Daniel Sánchez Bernal denuncia que la huelga de LAJs ha provocado «consecuencias desastrosas» en la Justicia
Destaca que con esta huelga "quienes han salido perjudicados han sido los justiciables, sus abogados y procuradores" y afirma que debe establecerse un sistema escalonado de notificaciones "para evitar vulnerar el derecho de defensa de la ciudadanía", y han de evitarse medidas que en el pasado se han mostrado "ineficaces e inútiles" como la habilitación de periodos inhábiles. 

Daniel Sánchez Bernal denuncia que la huelga de LAJs ha provocado «consecuencias desastrosas» en la Justicia

Reclama un plan de choque urgente frente a la justicia tardía, "agravada por esta huelga", en el que se contemplen medidas para proteger la salud mental de los operadores jurídicos
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29/3/2023 06:48
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Actualizado: 29/3/2023 07:48
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El abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, quien lucha contra los juicios tardíos, denuncia que la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs, antes denominados secretarios judiciales) ha provocado «consecuencias desastrosas» en la Justicia, y reclama que «de inmediato» se haga un plan de choque que sea «eficaz, ágil y conciliador».

«La situación que sufrimos de justicia tardía se verá agravada tras esta huelga, y el retraso va a ser monumental, en mayúsculas», afirma este letrado. «Un representante del Comité de Huelga de los LAJs ha augurado que como mínimo hasta dentro de un año no se va a recuperar el atraso causado por esta huelga», agrega.

Sánchez Bernal denuncia que esta huelga, que ha durado 10 semanas, ha generado «graves perjuicios a decenas de miles de personas, en su derecho a la tutela judicial efectiva«. En concreto, ha supuesto la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones, según informaron ayer las asociaciones de LAJs -CNLAJ, UPSJ y Ainlaj- en un comunicado conjunto. 

Frente a esta situación, este abogado reclama reactivar con la mayor celeridad este «servicio público, esencial para la ciudadanía».

Pide que en dicho plan de choque participen el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), las Comunidades Autónomas con competencia transferidas, la Abogacía y la Procura, y que su despliegue sea «inmediato, para recuperar cuanto antes los plazos de resolución previos a la huelga».

Además, señala que es necesario que contemple «medidas para proteger la salud mental de los operadores jurídicos».

Sánchez Bernal está «completamente de acuerdo» con el llamamiento del CGAE de que debe establecerse un sistema escalonado de notificaciones «para evitar vulnerar el derecho de defensa de la ciudadanía», y en que han de evitarse medidas que en el pasado se han mostrado «absolutamente ineficaces e inútiles» como la habilitación de periodos inhábiles. 

LOS CIUDADANOS, LOS ABOGADOS Y LOS PROCURADORES, LOS GRANDES PERJUDICADOS

Este letrado destaca que con la huelga «quienes han salido perjudicados han sido los justiciables, sus abogados y procuradores». Y espera que «la solución para evitar mayores perjuicios por la huelga de los LAJs no se traduzca en habilitar las tardes, sábados y domingos o la Semana Santa», ya que difícilmente podrían conciliar la vida laboral y familiar.

No obstante, mucho se teme que esa sea la solución que acuerden.

Daniel Sánchez Bernal denuncia que durante la huelga «no se han aplicado criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos con antelación suficiente y, por tanto, no inferior a 48 horas». 

Un «atropello jurídico» que, según informa, le ha ocurrido, por ejemplo, a otro abogado de Sevilla, amigo suyo, al que le suspendieron un juicio en Motril (Granada) hasta tres veces el mismo día de la vista, por la huelga, y en otra ocasión porque no funcionaba el sistema de grabación».

«El cliente, el abogado y el procurador se tuvieron que desplazar hasta tres ocasiones para nada, y el gasto de los desplazamientos quien lo asume es el propio justiciable», lamenta.

También critica la «falta de empatía» de algunos LAJs hacia los abogados. En este sentido, alude el caso de un letrado que solicitó la suspensión de una vista en Zaragoza porque tenía otra en Logroño y el LAJ le contestó que son 140 kilómetros y que le da tiempo».

