El agente llevó a cabo cuatro estafas aprovechándose de su condición de miembro de la Benemérita.
Expulsado de la Guardia Civil un agente tras ser condenado a 1 año y 9 meses por un delito continuado de estafa
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09/7/2023 00:40
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Actualizado: 10/7/2023 12:12
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La Guardia Civil ha expulsado de sus filas a un agente tras haber sido condenado, el 13 de diciembre de 2022, a la pena de 1 años y 9 meses de prisión por un delito continuado de estafa. Así lo decretó el Juzgado de lo Penal 2 de Pamplona a través de la consiguiente sentencia.
La expulsión es la consecuencia directa de la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en la que ha desestimado el recurso contencioso-disciplinario militar ordinario interpuesto por el agente por la comisión de una falta muy grave.
Falta muy grave, prevista en el artículo 7 número 13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que consiste en «cometer un delito doloso [con intencionalidad] condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica».
La sanción fue impuesta por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La Sala de lo Militar del Supremo, cuyo tribunal ha estado compuesto, en este caso, por los magistrados Jacobo Barja de Quiroga López, presidente; Fernando Pignatelli Meca; Clara Martínez de Careaga y García; José Alberto Fernández Rodera, ponente; y Fernando Marín Castán, ratificó dicha sanción.
Los cinco magistrados, en su sentencia 58/2023, de 21 de junio, rechazan las tres alegaciones del agente, que invocó la vulneración del principio «non bis in idem» (no se puede condenar a nadie dos veces por el mismo delito), porque la expulsión de la Benemérita, argumentó, es consecuencia directa de la condena por estafa.
También solicitó que se rebajara la sanción de falta muy grave y que se sustituyera la sanción de separación del servicio por la de suspensión de empleo.
En su fallo el Tribunal Supremo considera que no se ha producido ningún menoscabo de este principio.
«La sanción que es objeto de atención obtiene justificación y fundamento en el lógico interés del Estado, en este concreto caso la Benemérita, en la probidad de quienes formen parte de la institución, no sólo como militares insertos en una singularísima relación de sujeción especial, también como servidores públicos que ostentan la relevante misión de velar por el cumplimiento de las leyes y salvaguardar la seguridad pública. La sanción administrativa, en consecuencia, ha de desligarse de la de naturaleza penal», dicen en su sentencia.
«Su condena ha generado una ‘grave merma tanto a la Administración como a los ciudadanos’ porque ‘ocasionó un grave daño al instituto armado de naturaleza militar al que pertenece el ahora recurrente, dado que se trata de un servidor público entre cuyas funciones destaca la de perseguir el delito'»
Sobre las otras dos alegaciones, los magistrados recuerdan la condición del agente de la Guardia Civil y su condena por un delito continuado de estafa de los artículos 248 y 249.1 del Código Penal. Por lo que fueron rechazadas.
Su condena ha generado una «grave merma tanto a la Administración como a los ciudadanos» porque «ocasionó un grave daño al instituto armado de naturaleza militar al que pertenece el ahora recurrente, dado que se trata de un servidor público entre cuyas funciones destaca la de perseguir el delito, resultando de todo punto evidente se generase una relevante afección a la imagen de la Benemérita con la comisión del delito común por el que fue condenado, en cuya dinámica comisiva, además, resultaba factor esencial el conocimiento por las víctimas de su condición castrense».
LOS HECHOS POR LOS QUE FUE CONDENADO
La sentencia de la Sala de lo Militar reproduce los 4 hechos por los que fue condenado y que se remontan a 2014, 2018 y 2019.
La primera estafa sucedió en Puente de la Reina, Navarra. En aquella localidad el agente estaba destinado en el puesto que tiene la Benemérita. Era 2014. Se dirigió a un fontanero del pueblo «al que conocía de una intervención anterior, pues le había sancionado por estacionamiento indebido, solicitándole que le instalara una cocina en su vivienda en la casa cuartel de Puente la Reina».
«Tras presentarle un presupuesto de unos 15.000 €, el acusado le pidió un nuevo presupuesto más económico, presentándole un nuevo presupuesto por importe de 3.000 €, incluyendo la colocación y el IVA, con el que el acusado se mostró conforme. El fontanero y el acusado llegaron a un acuerdo de pagos mensuales por importe de 600 €. El acusado, conociendo que no podía pagar la cocina, y con el ánimo de crear una apariencia de solvencia, pagó la primera cuota de 600 €, no pagando ninguna otra cuota pese a los requerimientos realizados por el fontanero, estando todavía pendientes de pago 2.400 €».
