El objetivo de estas acusaciones contra el brigada es el de tratar de descarrilar la Operación Águila-Frozen, de narcotráfico, que actualmente instruye el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, según este informe. Foto: UCO.
Un exhaustivo informe interno de la Guardia Civil de Tres Cantos desmantela las acusaciones de seguimientos y escuchas ilegales contra un brigada
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23/10/2023 00:45
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Actualizado: 31/10/2023 12:26
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Ni se han colocado balizas de seguimiento a investigados sin autorización judicial, ni se han falseado actas de seguimiento, ni se ha interrogado ilegalmente a un detenido y se le ha grabado en un vehículo policial.
Todo es producto de un plan urdido por las defensas de los detenidos en la Operación Aguila-Frazen “consistente en desacreditar la investigación y a las personas que la han llevado a cabo”.
Así concluye el exhaustivo y minucioso informe interno llevado a cabo por el teniente jefe de Área de Asuntos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, con base en la Comandancia de Tres Cantos, al que ha tenido acceso Confilegal.
El objetivo, se desprende del informe, es tratar de descarrilar el proceso judicial que actualmente instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
La Operación Águila-Frazen fue llevada a cabo, y entregada al mencionado magistrado en 2021, por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ y el Grupo de Blanqueo de la Unidad Central Operativa de la de la Benemérita, por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales.
En esta importante operación conjunta fueron detenidas 33 personas, pertenecientes a la organización criminal “Skin”; se incautaron 239 kilos de cocaína de gran pureza, 1 kilo de hachís y 24 kilos de sustancias adulterantes así como 2 pistolas, 1 revolver y una carabina.
Junto a ello, se intervinieron 667.000 euros en efectivo, 56 vehículos de alta gama, se bloquearon 36 inmuebles, con un valor catastral de 11,5 millones de euros, 73 vehículos a motor y 154 productos financieros (cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión, etc.) por valor de 721.000 euros.
Los hechos objeto de investigación tienen su base en las supuestas conversaciones que el brigada jefe de Delitos Económicos, que actuó de secretario en la Operación Águila-Frazen, mantuvo con una mujer y que esta aportó.
El brigada la identificó como perteneciente –o relacionada– con la organización “Skin”.
SONSACAR INFORMACIÓN A LA MUJER
La mujer había tratado telefónicamente, de forma reiterada, de mantener un encuentro con el agente a lo largo de un año, para conocerlo.
De acuerdo con el brigada, su intención fue la de tratar de sonsacar información a la mujer, como parte de una estrategia policial, una vez que verificó su conexión con la organización investigada.
Una de las conversaciones tuvo lugar en un restaurante de Rivas Vaciamadrid, localidad al este de la capital, el 21 de abril de este año.
Según mantiene la mujer, el brigada le habría comentado que habían colocado balizas de seguimiento a investigados sin autorización judicial, que se habían falseado actas de seguimiento y que, incluso, se había grabado ilegalmente un interrogatorio a un detenido en un vehículo policial.
El agente declaró a sus superiores que había exagerado para captar la atención de la mujer y ver dónde le llevaba.
La mujer alega que recogió las palabras del brigada en una minigrabadora que llevaba escondida.
Minigrabadora que después entregó a Borja V., con quien manifestó que mantenía una relación. Y que es supuestamente integrante de la organización “Skin”.
Este fue quien interpuso después una denuncia contra el brigada ante el magistrado Pedraz.
Dicha denuncia encontró más tarde su salida en determinados medios de comunicación, a lo largo de tres días, el pasado mes de julio.
Todo lo anterior provocó la minuciosa investigación del oficial referido de la Guardia Civil en cuyo informe dice: “En un análisis de cómo se han ido desarrollando los hechos, el parecer de este Oficial es que detrás de lo ocurrido (el ‘cebo’ al Brigada y la posterior filtración de audios y las noticias publicadas) han sido orquestadas presuntamente por Marina B.M. y su hermano, Juan Manuel B.M. [ambos fueron detenidos en la Operación Águila-Frazen e imputados], en un ánimo de querer ‘tumbar’ el procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción 5”.
Añade: “Y sembrar la duda sobre los indicios aportados en el procedimiento que se sigue contra ellos como investigados y que les afecta de manera directa, así como generar desánimo en los investigadores, puesto que se sigue una pieza separada por blanqueo de capitales, han tomado la resolución de proceder en estos términos”.
CONCLUSIONES
En sus conclusiones, el oficial de la Benemérita deja muy claro que ha quedado probado que no se han utilizado dispositivos oficiales de seguimiento –balizas– sin la preceptiva autorización judicial.
“Los interrogatorios a los detenidos son los que se hacen en presencia de su letrado y nunca han sido grabados con micrófonos ni se han utilizado esa presunta información en las diligencias instruidas”, subraya.
“Asimismo, nunca se ha ordenado al Brigada la detención de ninguna persona que no estuviese ajustada a derecho”, señala.
“Examinadas las actas de seguimiento correspondientes a los días 5, 11, 21 y 29 de mayo de 2020, se ajustan a la realidad, habiéndose vertido una información sesgada sobre las mismas y como medio de estrategia de las defensas de los investigados”.
En suma, concluye el teniente, “los hechos expuestos en las noticias [publicadas en varios medios de comunicación] están en consonancia con la línea de defensa adoptada desde el principio por los investigados, consistente en desacreditar la investigación y a las personas que las han llevado a cabo”.
Este informe ha sido entregado al magistrado del caso, Santiago Pedraz, que ha decidido que estos hechos no son de su competencia y los ha referido a un juzgado de instrucción ordinario.
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