«Como informó Confilegal, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Egea de los Caballeros (Zaragoza) ha fijado a este compañero para el 8 de mayo, a las 12:00, una audiencia previa, y ese día ya tiene otra en Logroño, a las 9:30 de la mañana. Por regla general jamás las vistas empiezan a su hora. ¿Acaso los abogados tenemos superpoderes? ¿El don de la ubicuidad?», plantea Sánchez Bernal indignado.

Y reclama «respeto» hacia la abogacía.

«Otro problema agravado por la huelga de los LAJs», según expone, son las tasaciones de costas. «Tras ganar el caso, los clientes solicitan tasación de costas y ya no solamente se han estado demorando por la huelga, sino que para más inri hay casos en los que encima los LAJs han tenido la desfachatez de reducirlas, algo verdaderamente injusto», declara.

También informa de que la huelga ha generado «un retraso monumental en las notificaciones de las resoluciones». Él todavía está a la espera de que se le notifique una sentencia laboral desde noviembre del año pasado, cuando se celebró el juicio. Recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece «un plazo de cinco días para que se dicte sentencia e inmediatamente notificarse a las partes», y en este caso ya han transcurrido cinco meses.

Los letrados también tienen que cumplir escrupulosamente con los plazos fijados en la ley para recurrir las resoluciones -tres días o cinco- o para cualquier otro trámite. 

«¿Se va a inhabilitar la flexibilidad de los plazos para que podamos atenderlos con cierta holgadez? ¿Van a ser implacables a la hora de exigirnos que si nos pasamos un día más, habrá preclusión?», se pregunta.

Y pone el foco en el nivel de estrés, ansiedad y angustia que padecen los abogados. «Auguro que más de uno se dará de baja por estas circunstancias», apunta.

Sobre la situación de la Justicia recuerda que ya se están fijando juicios para marzo de 2027, como le ha ocurrido al letrado Xavier Abat, conocido como ‘El abogado de TikTok’. Abat recurrió el señalamiento y se lo han adelantado a marzo de 2026, para dentro de tres años, y ha vuelto a recurrirlo. Para este recurso y el anterior, ha contado con la ayuda de Daniel Sánchez Bernal.

Así las cosas, este letrado sevillano ya se ha comprado una agenda de 2028, que cree que en breve tendrá que estrenarla, si bien piensa recurrir todos los señalamientos fijados «para más de cinco o seis meses vista». 

«Una persona que haya sido despedida sin obtener su indemnización mínima legal y que tenga cargas familiares, no puede esperar ese tiempo en que se haga justicia porque a lo mejor requiere de ese dinero para sostener a su familia», argumenta.

Además, según explica, «muchos letrados se las están viendo y deseando para salir adelante con la paralización de los asuntos, dado que no cobrarán los casos, en su mayoría, hasta el final del procedimiento». 

Además, señala la situación de «angustia» y «desasosiego» que los justiciables han de sufrir ante estos señalamientos tan lejanos en el tiempo de casos que pueden acarrear incluso la cárcel. Asegura que «algunos caen en tal depresión que se plantean hasta suicidarse», como tiene constancia.

LUCHA CONTRA LA JUSTICIA TARDÍA

Él personalmente ha denunciado la situación de justicia tardía ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que les han dado la razón. 

El Constitucional amparó el pasado mes de octubre a un cliente de este abogado ante un señalamiento fijado a tres años vista. Dictaminó que se ha vulnerado el derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la Constitución).

Ante su queja ante el órgano de gobierno de los jueces por un juicio tardío, señalado en el Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, también fijado a tres años vista, el CGPJ declaró a principios de marzo que un señalamiento a más de dos años vista es excesivo y merma la tutela de los derechos de los ciudadanos. 

También reconoció que semejantes dilaciones suponen «una lamentable imagen de la Administración de Justicia, con la correlativa pérdida de confianza en su funcionamiento y, en algunos casos, un posible gasto adicional para las arcas del Estado».

Además, el CGPJ reiteró en su escrito que es «necesaria e imprescindible» la constitución a nivel nacional de 32 nuevos Juzgados de lo Social, cinco de ellos en Sevilla.

Sin embargo, Sánchez Bernal denuncia que en Andalucía no hay ninguna previsión de que se creen nuevos Juzgados de los Social en Sevilla, «pese a que son los más colapsados de toda España».

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