Así aparece reflejado en el Boletín Oficial del Estado. La salida de Francisco Javier Arroyo Fiestas deja a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con 8 miembros de una plantilla de 10, ahondando la crisis provocada por el Parlamento, al modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en marzo de 2021, de limitar las competencias para que un Consejo General del Poder Judicial en funciones, como el actual, pueda hacer ningún nombramiento.
Antes de la actual situación, la Sala de lo Civil del Supremo tardaba 1 año en decidir la admisión de los recursos de casación que se presentaban y 2 años en resolver.
En la actualidad, el tiempo para decidir la admisión se ha elevado a 2 años y medio. Y a 3 años para dictar sentencia.
Arroyo Fiestas es el segundo magistrado de esta Sala del Supremo que se jubila antes de su tiempo, con 67 años, cinco años antes de tener que dejar obligatoriamente la carrera. Podría haber estado hasta los 72.
El anterior fue Antonio Salas Carceller, que siguió este camino el 3 de noviembre de 2020, también con 67 años.
La mayor carga de trabajo, los reveses sufridos por el Supremo a cuenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y un ambiente solitario son algunos de los factores que podrían haber incidido en su decisión de abandonar la carrera tras más de 43 años de servicio activo.
Arroyo Fiestas fue nombrado magistrado del Supremo en julio de 2011, hace 11 años y 8 meses. Fue coautor del voto particular sobre el IRPH, junto con Francisco Javier Orduña Moreno, que dimitió como magistrado de esa Sala en julio de 2019 con 59 años, en sentencia 669/2017 de 14 de diciembre del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que después fue corregida por el TJUE en la dirección que ambos señalaron.
El magistrado jubilado, o emérito, como se dice ahora, ingresó en la Carrera Judicial en 1979 y fue juez de Primera Instancia e Instrucción en Amurrio (Álava) y Baza (Granada). En 1983 ascendió a magistrado y sirvió en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Albacete.
En 1985 fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, donde ejerció en secciones penales y civiles y de la que fue nombrado presidente en 2002. Ese año fue ascendido a magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
