Imagen de archivo de una manifestación sindical. La principal reivindicación de los sindicatos hace referencia a las retribuciones de los funcionarios, cuyo aumento debe responder a la proporcionalidad de las actuaciones que realizan, según los comunicados de las organizaciones. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La huelga convocada por los sindicatos de Justicia destapa las heridas provocadas por el conflicto de los LAJ
|
11/4/2023 00:45
|
Actualizado: 11/4/2023 11:29
|
Menos de tres semanas después de que finalizara la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los sindicatos Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT) y Confederación Intersindical Galega (CIG) darán inicio a un paro parcial indefinido que se llevará a cabo entre las 10:00 y las 13:00 de los días laborales a partir del próximo 17 de abril.
Los efectos de una y otra movilización dejan en evidencia tensiones sin resolver entre los colectivos, como señalan representantes sindicales. Tensiones que se evidenciaron durante los dos meses de huelga de los LAJ cuando desde algunos sindicatos se denunciaron las actuaciones de LAJ «boicoteando» el trabajo de gestores, tramitadores y auxiliares, en busca de una paralización efectiva de la Administración de Justicia para obtener sus fines. Denuncias que se realizaron ante el Ministerio de Justicia desde donde se abrieron investigaciones.
La principal reivindicación de los sindicatos hace referencia a las retribuciones de los funcionarios, cuyo aumento debe responder a la proporcionalidad de las actuaciones que realizan, según los comunicados de las organizaciones.
«Pedimos la misma cantidad que obtuvieron los LAJ [un incremento de hasta 450 euros brutos mensuales] para todo el personal del subgrupo A1, 400 euros más para el subgrupo A2, 375 euros más para el B y 350 euros más para el C», enumera Luis Calero, secretario general del sector de la Administración de Justicia de CCOO, que espera «una participación masiva» en la huelga.
La comparación con la situación de los LAJ responde a un roce entre estos y los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia sobre el cual discrepan las partes, especialmente respecto a las funciones que realiza cada una y la forma en que los primeros llevaron a cabo la huelga que finalizó con un acuerdo con el Ministerio de Justicia.
«No nos enfrentamos con los LAJ, pero parece que se arrogan la negociación colectiva; algunos compañeros han sido requeridos para que dejen de realizar funciones que ni siquiera les corresponden», dice Calero.
Y añade que «se llevan a cabo las comparecencias debidas sin la presencia de los LAJ cuando declaran los testigos y peritos o en las devoluciones o reingresos de las consignaciones a los juzgados».
«Dan fe pública y acreditan la veracidad de los procesos sin presentarse a la sala de vistas, supliéndolos otra persona», critica.
Es una versión diferente a la que presenta el presidente de la junta ejecutiva del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Ernesto Casado. «Nosotros no delegamos nuestras funciones, que están perfectamente definidas, además de que es algo prohibido», asegura.
Apunta que «los funcionarios llegaron a un acuerdo sindical en el 2021» y que «si quieren una revisión que les afecte, no tiene que ver con el acuerdo al que [llegaron] con el Ministerio de Justicia después de la huelga». «Nosotros impugnamos el acuerdo e hicimos nuestras reclamaciones al margen», indica.
«Respetamos la huelga que convoquen, como no puede ser de otra forma, como una forma legítima de reivindicar las exigencias, pero según la Ley Orgánica del Poder Judicial, nosotros asumimos la dirección procesal, la firma de las resoluciones y la responsabilidad por estas», señala Xuan Xosé Yáñez, miembro del Secretariado ejecutivo de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).
En este sentido, manifiesta que los sindicatos «no han defendido a los cuerpos generales» de una manera satisfactoria hasta ahora, extendiendo esta reclamación a lo que sienten desde las asociaciones de LAJ, aunque les desean «lo mejor en sus reivindicaciones».
La «responsabilidad» del Ministerio de Justicia
Por otro lado, Javier Jordán, presidente nacional de Justicia de CSIF, defiende que «no hay un cuerpo más importante o más esencial que los otros», y que «se debe reconocer el trabajo que haga avanzar los procedimientos».
En su opinión, está frente a «enfrentamientos artificiales por intereses corporativos que hacen daño a las oficinas judiciales».
«La Justicia debe clarificar y redefinir las funciones y retribuciones de los procedimientos, puestas de relieve por la huelga de los LAJ, cuya ausencia no impide que se cumplan», afirma, haciendo referencia a «las funciones de tramitación y gestión de procedimientos para el avance formal que hacen los cuerpos generales y firman otros, a veces con un botón de firma masiva».
Sin embargo, destaca que los LAJ «son compañeros [de los funcionarios] en la Administración» y señala a las asociaciones de LAJ, «que han dicho cosas que crean conflicto y hacen surgir recelos y quejas», y al Ministerio de Justicia, «que no ha hecho una contrapropuesta a la de los sindicatos sobre la parte económica» de sus exigencias. «Si no nos sentamos a negociar, dejan abierto el conflicto que alterará las funciones de la Justicia, algo que nadie quiere pero que es nuestra única salida», dice.
Calero coincide en señalar la responsabilidad del Ministerio dirigido por Pilar Llop, ya que «no ha convocado una reunión para impedir la huelga y discutir nuestras reivindicaciones ni para negociar los servicios mínimos y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como sí lo han hecho desde Aragón, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Asturias».
Una crítica similar a la que emitían desde principios de año el Comité de Huelga de los LAJ.
Retrasos «aún más graves»
Sobre el retraso en los señalamientos y vistas causado por dos meses de huelga, Calero resalta que la Administración «procura recuperar para ponerse al día», pero que desde el sindicato fomentarán «que los trabajadores del resto de los cuerpos no formen parte de estos planes de choque para que no se lleven a cabo a costa de ellos». «El retraso será responsabilidad del Ministerio», declara.
Este retraso podría tener «efectos incluso más graves que los de la huelga anterior, en opinión del responsable de Defensa de la Abogacía de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, Javier Mata. «Desde que se levantó la huelga de los LAJ, se han dictado y notificado numerosas resoluciones porque ya estaban preparadas, pero sin firmar; pero en este paro, los tramitadores no van a escribir las resoluciones».
Un problema particular que señala es la dependencia de los tramitadores de las Comunidades Autónomas (12 de las 17 tienen las competencias transferidas), que tendrán que enfrentar la posible subida salarial en lugar del Ministerio de Justicia.
Además, Mata afirma que este paro podría ser «incluso más largo gracias al apoyo de los sindicatos mayoritarios que pueden formar una caja de resistencia que complemente los salarios que pudieran perderse», incluso con la modalidad parcial de la huelga.
«El resultado obtenido por los LAJ ha hecho un efecto llamada para los cuerpos generales e incluso los jueces para discutir un aumento de las retribuciones», concluye.
Noticias Relacionadas:
