Esta condena fue impuesta por el Juzgado de lo Penal 3 de Toledo destacado en Talavera de la Reina y ratificada después por la Audiencia Provincial de Toledo. Foto: Confilegal.
Como adelantó Confilegal, Fernando Presencia comienza a cumplir la condena firme de 2 años y 10 meses de prisión
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13/7/2023 14:37
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Actualizado: 13/7/2023 19:30
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Confilegal lo adelantó el 13 de mayo pasado con el titular «La Justicia ordena el ingreso en prisión del exmagistrado Fernando Presencia«. En esa ocasión el juez de ejecutoria en este caso le dio la posibilidad a Presencia de interponer dos recursos, uno de reforma y otro de apelación, en una decisión difícilmente comprensible.
Porque la inadmisión del recurso de casación por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solo podía tener una única consecuencia: la ejecución de la sentencia, que tanto en primera como en segunda instancia habían tenido el mismo sentido: la condena a 2 años y 10 meses por dos delitos, uno de denuncia falsa y otro de calumnias con publicidad contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
También se le impuso el pago de una indemnización de 30.000 euros y una multa de 3.420 euros.
Ahora el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, formado por los magistrados Juan Ramón Brigidiano Martínez, Emilio Buceta Miller y Urbano Suárez Sánchez, en un auto fechado el 12 de julio pasado dan carta de naturaleza final a la condena de Presencia, al rechazar su recurso de apelación, según ha podido saber Confilegal. El de reforma fue también rechazado previamente.
Con esta decisión, el exmagistrado, Fernando Presencia, pasará de preso preventivo a penado en la cárcel de Soto del Real, Madrid, donde se encuentra confinado desde el 30 de junio pasado por orden del magistrado instructor Joaquín Gadea, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Presencia pasará a cumplir, a partir de ahora, los 2 años y 10 meses próximos en prisión como penado
En la causa abierta por la Audiencia Nacional y por la que estaba cumpliendo hasta ahora prisión preventiva, el magistrado instructor, Gadea, le imputa siete supuestos delitos: estafa, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, asociación ilícita, organización criminal, calumnias y contra las altas instituciones del Estado.
Presencia, por lo tanto, pasará a cumplir, a partir de ahora, los 2 años y 10 meses próximos en prisión como penado, ahora en la prisión de Estremera, en Madrid.
De acuerdo con uno de los autos dictados por el magistrado Gadea, Presencia habría creado un «grupo criminal integrado por los investigados», en el que cada uno tenía roles definidos, posiciones determinadas «y vocación de permanencia».
Los investigados son los ancianos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, y Santiago Royuela, hijo del primero, todos ellos en prisión preventiva, Alejandro Diges Benito, Álvaro Arteaga García, Lidia Reina Calvo y Alberto Portabella Fernández, citado el próximo 18 por Gadea para tomarle declaración.
Se les acusa de 5 supuestos delitos -dos menos que a Presencia–: blanqueo de capitales, asociación ilícita, organización criminal, calumnias y contra las altas instituciones del Estado.
Presencia se habría servido de la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública (Acodap), que creó después de su expulsión de la judicatura, para operar sobre una estructura «exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de sus miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas», escribió el magistrado instructor el pasado viernes en su auto de citación.
«La Asociación Acodap se presenta nítidamente como un artificio, un ardid, o engaño, creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción», añadió.
Bajo esta estructura, Fernando Presencia, Alberto y Santiago Royuela jugarían un «papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan».
Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga «se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras». La séptima imputada, la única mujer en la supuesta trama –hasta ahora–, Lidia Reina, jugaría un «papel fundamental en su distribución» a través de Internet y por diferentes canales y redes sociales.
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