Plantea reformar las leyes para que se pueda echar a los 'okupas' en menos de 24 horas.
Daniel Sirera (PP): “Tener una alcaldesa que fue ‘okupa’ y que defiende a los ‘okupas’ ha convertido a Barcelona en un paraíso antisistema”
Daniel Sirera, líder del PP en Barcelona, explica en Confilegal las medidas de su partido contra el problema de la 'okupación'
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20/4/2023 06:48
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Actualizado: 20/4/2023 08:22
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“Tener una alcaldesa que fue ‘okupa’ y que defiende a los ‘okupas’ ha convertido a Barcelona en un paraíso antisistema». Así lo denuncia en Confilegal Daniel Sirera Bellés, líder del PP en Barcelona.
«Ada Colau era ‘okupa’. Hay un vídeo, que está colgado en Internet, en el que sale ocupando una vivienda de Barcelona. Y la primera teniente de alcalde de Colau, Janet Sanz, publicó en Instagram hace unos años una camiseta con el lema «No volem caritat, volem okupació» («No queremos caridad, queremos okupación»)», agrega.
Sirera destaca que «el Ayuntamiento de Barcelona se ha convertido en un Consistorio amigable para ‘okupas'» y «casi la mitad de las ocupaciones que se producen en toda España ocurren en Cataluña y la mayoría de ellas, casi el 90%, en Barcelona». El año pasado se produjeron en Cataluña 7.005 casos de ocupación ilegal, que ha crecido en esta comunidad autónoma un 77% en los últimos siete años.
Según explica, «cuando en Barcelona se construye vivienda social, pisos de protección oficial, si antes de darlo a quien le toca por turno, de entregarle las llaves, lo ocupan, los delincuentes ya tienen derecho a quedarse». «Eso es una auténtica salvajada, porque de alguna manera se está transmitiendo el mensaje de que incumplir la ley, te da beneficios», lamenta Sirera.
Asegura que las «cesiones» del Ayuntamiento de Barcelona con el movimiento ‘okupa’ vienen de lejos. «En 2014, a Xavier Trias le faltó firmeza para desalojar Can Vies y 9 años después ahí siguen porque hoy, con Ada Colau, todo sigue igual o peor. De hecho, se permite y se tolera que la gente que incumple la ley y que ‘okupa’ ilegalmente viviendas tenga más derechos que los ciudadanos que cumplen con la ley”, manifiesta Sirera, que también es abogado, especializado sobre todo en Derecho penal e inmobiliario.
Daniel Sirera era socio del despacho VO Abogados, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), y estaba adscrito al turno de oficio. El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) le concedió en 1996 la medalla al honor por su labor en este servicio que facilita a personas en situación de vulnerabilidad el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva.
Ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña desde 1995 a 2010 y de junio 2007 a julio de 2008 presidente del PP en Cataluña.
Considera “una canallada que haya decenas de familias que cumplen la ley y se apuntan a la bolsa de emergencia social para poder acceder a una vivienda» y «sin embargo, Colau y Collboni premien con un piso a quien da la patada en la puerta”.
En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento de Barcelona acordó con la Sared la «regularización» de varios pisos de ésta que habían sido ocupados ilegalmente “permitiendo a los ‘okupas’ permanecer en los inmuebles, sin respetar a las familias que respetan los cauces legales para poder acceder a una vivienda de emergencia social”.
Sirera explica que «cuando el tema empezó a ser preocupante fue con Trias como alcalde». «En 2014 fue ocupado un edificio municipal llamado Can Vies, y Trias, en lugar de desalojarlos, aceptó que estuvieran ocupando ese inmueble, incluso les pagó los suministros. Y todavía sigue ‘okupado’. El edificio se tenía que derribar para conectar, a través de una rampa rambla que hay por encima y no se ha hecho por los ocupas», denuncia.
También se muestra «muy preocupado» por la «pasividad» del Ayuntamiento de Barcelona ante el robo de vallas municipales por parte de los ‘okupas’ de ‘El Kubo’, que utilizaron en todo el perímetro de la finca «sin que la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra actuaran».