La segunda estafa sucedió en Artajona, población a 14 km de distancia de Puente de la Reina, a la que tuvo que desplazarse como consecuencia del expediente disciplinario que se le impuso.
«Una vez fue trasladado a Artajona, el acusado se presentó como guardia civil del Servicio de Protección dela Naturaleza ante don Rodolfo, propietario de criadero canino en la localidad, sin que el acusado haya estado jamás destinado en este servicio. Entre los años 2018 y 2019, el acusado, amparándose en su profesión y en su supuesto destino, y con ánimo de ilícito enriquecimiento, comenzó a pedir a don Rodolfo cantidades de dinero que oscilaban entre los 50 € y los 300 €, comprometiéndose a devolvérselos, aunque sin ninguna intención de hacerlo desde el principio», continúa la sentencia.
Además, le pedía que le llevar a Pamplona o a Puente la Reina.
«La situación llegó al límite en mayo de 2019, cuando el señor Rodolfo accedía a las peticiones de dinero del acusado porque el mismo no lo dejaba en paz, realizándole llamadas y enviándole mensajes de WhatsApp continuamente, mostrándose insensible a la mala situación familiar que el Sr. Rodolfo estaba pasando, ya que su pareja se encontraba ingresada y gravemente enferma».
Una situación particularmente grave entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2019 en que don Rodolfo , ante esta situación tuvo que bloquear al acusado en su teléfono móvil. La cantidad total que esta persona prestó al guardia civil ascendió a unos 800 €.
«El señor Rodolfo, una vez presentada la denuncia y por miedo a las represalias del acusado, solicitó una orden de alejamiento que le fue concedida por el Juzgado mediante auto de 27 de agosto de 2019», señala el fallo.
La tercera estafa consistió en la compra de un vehículo que no llegó a pagar del todo.
«El 7 de junio de 2019, sabiendo que no tenía dinero para hacer frente al pago del vehículo, pero aparentando una solvencia que realmente no tenía, el acusado compró el coche, un Hyunday Coupe», propiedad de un compañero, de la Guardia Civil de Tráfico que residía en la misma casa cuartel de Artajona.
El precio acordado fue de 1.050 €. «El acusado pagó inicialmente 50€ y posteriormente 500€, quedando pendiente la entrega de la documentación del vehículo cuando pagara la totalidad de la deuda, estando previsto que lo hiciera a finales de julio de 2019». El compañero le entregó el vehículo confiando en su condición de guardia civil. Pese a todo, no pagó los 500 € restantes.
«El guardia civil sacó su acreditación profesional y le pidió que le acompañara al exterior del establecimiento. Allí le reclamó el pago de la deuda y le amenazó con que, de no hacerlo, tendría problemas»
La cuarta tuvo lugar el 5 de octubre de 2019, en torno a las 11.30 de la mañana en el bar Nova, de Burlada, otra localidad de Navarra, donde había estado trabajando la exmujer del agente condenado. El propietario adeudaba a la exempleada 250 €.
El guardia civil sacó su acreditación profesional y le pidió que le acompañara al exterior del establecimiento. Allí le reclamó el pago de la deuda y le amenazó con que, de no hacerlo, tendría problemas. Ante la negativa del hombre, el agente cambió de estrategia. Se echó a llorar. Le contó que estaban pasando por una época de gran necesidad.
El propietario accedió a entregarle 100 €, obligándole a que le firmara un recibo, por el que se comprometía a hacer llegar el dinero a su exempleada, y dejando que fotografiara su DNI y su tarjeta profesional. Tras esa transacción, el agente pidió una consumición que no abonó. La exmujer jamás recibió ese dinero.
La cuarta estafa tuvo lugar el 5 de octubre de 2019 a las 22 horas en Burlada. Allí contrató a un taxista, diciéndole que era capitán de la Guardia Civil, para que le llevara a Eslava, otra localidad de la Comunidad Foral, distante 35 km.
Le preguntó que cuánto el costaría la carrera y el taxista le contestó que unos 100 €. El agente le dijo que solo tenía 50 € y que necesitaba 10 € para sus gastos, pero que no se preocupara que le pagaría a la mayor brevedad posible.
El taxista, en la confianza de que era un miembro de la Benemérita, hizo el servicio, que ascendió finalmente a 99,70 €. El falso capitán de la Guardia Civil le dio una tarjeta con su número de teléfono. Un teléfono que jamás funcionó porque estaba apagado. Terminó debiéndole 59,70 €
El agente de la Guardia Civil, para el pago de la responsabilidad civil resultante del juicio, consignó, el 15 de febrero de 2022, 4.039,70 €.
Lo que no impidió la condena final que ha resultado en su salida de la Guardia Civil.
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