La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto dictado el pasado 20 de abril por el magistrado Manuel García Castellón al entender que excluye “sin valoración alguna” varios hechos investigados en relación con los delitos contra la Hacienda Pública del caso Vitaldent.
El auto dejó a un paso del banquillo de los acusados al expresidente de Vitaldent Ernesto Ramón Colman y a otras 50 personas por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.
Los fiscales del caso, Tomás Herranz y José Grinda, señalan en su recurso que la resolución judicial omite el resultado de la pericial realizada por la Agencia Tributaria de noviembre de 2020 que acreditaría que hubo defraudación en varios ejercicios relativos al impuesto de sociedades y al IVA.
En concreto mencionan, respecto al impuesto de sociedades, que se defraudó entre 2013 y 2014 cerca de 5,7 millones de euros, y en el IVA la cantidad ascendió a más de 1 millón de euros entre 2013 y 2015 según varios informes de la Agencia Tributaria.
A esto suma que también puede haber un delito contable según se deduce de lo investigado.
García Castellón ponía el foco en la «estructura societaria y de franquicias creada por Colman» que habría dado «lugar a un modelo abusivo que buscaría el enriquecimiento de la organización a través de diferentes vías».
«Conclusiones descontextualizadas»
Lamentan que el Juzgado en su auto llegue a conclusiones «descontextualizadas» y apunta que el error puede venir de que en su resolución el juez afirma que los peritos «emitieron informe a modo de conclusión final con fecha 12 de marzo de 2021» cuando en realidad no era así, y los diferentes informes entregados a lo largo de la investigación analizaban asuntos diferentes que no refutaban los anteriores.
Anticorrupción apunta además que sobre el delito contra la Hacienda Pública existen varios elementos incriminatorios como es la existencia de cobros mensuales en ‘b’ por importes que oscilan entre los 10.000 a 12.000 euros mensuales por cada una de las clínicas propias; los pagos en ‘b’ por franquiciados de confianza; o las vigilancias e interceptación de franquiciados que se desplazaban a Madrid con la finalidad de abonar el canon en ‘b’.
También incluye la facturación sin IVA, la doble contabilidad realizada ‘ad hoc’ con la finalidad de cuadrar sus declaraciones fiscales y las tablas confeccionadas por el ex director financiero que contenían esa doble contabilidad de las clínicas.
