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¿Ciudadanos o héroes? Para la defensa del interés público
Beltrán Gambier, abogado, director de la revista Intramuros y escritor, reflexiona sobre la necesidad de que haya una sociedad civil fuerte. Foto: Yanmag.
19/3/2023 06:48
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Actualizado: 21/3/2023 08:08
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Asistimos a tiempos fundacionales en lo que se refiere al fortalecimiento de una Sociedad Civil más activa en el control del obrar de las Administraciones que requiere de una reformulación de la posición de quien ejerce el poder reaccional en temas de interés público; o, más bien, de lograr una protección de esos protagonistas para evitar claudicaciones.
Veamos.
Que el legislador promueva -como ocurre en la actualidad- la actividad de los ciudadanos y de las organizaciones con fines de interés público en determinados temas tales como el urbanismo, el medio ambiente, la protección del patrimonio cultural, supone una valoración concreta y positiva en el sentido de que darles “legitimación” para defender esas legalidades ayuda a todos, ayuda al interés general y público.
En otras palabras, el Estado articula unos mecanismos procesales legales a través de la regulación de acciones públicas que redundan en beneficio de la preservación de la legalidad vinculada con esas áreas (urbanismo, medio ambiente, patrimonio cultural, costas, etc.).
Pero con ello no basta, tiene que haber, además, ciudadanos comprometidos con esos valores. No hay muchos, pero los hay.
Están los que actúan a título individual y los que lo hacen en el marco de organizaciones no gubernamentales.
Se van incluyendo nuevos valores a preservar: la transparencia vinculada con el derecho a la información y, por qué no, la defensa de la pura legalidad. Estoy convencido de que es tan valioso preservar la legalidad urbanística como la legalidad de un concurso público.
Hace falta todavía más: tiempos fundacionales
En este sentido, no dudo en insistir que asistimos a tiempos fundacionales en lo que se refiere al rol del ciudadano y al fortalecimiento de una Sociedad Civil más activa en el control del obrar administrativo que supone, en definitiva y muchas veces, una suerte de control de cómo se gastan los dineros de todos, de los dineros públicos.
Así, las organizaciones van presionando sobre la necesidad de conocer más y más las informaciones de interés público. La transparencia es un antídoto contra la corrupción. Pero vigilan, también otras áreas; por ejemplo, cómo se eligen los funcionarios de la más alta jerarquía evitando componendas entre los partidos políticos. Este sería un ejemplo de defensa de la legalidad.
El fortalecimiento de la Sociedad Civil intranquiliza a los políticos
Esto, naturalmente, no gusta a la mayoría de los políticos.
Sin embargo, poco deben hacer ellos para detener este progreso del civismo, progreso cívico.
¿Por qué?
Porque las intenciones de muchos ciudadanos y organizaciones con vocación de defensa del interés público sucumben ante un sistema que por un lado proclama una cosa (la necesidad de defender la legalidad ambiental, por ejemplo), pero luego tritura esas nobles intenciones con varios óbices que anidan escondidos en la legislación procesal ordinaria y en la jurisprudencia.
¿Ciudadanos o héroes? La solución
En la actualidad, y no me refiero a un país en especial, si un ciudadano logra sortear las barreras de la legitimación, enfrenta al menos dos peligros muy concretos. Uno es el riesgo de una condena en costas y el otro es no poder sortear la valla de una contracautela de altísimo valor económico (para un ciudadano o una ONG) necesaria para hacer efectiva una medida cautelar.
Esto requiere una urgente reflexión del legislador. No se va a resolver con una nueva jurisprudencia.
No se puede promover, como dije al principio, que el ciudadano y/o las organizaciones no gubernamentales obren en defensa de una vulnerada legalidad de interés público y luego resulte que, a modo de “sacrificio especial”, tengan que cargar con las costas si se pierde.
En efecto, ya sabemos que casi siempre estamos en el terreno de los litigios estratégicos que muchas veces suponen el planteo de posiciones muy innovadoras y progresistas en términos cívicos.
Los ciudadanos y las organizaciones que se implican en la defensa del interés público no pueden terminar pagando, como está ocurriendo, los honorarios de los Abogados del Estado.
En cuanto a las inasumibles contracautelas (es una exigencia de la ley procesal de una garantía de tipo económico que pueda resarcir un eventual perjuicio de la medida cautelar pedida) que pueden dejar en nada la tutela judicial efectiva, el Estado debería generar una solución a través de, por ejemplo, la creación de un fondo especial administrado de manera independiente del poder político con una clara vocación de interés público; se trata de un esfuerzo, el dar garantía suficiente, que no puede recaer en el ciudadano u organización no gubernamental.
Son ideas, nada más, para promover el debate.
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