Así lo ha aclarado hoy el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante su comparecencia para anunciar que su partido y la formación independentista Junts, de la que es líder el expresidente de la Generalitat, y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont: la ley de amnistía, que está ya cerrada, tendrá un marco temporal que irá desde 2012 a 2023. Es decir, todo lo sucedido desde la presidencia de Artus Mas, la convocatoria pro independentista de 2014, el referéndum ilegal de 2017, hasta nuestros días. Once años en total.
Interrogado sobre si abarcará también los supuestos casos de ‘lawfare’ (‘guerra judicial’), se ha limitado a contestar que «serán los jueces quienes valoren si cubre a unos o a otros». «No se ha hablado de nombres en particular», ha afirmado.
Esto significa que todo el procedimiento por malversación de fondos que se sigue en el Tribunal de Cuentas quedaría en nada, así como el resto de los casos abiertos en los diferentes tribunales, incluyendo los de los CDR. No está claro si también comprenderá a la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás.
Cerdán ha asumido que la ley de amnistía llegará al Tribunal Constitucional (TC), vistos los recursos que tanto PP como Vox han anunciado en estas últimas semanas, al tiempo que se ha mostrado seguro de que la corte de garantías resolverá que es constitucional.
El número tres del PSOE ha confesado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de dirigir sus pesquisas sobre Tsunami Democràtic contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont llevó a Junts a «revisar» lo que habían negociado ambos partidos sobre la ley de amnistía.
«Evidentemente, lo que ha sucedido durante la semana con las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont les ha invitado también, a Junts, a hacer una relectura y volver a revisar todo lo que teníamos hablado. Por eso también se demoran las negociaciones», ha dicho Cerdán en una rueda de prensa desde Bruselas.
Fue el pasado lunes cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dirigió las pesquisas contra Puigdemont e imputó a una decena de personas, entre ellas su ‘mano derecha’, Josep Lluis Alay, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
En lo tocante al ex presidente catalán, le ofreció comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional porque, para imputarle formalmente, antes debe recabar el permiso de la Eurocámara -a la que pertenece- y del Tribunal Supremo -ante el que está aforado-.
Además, el magistrado consideró que los disturbios provocados por la plataforma independentista en el otoño de 2019, tras la sentencia del ‘procés’ encajan en delitos de terrorismo, una calificación con la que la Fiscalía no está de acuerdo, por lo que recurrirá para que los hechos se definan como desórdenes públicos y el caso se envíe a Cataluña.
