“Esto un chiringuito financiero al uso. Se ve claramente que es una estafa piramidal porque aquellos afectados que más ruido hicieron al principio, consiguieron cobrar su inversión o parte de ella. Sin embargo, ya hace seis meses que no pagan a nadie. Además, el fundador del Grupo Herrero Brigantina, Juan González Herrero, está en paradero desconocido”. Así lo declara a Confilegal el abogado José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz, de Cádiz, quien lleva a 16 perjudicados.
Según informa, no se le ha podido emplazar para tomarle declaración.
Ortiz señala que esta empresa se dedicaba a vender productos de inversión y de seguros con unas rentabilidades absolutamente increíbles, de hasta el 25%.
Entre otras actividades, Herrero Brigantina vendía planes de pensiones, hipotecas y prestamos, en concreto la empresa Naibc Sa, tiene como actividad principal la correduría de seguros, y sin embargo, nunca ha emitido contratos bajo la denominación de seguros u otras formas que den a entender que realizan operaciones de seguros o distribución.
La citada empresa ofrecía unos productos de inversión que prometían una rentabilidad de hasta el 50% en 10 años.
Tras varias investigaciones, se han descubierto más de 35.000 clientes afectados que han perdido su dinero en Europa, entre los que se encuentran pymes, autónomos y familias, con sus soluciones de inversión, planes de pensiones, seguros, hipotecas y préstamos.
Se siguen seis investigaciones simultáneas por seis grupos de la UDEF precisamente por la pluralidad de afectados que hay en diferentes territorios de la geografía nacional.
“La gente picaba por el hecho de que los vendedores eran exempleados de banca, que tenían una cartera de clientes a los que le vendían la panacea del producto, que era totalmente ilusoria”, expone este letrado.
LOS AFECTADOS SE CUENTAN POR MILES
Este letrado destaca que decenas de clientes del grupo han presentado querellas por estafa contra esta compañía, creada en 2011 por el economista y empresario Juan González, y que el dinero retenido alcanza en algunos casos los 300.000 euros por consumidor.
Se calcula que hay más de 2.000 afectados a nivel nacional.
Señala que el caso Herrero Brigantina dio la cara con una primera denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de un grupo de afectados en Madrid.
Actualmente, se siguen siete investigaciones simultáneas por la UDEF, según ha podido saber este diario.
NO ESTABAN AUTORIZADAS PARA OPERAR COMO ASEGURADORAS O EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS
José Luis Ortiz destaca que las empresas de Herrero Brigantina no estaban autorizadas para operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros, hecho que ha sido advertido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía.
Dentro de esta lista de empresas, se encuentra Broker asegurador de ultramar SA, y Naibc SA, entre otras.
“La inclusión en esta lista supone que, por ejemplo, los contratos de Naibc S bajo la denominación de seguros, son nulos de pleno derecho, conforme a resolución que cita el Ministerio de Economía en el artículo 24 de la Ley 20/2015”, explica Ortiz.
Este jurista ha presentado recientemente ante la Audiencia Nacional (AN) la primera querella de los casos que lleva. En representación de un consignatario de buques de Cádiz.
Imputa a Herrero Brigantina Servicios Crediticios, SAU; North Atlantic Insure Broker CO SA, y a Broker Asegurador de Ultramar SLU cinco delitos: organización criminal, estafa, intrusismo, apropiación indebida y falsedad documental.
EL CASO
Según relata, invirtió 25.000 euros en cuatro productos: tres fondos de inversión de 5.000 euros cada uno y en un contrato de cuenta de participación en beneficios de 10.000 euros, en la que le prometían rentabilidades del 22% de forma trimestral.
“Ante ese paraíso que le pusieron ante los ojos era difícil resistirse. Si a eso le añadimos que se lo vendía un íntimo amigo de la infancia, exdirector de una entidad bancaria del Popular en Cádiz, con el argumento de venta de que él había invertido en estos productos y también su familia, se hacía prácticamente imposible resistirse a dicha tentación”, apunta Ortiz.
El primer contrato se formalizó en marzo de 2021, por un importe de 5.000 euros de inversión. El segundo, en septiembre de 2023, por otros 5.000 euros, y el tercero, en enero de 2022 con otros 5.000 euros.
También realizó una inversión en septiembre de 2022 por 10.000 euros, con nuevas condiciones, al parecer más beneficiosas, ofrecidas por la misma persona, en exclusiva, cuya rentabilidad podría alcanzar un 25%.
El pasado mes de febrero, este exdirectivo de banca contactó con él indicándole que lo habían despedido de la empresa, y que presumía que no iba bien porque estaban llamando a los clientes para que se rescataran las inversiones.
Posteriormente, se personó en su despacho para tramitarle la solicitud por escrito de la cancelación de su inversión.
A raíz de todos estos acontecimientos, el querellante se puso a indagar en Internet, comprobando que otras personas, al parecer, habían sido inversores de esta misma empresa y se encontraban en la misma situación.
El pasado mes de julio, este inversor se personó en la Comisaría Provincial de Cádiz ante la UDEF, asistido por el abogado José Luis Ortiz, como paso previo a acudir a la vía judicial.
En la querella solicita que se tome declaración a los querellados, en este caso, a sus representantes legales, en calidad de investigados por los citados presuntos delitos.
«El asunto está cogiendo tal volumen” que se ha creado una Plataforma de Afectados, que aglutina a más de 250.
