El detenido Álvaro Arteaga, séptimo asociado del magistrado expulsado, Fernando Presencia, ha renunciado hoy a su abogado de oficio y ha solicitado que su nuevo representante legal sea nada menos que Jesucristo.
El magistrado instructor de la causa, Joaquín Gadea Francés, le ha recordado la necesidad de que su abogado esté colegiado, por lo tanto es imposible que Jesús de Nazaret, que murió hace 2023 años, ejerciera esa responsabilidad.
Arteaga contestó al juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que «eso no era necesario porque la Biblia es fuente de derecho».
El magistrado Gadea ha pedido al psiquiatra forense de la Audiencia Nacional que estudie a Arteaga para que le informe sobre su estado mental para poder decidir sobre si es imputable.
Durante su declaración, totalmente surrealista, se mostró dispuesto a declarar sin que nadie le hiciera preguntas y trufó todo con citas religiosas inconexas.
El día anterior, otro de los detenidos Alejandro Diges, quien al parecer padece el síndrome de Diógenes y hace tiempo que no se lavaba, argumentó, de forma inconexa, que había permanecido varios días drogado y secuestrado. Y trató de relatar la ristra de denuncias que había elaborado para unos y otros.
El magistrado instructor pidió al psiquiatra forense otro informe sobre el estado mental de Diges.
Como ya ocurriera ayer, ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares solicitaron su ingreso en prisión.
Gadea le impuso las mismas restricciones que ayer aplicó a Diges y Lidia Reina: prohibición de salir de territorio nacional, retirada de pasaporte, obligación de comparecer cada semana ante un órgano judicial y designar un domicilio donde se le pueda localizar.
Tanto Arteaga como Diges, Reina, Alberto y Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa -estos tres últimos en prisión preventiva- les han sido imputados los delitos de supuestos delitos de estafa agravada o apropiación indebida agravada, asociación ilícita, calumnias contra las altas instituciones del Estado y organización criminal o grupo criminal.
A Fernando Presencia se le han sumado dos supuestos delitos más: blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
El exmagistrado fue interrogado el pasado jueves, después de haber sido detenido por no haber acudido a la citación decretada por el magistrado instructor.
«El investigado se cobija en la condición de magistrado para buscar una inmunidad que no ostenta ni el Jefe del Estado, y pretende eludir cualquier clase de responsabilidad cubriéndose con el manto de su condición de magistrado», escribió Gadea en el auto en el que decretó su ingreso en prisión, citando al Ministerio Fiscal.
PRESENCIA, EN EL CENTRO DE LA SUPUESTA TRAMA
De acuerdo con el instructor de la causa, bajo la cobertura de la asociación que preside, Acodap, Presencia, Alberto y Santiago Royuela -padre e hijo-, habrían tenido un papel central en la fabricación de las denuncias falsas.
Juan Martínez Grasa y los mencionados Alejandro Diges y Álvaro Arteaga habrían sido los encargados de poner las denuncias ante distintas instituciones. Lidia Reina, que ayer se avino a colaborar por completo, con la Justicia, jugaría un papel clave en la distribución de dichas noticias falsas a través de Internet y otros canales.
El magistrado ordenó la pasada semana la suspensión cautelar de Acodap, por apreciar «indicios suficientes y racionales de estar en presencia de una asociación ilícita, constituida con la sola finalidad de delinquir y utilizada como un mero instrumento para el lucro de los miembros de la organización criminal dirigida por el señor Presencia”.
Según se ha podido constatar en este procedimiento, Presencia “ha hecho de la maquinaria delictiva de Acodap su único ‘modus vivendi’”. Porque desde que fue expulsado de la carrera judicial -dos veces- ha carecido de ingreso alguno.
“La pretendida intención de luchar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas”, escribió el magistrado.
Además, cuenta que las múltiples denuncias presentadas por el imputado contra personas e instituciones del Estado serían “la pantalla y el componente necesario” para desarrollar su actividad ilícita.
Durante los registros, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encontró una «plantilla o modelo en formato ‘Word’ creada para fabricar modelos bancarios» que se acompañaban con las denuncias en las que imputaba «a diferentes personas la titularidad de los depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales».
Gadea comenzó a investigar en junio de 2022, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su entonces presidente y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Poco antes, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, había denunciado a Presencia ante el CGPJ por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» sobre la situación patrimonial de los magistrados del tribunal.
Las investigaciones practicadas por la Guardia Civil, escribe el magistrado en su auto, «permiten vislumbrar que nos encontramos ante una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia Crespo».
Presencia habría puesto en marcha una estructura «exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de sus miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas».