«A mediados de marzo tenían que ser desalojados los ‘okupas’ de el ‘Kubo’, como lo sabían, lo que hicieron fue robar vayas municipales y soldarlas entre ellas para hacer una especie de barricada y así impedir el acceso de la Policía. Mientras hacían eso, la Guardia Urbana no actuó. Tenían órdenes de no actuar. Con esto, ya no solamente están ocupando ilegalmente un edificio, sino que, además, están robando y utilizando material público ante la absoluta pasividad del Ayuntamiento que les tolera y les permite que puedan hacer ese tipo de cosas», expone Daniel Sirera.
Y subraya que «no podemos tolerar que sean los ‘okupas’ los que manden, o los que decidan qué ha de hacer la Policía y qué no”.
También considera «un fracaso» las políticas de vivienda llevadas a cabo por Collboni y Colau, dado que la regidora «se presentó prometiendo la construcción de 4.000 viviendas sociales por mandato, un total de 8.000, y actualmente solo se dispone de 1.400 viviendas de este tipo». Y advierte del aumento de los alquileres en la Ciudad Condal en un 42% en los últimos ocho años.
Sirera reclama a Colau (Barcelona en Comú) y a Jaume Collboni (PSC), como líder del partido que también gobierna Barcelona desde hace ocho años, que actúen «inmediatamente» para «restablecer la legalidad». «Desde el Ayuntamiento se tienen que aplicar políticas que dejen claro a los delincuentes que en Barcelona no van a poder campar a sus anchas con total impunidad y que sobre ellos caerá todo el peso de la ley».
LAS MEDIDAS QUE PLANTEA EL PP PARA COMBATIR ESTA LACRA
Para combatir el problema de la ‘okupación’, que «atenta contra el derecho a la propiedad privada, afecta gravemente a la convivencia vecinal y pone en grave peligro la seguridad de las personas y sus bienes», el PP plantea «reformar las leyes para que se pueda echar a los ‘okupas’ en menos de 24 horas».
A nivel municipal y comunidad autónoma reclama a los dirigentes «que cambien la actitud y sean contundentes para que la propiedad privada se respete y se haga cumplir la ley».
«Cuando yo sea alcalde, los ‘okupas’ no podrán empadronarse en esos inmuebles ocupados y crearé una oficina de apoyo a los propietarios que han sufrido esas ‘okupaciones'», declara.
También quiere eliminar la limitación de los alquileres, “ya que se ha demostrado que provoca el efecto contrario en las ciudades europeas en las que se ha aplicado porque intervenir va en contra del mercado”, agilizar la rehabilitación de viviendas, facilitar la transformación de bajos comerciales en desuso para convertirlos en viviendas y reducir los plazos tanto en la concesión de licencias como en los procedimientos de gestión urbanística.
A nivel nacional, el partido ha presentado unas cuantas iniciativas para luchar contra esta lacra, «pero el Gobierno con sus apoyos, las tumba», critica Daniel Sirera. Según asegura, «la ‘okupación’ se ha disparado en España un 46% desde que Sánchez está en el poder».
Sostiene que la «legislación actual contra la ocupación ilegal es insuficiente, por lo que el problema no sólo no se ha resuelto, sino que sigue creciendo alimentado por mafias organizadas».
«Las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social nada tienen que ver con esta cuestión», subraya.
Daniel Sirera recuerda que el pasado mes de agosto, el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, «muy parecida a las presentadas en 2019 y 2020», informa.
La toma en consideración se debatió en el Pleno del Congreso el 29 de noviembre, y fue «rechazada por PSOE, Podemos y sus socios», relata.
En esa iniciativa el PP definió qué es la ocupación ilegal, la tenencia o disfrute de un inmueble ajeno. A este respecto, el líder del partido de Barcelona señala que un inmueble ‘okupado’ no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler».
