Acusa a esta magistrada de los supuestos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos.
Una abogada denuncia ante la Justicia y el CGPJ a la juez decana de Alcobendas
La denunciante es la letrada María José Domínguez, con despacho en Madrid, especializada en derecho procesal
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26/10/2023 06:32
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Actualizado: 26/10/2023 10:48
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Una abogada de Madrid, María José Domínguez, ha denunciado ante la Justicia a la juez decana de Alcobendas (Madrid) y magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de dicha ciudad, María Verónica Caravantes Figura.
Le acusa de los supuestos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos.
Esta letrada sostiene que esta magistrada se tendría que haber abstenido en un caso que ella ha llevado ante la justicia “por la amistad que tiene con uno de los querellados”, reconocida públicamente por este último.
También ha presentado una queja contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El magistrado Ricardo Conde, promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, ha abierto diligencias informativas a esta magistrada tras valorar la queja interpuesta por Domínguez.
«Las ha abierto por varias faltas muy graves: la inobservancia del deber de abstención por amistad íntima con un querellado, ocultándola y dictando sobreseimiento libre de una querella presentada frente a él; la revelación de datos conocidos en el ejercicio de su función a éste sin ser parte del proceso, causando un perjuicio en la tramitación de otro procedimiento ulterior; el retraso injustificado y reiterado en la iniciación del procedimiento, manteniéndose conociendo a pesar de haberse declarado la nulidad del primer auto de sobreseimiento libre por la Audiencia Provincial; y vulnerar la tutela efectiva del cliente de la letrada», según informa María José Domínguez a Confilegal.
La magistrada ha declinado hacer declaración alguna sobre el caso.
ELLA Y SU MADRE VIVEN UN CALVARIO DESDE 2014 POR FILTRACIONES DE AGUA EN SU VIVIENDA, QUE HA QUEDADO INHABITABLE
María José Domínguez asegura que su madre, de 70 años, y ella están viviendo un calvario desde 2014, a raíz de que su madre no puede utilizar un piso que tiene El Molar, un municipio madrileño a 39 kilómetros al norte de la ciudad, porque se le filtra el agua de la lluvia y la casa está inhabitable.
De hecho, se ha tenido que ir a vivir con esta hija.
Es un edificio de tres plantas, y el inmueble está en la tercera.
Según explica, “el administrador de la finca, que era teniente de alcalde y concejal de hacienda, José Manuel Gigante López, no ha acometido el arreglo de los elementos comunes del edificio: fachada y cubierta”.
Afirma que desde 2014 ha venido haciendo distintos requerimientos para que se procediera al arreglo y evitar un pleito, pero que finalmente no le ha quedado más remedio que poner el caso en manos de la justicia.
María José Domínguez sostiene que esta magistrada se tendría que haber abstenido por la amistad que tiene con uno de los querellados, reconocida públicamente por este último.
DENUNCIA QUE NO LE CONVOCAN A LAS JUNTAS DESDE 2014 Y QUE NO LE DAN LAS ACTAS
Según relata a Confilegal esta abogada, a su madre “no la convocan a las juntas desde 2014, para evitar que reclame las cuentas, ni le dan las actas”.
“Todos los años ha solicitado por burofax que se la convoque, pero ha sido omitido. Sólo la convocaron a una junta celebrada en abril de 2018, donde se acordó el arreglo de los elementos comunes -de la cubierta- y del interior de su vivienda, que finalmente se dejó sin efecto por otra posterior, celebrada en junio, a la que no se le convocó, y en la que se acordó destinar el dinero al arreglo de la piscina”, relata María José Domínguez.
Entonces, esta letrada y su madre volvieron a requerir por burofax que se celebrara otra junta el 1 de febrero de 2020, donde pidió las cuentas. “En esta junta, mi madre fue agredida por el administrador de la comunidad y por tres de los presidentes anteriores”, señala esta letrada.
“A mí también me causaron lesiones”, añade.
Aquel mismo día, presentaron una denuncia “por lesiones, amenazas y por delito contra la integridad moral a ambas -por vejaciones injustas, tales como “hija de puta”, “os vamos a matar”-”. “El administrador me acusó incluso de haber matado a mi padre. Y está todo grabado”, agrega.
Según expone, cuando acudieron al cuartel de la Guardia Civil a presentar la denuncia, se encontraron allí con el administrador. “Después nos enteramos que estaba denunciando en falso a mi madre por agresión. Y en la denuncia él mismo dice que denunciaba porque sabía que lo íbamos a denunciar”, explica.
