya a un acuerdo para evitar esta situación, que afecta no solo a derechos fundamentales (…), sino también perjuicios económicos a los afectados y al funcionamiento normal de la Justicia», así como «un desprestigio mayor» a la Administración.
