Alberto Salas, presidente de la Asociación de Abogados de Víctimas de Responsabilidad Civil (ADEVI), señala que "si bajan los intereses, prácticamente no habría una pena que pagar" por la demora en la indemnización.
Abogados de Víctimas denuncian la propuesta parlamentaria para reducir los intereses de indemnizaciones de seguros
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06/5/2023 06:30
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Actualizado: 08/5/2023 13:14
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La Asociación de Abogados de Víctimas de Responsabilidad Civil (ADEVI) ha expresado su rechazo contra la propuesta de reforma de la Ley de Contrato de Seguro para reducir del 20 % al 8 % los intereses moratorios que se aplican a contratos de seguros a siniestros cuando tardan más de dos años.
La propuesta de los diputados Ferrán Bel Accesi y Genís Boadella Esteve, de PdeCat, el cual forma parte del Grupo Plural, apunta a modificar el artículo 20 de la susodicha ley, que regula que las aseguradoras que sin causa justificada rechacen un siniestro o retrasen la indemnización tengan que abonar intereses de demora que son del 20 % anual a partir del tercer año desde la reclamación.
Según Alberto Salas, presidente de ADEVI, esta disposición aplica únicamente en los casos en los que las compañías de seguros infrinjan la ley y obstaculicen los procedimientos en el momento de indemnizar a las víctimas. De esta manera, cumple una función de disuasión para que los perjudicados «no queden en una situación de indefensión» previniendo la actitud pasiva de las aseguradoras.
«Si bajan los intereses, no habría prácticamente efecto punitivo para las aseguradoras por no pagar en tiempo y forma; la alta subida del índice de precios de consumo (IPC) llevaría a que se tratara de una simple actualización, y perdería su carácter sancionador», explica.
«El artículo 20 castiga a las aseguradoras que no cumplen la ley, pero su modificación «fomentaría que no se cumplieran los plazos razonables», dice, recordando que las aseguradoras «tienen que formular una oferta motivada en el plazo de tres meses desde la reclamación».
«Y si no pueden cuantificar inmediatamente la indemnización, deben ofrecer pago a cuenta y dar una respuesta motivada sobre la reclamación efectuada para que el perjudicado no quede en una situación de penuria económica, como ocurre en muchos casos».
Salas prevé un aumento en la litigiosidad si se aprueba la reforma, ya que «a las aseguradores les saldría más barato incumplir, no tendrían miedo a no pagar por no ser los intereses altos y las víctimas que no recibieran nada tendrían que pleitear».
Situación «absoluta» de antagonismo
El abogado describe una situación de antagonismo «absoluta» entre las aseguradoras y las víctimas a las que tiene que indemnizar. Uno de los mayores alicientes para estas, como lo sería la rebaja de intereses, es que las víctimas preferirían cerrar acuerdos a la baja en lugar de esperar años cuando el interés a percibir es muy escaso.
«Muchos son autónomos que pierden sus ingresos por tener, por ejemplo, las piernas escayoladas, yy cerrarían acuerdos en cuantías bajas porque necesitarían el dinero en ese momento y los intereses de esa propuesta haría que a las compañías no les importase esperar para pagar, pues perderían su efecto punitivo», dice Salas.
Asimismo, asegura que «hay un gran conflicto al intentar valorar las lesiones en el juzgado, puesto que se utilizan en el baremo de tráfico horquillas valorativas de lesiones que pueden estar, por ejemplo, entre 1 y 8 puntos de secuela, y es ahí donde surge el conflicto, en determinar qué valoración es la correcta en función de la afectación física o psicológica de la víctima; las aseguradoras no buscan resarcir los daños y perjuicios de una forma justa e intentan pagar lo mínimo».
Los pagos dirigidos a la adaptación de la vivienda, el incremento de los costes de movilidad, algunos gastos sanitarios y psicológicos, etcétera, «vienen topados por la ley», en palabras del abogado. «Pero además las compañías ofrecen el mínimo dentro de estas horquillas», aclara.
El discurso público y la difusión de la información también juegan un rol de impacto, un hecho al que apuntan las publicaciones anuales de las compañías sobre los supuestos fraudes a las aseguradoras, algo que Salas llama una especie de «estrategia empresarial de concienciación social». «Es una estrategia que pretende que el problema parezca mayor de lo que es, las asociaciones de abogados y ciudadanos deberían saltar ante esto», ilustra el abogado.
Apunta que «a principios de año es muy común que determinados medios indiquen a varias provincias como la primera de España en fraude, es decir, todas ellas con las primeras en el ranking nacional, dependiendo de la provincia del medio, pero es claro que todas no pueden ser la primera provincia en fraude; esto es un hecho muy ilustrativo de la estrategia del sector asegurador, crear una conciencia social errónea sobre el supuesto fraude al seguro».
«Desconozco si hay un motivo evidente o que conste documentalmente, pero puede haber motivos subrepticios detrás de esta propuesta, ya que la misma únicamente favorece y beneficia a las aseguradoras», reclama.
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