La sorpresiva entrada de STC Group (Arabia Saudí) en el capital de Telefónica ha despertado muchas incertidumbres e inquietudes. En primer lugar porque aunque el fondo soberano saudí afirma que no pretende sentarse en el consejo de administración ni ejercer los derechos políticos ya ha reclamado el plan estratégico.
O sea que como era obvio y esperable no es una operación meramente financiera.
No en vano STC Group se convertiría en el primer accionista del buque insignia de la empresa española: Telefónica. Su 9,9% se sitúa muy por encima del 4,87% del BBVA, del 4,48% de Black Rock o del 3,5% de Caixabank. Pensar que no ejercerá derechos políticos es de una enorme ingenuidad.
¿Puede el Gobierno hacer algo? Puede. Porque al ser Telefónica contratista de Defensa, las participaciones que superen el 5% necesitan el visto bueno del Ejecutivo. Lo curioso es que hasta el pasado 1 de septiembre la operación habría sido inviable. Es desde el 1 de septiembre -que entró en vigor un decreto aprobado ‘in extremis’ el 4 de julio, poco antes de las elecciones del 23 de julio- que una operación de estas características es posible si hay ‘bendición’ gubernamental.
El Gobierno afirma haberse enterado minutos antes de anunciarse la operación. Pero la coincidencia de fechas resulta sorprendente.
Puede que la información no fluyera convenientemente. Y eso explicaría las declaraciones contradictorias del Gobierno que pasa del ‘esto demuestra lo atractivo de la economía española’ al ‘analizaremos la operación con detalle’. Las presiones internas son muchas.
Porque el PNV y paradójicamente los socios de Gobierno presionan por defender la ‘españolidad’ de Telefónica y frenar la operación.. Tampoco la City observa con buenos ojos una operación que califica de “inquietante”. Bruselas, mientras tanto, prefiere colocarse de perfil.
Y como la situación todavía no está clara, Arabia Saudí ha decidido ‘pausar’ una operación de compra de cinco corbetas por valor de 2000 millones de euros. En castellano: chantaje empresarial.
Además del chantaje está la presión de quienes defienden que el Gobierno no debe de intervenir en cuestiones empresariales y que debe de respetar el libre tránsito de capitales. Por eso muchos abogan porque el Ejecutivo levante de una vez las ‘acciones de oro’ sobre las empresas consideradas estratégicas, que son prácticamente todas las grandes empresas.
¿Qué debería de hacer el Gobierno? Por supuesto defender el libre tránsito de capitales. Pero la defensa del libre tránsito de capitales no solo es compatible con el freno a una renacionalización sino que es coherente. Si Telefónica fue privatizada, lo fue para que estuviera en el mercado no para que otro Estado se la comprara aprovechando el bajón bursátil.
Hay otra derivada geopolítica relevante. Arabia Saudí ha sido socio estratégico de Estados Unidos desde hace tiempo. Pero también guiña a Rusia con el petróleo y a China con la tecnología. Es decir, su fidelidad occidental es más que discutible. ¿Es razonable que entre hasta la cocina en la joya de la corona?
Y por último, resulta que Morgan Stanley ha actuado de financiador de la operación.
¿Se ha convertido Morgan Stanley en caballo de Troya del capitalismo occidental?
¿Se convertirá Telefónica en Hátifon?, ¿debería el gobierno tratar de impedirlo? Debería impedir el acceso de Arabia a la cocina de la seguridad tecnológica española. Y debería evitar que Telefónica fuera renacionalizada saudí en defensa del libre mercado. Los instrumentos existen. ¿Pero habrá voluntad política?