DENUNCIA POR LESIONES, AMENAZAS Y DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
Al ver en el cuartel a esta persona, esta abogada y su madre se fueron a la Policía Nacional de Alcobendas a presentarla.
La denuncia de Domínguez dio lugar a la incoación de un procedimiento por delito leve en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas.
Y va a repetirse por cuarta vez, a raíz de sendos recursos de apelación de esta letrada ante la Audiencia Provincial de Madrid.
“He conseguido la nulidad y revocación de las tres sentencias anteriores, y que se celebre el juicio con distinto juzgador porque en todas se ha absuelto a quien no ha sido previamente denunciado. Por error del juzgador y por incongruencia manifiesta, lo que va a dar lugar a responsabilidad patrimonial del Estado”, detalla María José Domínguez.
Según informa, como la administración seguía sin facilitarles las actas de las juntas y de las cuentas, interpuso unas diligencias preliminares para solicitar dichos documentos. El tema recayó en el Juzgado de Primera Instancia 1 de Alcobendas .
“Compareció el administrador, que no puede hacerlo en nombre de la comunidad por mandato del artículo 13.3 de la ley de propiedad horizontal, porque no ostenta la representación legal. Aportó actas presuntamente falsas para tratar de engañar al juzgador en este acto, no presentó cuentas ni convocatorias ni el seguro de la comunidad que se le requiere. Además, manifestó que el libro de actas anterior a 2014 se había perdido”, explica Domínguez.
DEMANDA A LA COMUNIDAD PIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS ELEMENTOS COMUNES, LA REPARACIÓN DE LA VIVIENDA Y UNA INDEMNIZACIÓN
Ante estos hechos, esta letrada presentó una demanda contra la comunidad pidiendo la ejecución de las obras de los elementos comunes, la reparación de la vivienda, y una indemnización por el lucro cesante porque se les “impide” utilizarla.
“La sorpresa fue que en la contestación de la demanda, apareció un acta de 2014 y otras posteriores de convocatorias a las que no habíamos sido convocadas y que tampoco se nos habían notificado. Además, dijeron que la humedad era culpa nuestra”, prosigue su relato María José Domínguez.
Como consecuencia de que “de repente” aparecieron esas actas de 2014, esta letrada celebró unas segundas diligencias preliminares, “entendiendo que el libro había aparecido”. Volvieron a caer en el Juzgado de Primera Instancia 1 de Alcobendas.
Según el testimonio de esta letrada, “volvió a comparecer el administrador sin poder hacerlo, volvió a decir que el libro de actas de 2014 estaba perdido, y aparecen nuevas actas en las que reconoce que la obra de la cubierta del edificio no se ha hecho nunca”.
“Este dato es importante porque en la contestación de la demanda aparece un presupuesto de un tal Manuel -sin indicar apellidos ni CIF- que decía que la cubierta del edificio había sido arreglada. Yo había pagado 15.000 euros de derrama para este arreglo, pero apareció un acta que reconoce que no se hizo nunca”, precisa esta jurista.
DEMANDA CONTRA LA COMUNIDAD Y EL RESTO DE VECINOS
Como consecuencia de esas nuevas actas, “en las que se reconoce que no se ha hecho nunca la obra”, María José Domínguez presentó una nueva demanda contra la comunidad y los 16 vecinos restantes.
“Todas las demandas van respaldadas con periciales”, apunta.
Esta demanda recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcobendas.
El pasado mes de junio, la Justicia estimó la acumulación del procedimiento civil al Juzgado de Primera Instancia número 5, que conocía de la primera demanda.
DOMÍNGUEZ AFIRMA QUE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 1, EN VEZ DE REMITIR LAS ACTUACIONES AL 5, “ESTÁ RESOLVIENDO SIN COMPETENCIA”
Y el Juzgado de Primera Instancia número 1, en vez de remitir las actuaciones al 5, “está resolviendo sin competencia”, según asegura.
“Y no sólo eso, el pasado lunes la juez del 1 dictó un auto con comentarios hacia la parte demandante y expresiones innecesarias, improcedentes, mendaces y manifiestamente ofensivas desde el punto del razonamiento jurídico como presunta represalia por haber denunciado ante el CGPJ la falta de remisión de las actuaciones al órgano competente manteniéndose conociendo de la causa indebidamente”, denuncia.
En paralelo, según informa esta letrada, los pasados 28 de abril y 17 de junio se realizaron sendas juntas de propietarios, “donde el administrador reconoció su amistad íntima con la juez decana de Alcobendas”.
