La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Sevilla ha archivado el procedimiento de desamparo por el cual había retirado la custodia de un menor a su madre, una inmigrante rumana, para enviarlo a un centro de menores sin comunicárselo.
Así, Mioara Muresan recuperará a su hijo después de recurrir, a través de una demanda civil presentada ante un Juzgado de Familia de Sevilla, la decisión de la Junta de Andalucía de retirar a su hijo mayor, de 14 años, de su centro educativo sin habérselo comunicado.
«Con esta rectificación administrativa se evidencia que la actuación de retirar al menor del centro educativo para llevarlo a un centro de menores, sin tener conocimiento su progenitora, fue irregular y sin las garantías legales y jurídicas establecidas para este tipo de procedimientos», señala el letrado que ha llevado el caso, José Antonio Sires, del despacho sevillano Sires Abogados.
Sobre la resolución del archivo, consultada por Confilegal, Sires asegura que «responde al reconocimiento tácito de irregularidades administrativas por parte del equipo de menores que dictó el informe que dio pie al posterior procedimiento de desamparo, por cuanto no existieron indicadores de maltrato físico, maltrato emocional ni de negligencias hacia las necesidades escolares».
«El menor nunca ha estado ni se ha sentido protegido fuera de su núcleo familiar, su madre y dos hermanos, y así ha puesto de relieve la resolución de archivo del procedimiento que da pie a la restitución del menor a su madre», afirma.
Faltas a las garantías procesales
En este sentido, la Consejería siempre ha mantenido que las actuaciones se han llevado a cabo con todas las garantías legales y jurídicas, subrayando que siempre prima la premisa de proteger el bienestar y protección del menor.
«Pero los hechos dicen lo contrario», según el abogado, que enumera el retraso de la comunicación de la medida a la madre más allá del plazo máximo de 48 horas, la entrega de una notificación escrita con bolígrafos y tachones y la falta de respuesta del equipo de menores ante la solicitud del expediente administrativo, igual que ante la del consulado de Rumania en Sevilla, que pidió la remisión del expediente.
«La intervención del letrado requiere necesariamente dirigir la atención a las garantías procesales y administrativas que deben presidir en un procedimiento de desamparo; este será el camino que conducirá a un resultado satisfactorio para velar por los derechos de los progenitores», dice.
Por ello, sin perjuicio del procedimiento penal que sigue por su cauce procesal en el Juzgado de Instrucción 1 de Sevilla, la madre del menor ha presentado una querella criminal contra la Junta de Andalucía. Su representación jurídica «está estudiando la correspondiente acción judicial para el resarcimiento de los daños morales que haya sufrido tanto ella como el menor por la actuación incorrecta de la Junta», en palabras de Sires.
En cuanto a la posibilidad de que se repita este escenario, Sires no oculta su pesimismo. «Ya se están dando casos y nuestro bufete está defendiendo en la actualidad casos similares donde las administraciones actuantes no actúan conforme a los procedimientos reglados bajo el pretexto de la autoridad que la legislación les profesa, orillando el interés de los padres e incluso los propios derechos y libertades de los menores», lamenta.