El PP advierte de la «necesidad» de llevar a cabo las medidas que promovía en esa Proposición de Ley Orgánica para poder combatir este problema, entre ellas «que como se puedan desalojar las viviendas ‘okupadas’ en un plazo máximo de 24 horas» y que «el procedimiento se inicie con el desalojo, sin perjuicio de ejercer las acciones legales que procedan», así como reforzar el delito de usurpación con penas de hasta tres años de cárcel, penalizar expresamente a las mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas, y dar potestad a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación y poder acudir a las autoridades, cuando en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres.
Asimismo, insta a considerar nula la inscripción del ‘okupa’ en el padrón municipal, a devolver a los propietarios el IBI y el impuesto de Patrimonio que hubiera sido abonado en el periodo que dure la ‘okupación’, y que se mantiene la consideración de residencia habitual del propietario, de forma que la ‘okupación’ no le conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiese.
Según informa, ve muy acertadas las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet para facilitar a los jueces la intervención urgente.
Este magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es uno de los grandes expertos en la materia, ha destacado en una reciente entrevista en Confilegal que en la ocupación, «lo más importante es la intervención urgente policial y judicial para recuperar la posesión del inmueble».
AFIRMA QUE EL PSOE DEMUESTRA «INCOHERENCIA» ANTE ESTA PROBLEMÁTICA
Daniel Sirera también denuncia que diferentes Reales Decretos-ley del Gobierno han generado «inseguridad jurídica, favoreciendo la problemática de la ‘okupación’, por ejemplo, impidiendo expulsar a los okupas de una vivienda cuando entren sin “intimidación o violencia sobre las personas”.
Y sostiene que el Proyecto de Ley por el derecho a la Vivienda «blanquea la ocupación, pues, por ejemplo, impide los desalojos en determinadas circunstancias no objetivas». En este sentido, recuerda que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto advirtió de que “se carga al propietario –que puede ser persona física igualmente vulnerable—, y no a la Administración, con el costo de mantener la ocupación, normalmente arrendaticia sin pago de renta alguna, es decir ahora en precario, durante un largo período”.
Sirera recuerda que el pasado mes de septiembre, el Grupo Parlamentario Socialista registró sus enmiendas al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios.
«Dos de esas enmiendas fueron presentadas sin el conocimiento de Podemos, según nuestro portavoz de Justicia, Luis Santamaría«,
Una es la número 270, «que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que recoge, entre otras cosas, que en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el Juez o Tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”, relata.
La otra es, añade, la enmienda número 271, que modifica la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y que excluye el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado, dado que es “necesario primar la rapidez del enjuiciamiento y agilizar su resolución, según se señala en la justificación de la enmienda».
Afirma que el PSOE ha demostrado su «incoherencia, una vez más, pues presentó dichas enmiendas después de votar en contra en febrero de 2021 de la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal presentada por el PP en 2020 que, entre otras cuestiones, contenía un plazo para desocupar la vivienda de 12 horas desde el requerimiento de la autoridad pública o sus agentes; y de rechazar, votando en contra, de la Propuesta de Resolución sobre medidas contra la ocupación ilegal, presentada por el PP el pasado julio, donde se instaba al Gobierno a regular un plazo máximo de 24 horas para el desalojo y el desalojo inmediato en caso de delito flagrante».
También pone el foco en que más recientemente, en el Pleno del pasado 2 y 3 de noviembre, el PSOE votó en contra, «ni siquiera enmendó», la moción del PP sobre el aumento de las ocupaciones ilegales, donde se instaba al Gobierno «a tomar medidas como el desalojo en el plazo máximo de 24 horas o la exclusión del delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado».
«Es decir, votó en contra de una medida similar y otra idéntica a las que el propio PSOE había propuesto en las citadas enmiendas», remacha.
Su llamamiento a «Colau, a los socialistas y a todos los partidos que apoyan a estos antisistema», es que «que no puede ser que en este país las personas que cumplan las leyes tengan menos derechos que las que las incumplen».
«Esa forma de actuar tolerante con quienes ocupan inmuebles y hacen cosas de manera ilegal tiene que acabar. Los delincuentes no pueden tener el apoyo de la administración», concluye.
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