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Cartas desde Escocia: La esencia de la prevaricación es el despotismo

Cartas desde Escocia: La esencia de la prevaricación es el despotismo
Mario Conde analiza, en su columna la naturaleza de la prevaricación judicial, cuya esencia es la arbitrariedad.
27/3/2023 06:48
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Actualizado: 26/3/2023 21:27
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En mi artículo anterior conectaba la seguridad jurídica real con la calidad de las sentencias dictadas desde juzgados y tribunales. Ciertamente ese concepto, la calidad de las sentencias, no monopoliza el atributo sustancial de la seguridad jurídica, pero es sencillamente determinante.

Si, como apuntaba, en un sistema judicial cualquiera, los jueces, encargados de ajustar la hipótesis normativa a la vida, esto es, a convertir lo justo legal en justo real, se dejan arrastrar por contaminaciones de cualquier tipo, sean de naturaleza financiera, económica, política o de meras ambiciones o fobias personales, la seguridad jurídica real sencillamente desaparece.

No sé si somos conscientes de la enorme gravedad de un comportamiento judicial —incluyo al ministerio Fiscal— de semejante espurio porte.

A propósito de ese articulo mío, un ilustre letrado, profesor de derecho en una facultad española, me escribía estas palabras: ”El Juez no hace sino actuar por delegación el poder de soberanía del Estado. Si lo emplea torcidamente y dolosamente para su beneficio o el de terceros equivale al empleo torcido o delictivo del poder del Soberano; es decir, actuar como un tirano. La esencia de la prevaricación es el despotismo, no la arbitrariedad, que es accesoria. La arbitrariedad sin poder no es nada”.

Son duras palabras, sin duda, pero no exageradas.

Comprender que ”la arbitrariedad sin poder no es nada” es la llave de entendimiento. La violación del mandato, del poder recibido de la Comunidad, es un delito de gigantesca gravedad.

La cuestión es: ¿como es posible el enorme desajuste entre gravedad delictiva y gravedad de la pena impuesta? Porque ese desajuste es tan real como incomprensible. Algo de semejante gravedad no puede ser sancionado meramente con una pena de inhabilitación.

Siento decirlo de esta manera, pero ese mecanismo punitivo en exclusiva es una puerta abierta a la prevaricación dolosa o culposa porque la inanidad real de la pena provoca una cierta conciencia de impunidad material real.

No son pocos los años que llevo sosteniendo que ese delito debe estar sancionado con penas de prisión y de manera suficientemente rigurosa porque en ello nos va, ni mas ni menos, que la seguridad jurídica.

Pensemos. Hemos entregado el poder a un grupo de personas, jueces y fiscales, y en ellos hemos depositado la protección de nuestra libertad, dignidad y hacienda. Y para lograr esa protección les hemos atribuido poderes realmente exorbitantes: una simple firma de una de esas personas en un papel de la Administración de Justicia puede causar daños irreparables en nuestra libertad, en nuestra hacienda, en nuestra imagen. Una simple firma puede destrozar una familia con irreparabilidad real del daño causado.

Es asunto extremadamente serio. Y a esa seriedad de fondo le debe corresponder la gravedad punitiva consecuente.

¿CREEMOS QUE TENEMOS SEGURIDAD JURÍDICA REAL?

No sucede así en España. Ni en el ámbito penal —relación crimen/castigo— ni en el propio del resarcimiento del daño por parte del Estado. En ambos casos nos encontramos muy lejos de lo que debería ser razonable y en consecuencia nos alejamos sensiblemente de la seguridad jurídica real.

Desgraciadamente no teorizo sobre la materia sino ejemplifico con los daños causados sobre mi vida y la de mi familia

Mientras violaciones de la libertad, de la dignidad, de la hacienda, se puedan producirse sin reacción punitiva consecuente, o con una reacción, en el mejor de los casos, que materialmente sea muy escasa y procesalmente tenga que atravesar el duro tejido del corporativismo mal entendido, y si, adicionalmente, el Estado no asume su obligación de proteger verdaderamente los daños causados por su sistema judicial, si hablamos de seguridad jurídica real estaremos haciendo literatura, pero poco mas.

Mientras paseaba por la New Town, frente al monumento a Sir Walter Scott, me preguntaba si los españoles seremos o no sensibles a este asunto crucial en nuestras vidas.

La pregunta es muy clara: ¿Creemos que tenemos seguridad jurídica real? La puedo formular de manera mas directa, pero con idéntico significado: ¿creemos estar adecuadamente protegidos por nuestro sistema judicial?

Un informe de Eurotstat debería provocarnos preocupación. La pregunta es: ¿cree la gente que su sistema judicial es realmente independiente? 

Los datos se expresan en tantos por ciento del total de la población referenciada. Pues bien, en la Unión Europea el 53 por ciento proporciona una respuesta positiva, lo que contrasta con países como Dinamarca y Austria que superan el listón del 80 por ciento o incluso de Luxemburgo que sobrepasa el 70 por ciento. Frente a ellos la Unión Europea en su conjunto apenas si supera la mayoría absoluta, como se suele decir.

Gráfico del informe Eurostat al que se refiere el autor en su columna.

¿Que países son los que provocan el descenso de esa media? Lamentablemente, aparte de Bulgaria, Croacia y Polonia —a la cola en este ranking— dos miembros importantes de esa Unión Europea arrojan cifras demoledoras, Italia y España.

Solo el 37 por ciento de los italianos creen en su sistema judicial y únicamente el 38 por ciento de los españoles consideran al suyo, esto es, el nuestro, como un sistema independiente.

Demoledor

Si solo el 38 por ciento de los españoles consideran que viven en un país en el que el modelo judicial se rige por criterios de independencia real ,eso quiere decir, leído desde el otro costado, que el 72 por ciento de los españoles desconfían de su sistema judicial, es decir, desconfían de tener una adecuada protección de sus libertades, dignidades y haciendas. Me resulta sencillamente demoledor.

No sé si es que mi lectura de los datos es equivocada, pero no me lo parece, sinceramente. Ojalá lo fuera.

No nos olvidemos que los sistemas políticos colapsan no por la arbitrariedad de sus clases política, sino por la contaminación venenosas profunda de su sistema judicial.

Debería alarmarnos mucho la cifra transcrita por lo que implica de desconfianza real en nuestro modelo de vida.

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