Salvador Viada Bardají, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y vocal de la asociación en el Consejo Fiscal, analiza en Confilegal la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de proponer a su predecesora inmediata, Dolores Delgado, como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra de la mayoría del Consejo Fiscal.
Unas funciones que Delgado venía ejerciendo de forma interina por orden también del fiscal general.
El Pleno del pasado jueves, en el que se propuso, venía precedido de una fuerte polémica por la decisión de García Ortiz de adelantarlo del 19 al 8 de junio para garantizar que los nombramientos propuestos se materializaran pese al adelanto electoral al 23 de julio.
Al fiscal general del Estado no le vincula el parecer del Consejo Fiscal en materia de nombramientos discrecionales, ya que actúa como órgano consultivo, sin perjuicio de la explicación que pueda ofrecer cuando se separe del parecer mayoritario del mismo.
¿Cómo acoge la propuesta del nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Histórica?
Esta propuesta de nombramiento la tenemos que enfocar con la preocupación de que no se ha hecho a través del procedimiento establecido, puesto que el fiscal general del Estado evitó que se realizara un trámite, que yo creo que era importante, para determinar si concurría una causa de incompatibilidad o de prohibición entre Dolores Delgado y las actividades de su pareja, Baltasar Garzón.
Sin tomar en consideración este aspecto, el nombramiento está tocado.
¿Puede el Gobierno devolverle la propuesta al fiscal general?
Poder, se puede, aunque no confío en que lo haga. Esto ha ocurrido muy poco históricamente,
aunque es verdad que estamos ante una situación insólita.
¿Qué acciones va a llevar a cabo su asociación?
Hemos enviado al Gobierno un escrito explicando las circunstancias del nombramiento, para que de forma expresa tenga conocimiento de la irregularidades que se han cometido a la hora de proponer a Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática, porque en la propuesta que eleva el fiscal general del Estado no se hace referencia a ellas.
Señalamos que el fiscal general desoyó la opción del Consejo Fiscal de suspender el Pleno para poder valorar la incompatibilidad o no de Dolores Delgado.
Este es un tema en el que el Consejo Fiscal es soberano. No es un tema del fiscal general, sino del Consejo Fiscal.
Aquí el fiscal general preside el órgano, pero es un voto más. Sin embargo, decidió él personalmente entrar en que no había causa de incompatibilidad, sustrayéndole esta competencia al Pleno.
Y ese es un defecto insubsanable. Hay una infracción disciplinaria muy grave en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de cuando un fiscal concurre a una plaza conociendo que existe una causa de incompatibilidad.
También se impone a quien procura un nombramiento.
«En este caso, no se ha podido acreditar esa incompatibilidad, porque el fiscal general del Estado no ha dejado hacerlo»
En este caso concreto, no se ha podido acreditar esa incompatibilidad, porque el fiscal general del Estado no ha dejado hacerlo.
En el nombramiento de Dolores Delgado, que evidentemente estaba ya planificado desde hace tiempo, el íter está viciado, en mi opinión.
Desde la APIF no nos vamos a quedar quietos. Estamos debatiendo otras acciones.
El expresidente de la APIF, Juan Antonio Frago, se marchó de la Carrera Fiscal denunciando que los fiscales veteranos siempre serán postergados si no están en la línea de quien gobierne la carrera. ¿Se mantiene esta situación?
Claro. El mérito y la capacidad en la Carrera Fiscal cuenta poquísimo, están postergados de manera grosera.
Se hacen nombramientos en función de otro tipo de criterios: de afinidad asociativa, ideológica… Esto viene sucediendo desde hace tiempo, pero últimamente se ha acentuado la tendencia de manera escandalosa.
¿Y qué ocurre con el nombramiento de Delgado?
Que no fue un concurso, sino un procedimiento de adjudicación. En realidad, la plaza estaba dada a Delgado desde hace tiempo, con independencia de quien se presentara.
Por tanto, el concurso como tal es una farsa.
Frago tiene razón en general y en este asunto concreto se plasma con toda claridad.
