La titular del Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Móstoles ha condenado a la aseguradora Ocaso a pagar en total a una mujer 4.117,54 euros por los robos y daños que sufrió su casa de Toledo tras ser ocupada durante dos días. Su hijo, el abogado Ricardo Aledo Fabián, ha sido el que ha llevado el caso.
La aseguradora tan sólo le quería pagar 2.983 euros -de los 4.117 que tasó el perito- al aplicarle la Regla de Equidad, la cual se implanta cuando la información que facilita el asegurador sobre un bien, como puede ser una casa, no se corresponde con el riesgo real de dicho elemento.
De forma que si ocurre un siniestro, la indemnización se puede ver reducida proporcionalmente de acuerdo con la relación entre la prima pagada y la que se tuviera por pagado.
En este caso, la aseguradora relató que la ubicación del riesgo se encontraba a dos kilómetros del casco urbano y que ello no había quedado declarado en la póliza, de modo que si hubiesen conocido esa información, la prima de seguro que le habrían cobrado hubiese sido un 27,54% superior.
Sin embargo, tal y como expresó la jueza en la sentencia 384/2023 de 29 de septiembre, esa argumentación no era cierta porque la ubicación de la vivienda estaba perfectamente detallada en el contrato que en su día realizó con Ocaso. Conocían dónde se encontraba el chalet por lo que no hubo mala fe ni intento de engañar. Ese dato se encontraba en la primera página del contrato.
El caso, al detalle
El letrado Ricardo Aledo Fabián ha explicado a Confilegal que los okupas tapiaron ventanas, destrozaron una puerta para poder poner una cerradura, crearon desperfectos en paredes y rompieron el mobiliario. Además se llevaron una televisión y distintos materiales que se encontraban en el garaje.
Estuvieron “un par de días porque nos personamos allí con la Guardia Civil y para evitar conflicto, decidieron marcharse voluntariamente”.
Sin embargo, en un principio, la aseguradora no quiso hacerse cargo de los desperfectos ni aceptó entregarle un informe pericial, por lo que decidió en abril de 2021 interponer una reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones.
Gracias a esa reclamación logró que Ocaso le ingresase 2.983 euros, aunque seguían sin aportarles el informe pericial, por lo que ni el letrado ni su madre podían saber si ese importe abonado era correcto.
Tras poner una nueva reclamación ante la Dirección General de Seguros, ésta dio a Ocaso un plazo de 10 días para que le remitiese el informe pericial. Finalmente atendieron a su petición y le enviaron un correo electrónico con dos documentos.
Según el escrito de demanda, el documento que hacía referencia a la presunta tasación de daños no estaba firmado por ningún perito por lo que, según explicaron, “podría haberse redactado por cualquier persona”. El segundo, era la carta en la que le aseguraban que la tasación realizada por el perito era de 4.117,54 euros pero que, en aplicación de la Regla de Equidad, le correspondía 2.983 euros.
Respondieron al correo para expresar su disconformidad y solicitar aclaraciones, pero nunca recibieron respuesta.
La aseguradora no contestó a la demanda y fue declarada en situación de rebeldía procesal, la cual se configura como la ausencia del demandado en el proceso, de tal modo que asume una postura de pura y plena inactividad.
Finalmente la jueza ha estimado íntegramente la demanda y la sentencia es firme. También han sido condenados a pagar las costas más los intereses legales devengados según el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.