“Me amenazó y me dijo que voy a perder todos los procedimientos, con costas; que voy a acabar en la cárcel; y que nunca voy a poder usar mi vivienda. Que ya se encargaría la juez decana. Y que como consecuencia de esa amistad, se materializarían sus amenazas”, expone.
María José Domínguez informa que a esas juntas acudió acompañada de otros letrados, por lo que “esos comentarios los hizo también delante de otros abogados”.
QUERELLA CONTRA EL ADMINISTRADOR Y CUATRO DE LOS EXPRESIDENTES
Posteriormente, esta letrada presentó una querella en octubre de 2022 contra el administrador y cuatro de los expresidentes por supuestos delitos de administración desleal, estafa agravada, acoso inmobiliario -por no poder utilizar la casa-, y daños agravados, entre otros delitos.
Esa querella cayó en el Juzgado de Instrucción número 3, con la decana de Alcobendas.
“En esa querella se relatan pormenorizadamente todos los pleitos contra la comunidad de propietarios. La juez dictó sobreseimiento libre de las actuaciones acusándome en el auto de que las cosas que me pasan, me ocurren por no estar al corriente de pagos de la comunidad, cosa que es completamente mentira. Además, dice que los daños producidos en el interior de mi vivienda son consecuencia de fenómenos atmosféricos; es decir, que en mi casa llueve”, asegura la letrada.
Domínguez recurrió en apelación interesando la nulidad y revocación del auto por presunta vulneración de la tutela efectiva y solicitó que conozca del asunto un sustituto que por turno corresponda a la vista de que presuntamente se ha vulnerado su tutela efectiva.
“La Audiencia estimó el recurso, revocó el auto y declaró su nulidad. En consecuencia, declaró vulnerada mi tutela efectiva y ordenó a la juez dictar otro. Entonces, la juez volvió a dictar otro sobreseimiento libre. En el auto me acusó de actuar sin poder de representación de la comunidad, entre otras cosas, y manifestó que el hecho de que me cambiaran la llave del portal impidiéndonos que entráramos en nuestra casa no es un delito de coacciones”, declara la letrada.
Domínguez volvió a recurrir dicha resolución.
“SE ESTÁN MATERIALIZANDO LAS AMENAZAS DEL QUERELLADO”
Según señala, en el primer sobreseimiento libre que dicta esta magistrada acordó “el traslado de la querella y todos los documentos a los querellados, sin ser parte, poniendo como coletilla: a los efectos oportunos, algo que no se puede hacer, porque no son parte”.
Destaca que esa querella apareció aportada en la contestación de la demanda del 1 y se frustró la prueba pericial sobre la cubierta.
“El juicio por delito leve recordemos que la Audiencia ha ordenado repetirlo por cuarta vez. Y recientemente me ha llegado una providencia de la juez decana de Alcobendas diciendo que ella va a enjuiciarlo”, relata la letrada.
Domínguez lo ha recurrido subrayando que ya conoce de esto previamente, “porque en la querella viene todo relatado, ha dicho que aquí no hay delito de ningún tipo y uno de los querellados ha reconocido que es amigo suyo”.
El pasado 2 de octubre presentó una queja contra esta magistrada ante el órgano de gobierno de los jueces, en la que relató todos los procedimientos que hay y que “presuntamente se están materializando las amenazas del querellado”.
Esta jurista ha interpuesto varias quejas “para poder relatar la conexión entre lo que presuntamente estaría haciendo el Juzgado de Alcobendas con el de Instrucción 1 y el de Primera Instancia 1”.
“El traslado de la querella a quien no es parte es un presunto delito de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos”, sostiene esta abogada.
También destaca que “el administrador era un cargo político del Ayuntamiento, teniente de alcalde”, y esta letrada afirma que “está intentando salvar su responsabilidad como político y administrador”.
«Como consecuencia de la revelación de la querella a quien no era parte en el procedimiento se ha frustrado la práctica de la prueba pericial. Y como consecuencia de la falta de remisión de las actuaciones por parte del Juzgado de Primera instancia 1 al órgano competente, se ve comprometida la celebración de la audiencia previa prevista para el próximo 2 de noviembre, y que ya ha sido suspendida dos veces», detalla Domínguez.
Esta letrada espera que alguna vez por todas se adopten las medidas necesarias contra las personas que están “impidiendo” el legítimo uso de su vivienda (artículo 47 de la Constitución).
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