El Rubicón

Hay líneas que no se pueden traspasar. En democracia, en el Estado de Derecho, hay cosas que no se pueden hacer, aunque se tenga mayoría de representantes en el Congreso de los Diputados. Porque se rompe la democracia, porque se rompe el país, porque se dinamita la convivencia.

Y esto es lo que hace el acuerdo del PSOE y Junts por 7 malditos votos para la investidura de Pedro Sánchez. Dicen que por un Gobierno de progreso cuatro años más, para seguir avanzando en las mejoras sociales, para que nunca gobierne la derecha.

¿Nunca? Miedo da.

Parte el acuerdo de que hay un conflicto político entre España y Cataluña. No hay ningún conflicto político: los separatistas se saltaron la Ley a sabiendas. El Estado, a través de Su Majestad el Rey, el Gobierno de España y los Tribunales de Justicia se defendió frente a quienes atacaban la Constitución, el régimen democrático, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley y los derechos fundamentales y libertades públicas que tanto nos costaron conseguir desde la Transición.

Hoy se llega a un miserable acuerdo de investidura, hoy se pone el futuro de España en manos de quienes cometieron delitos contra la Constitución, queriendo romper España, quienes malversaron para sus fines ilegales el dinero de todos los españoles y quienes desobedecieron conscientemente al Tribunal Constitucional.

Que nunca se nos olvide lo que pasamos aquellos días en torno al 1 de octubre de 2017.

EN DEMOCRACIA EL VOTO DEL PUEBLO NO CONVIERTE EN LEGÍTIMAS LAS COSAS QUE SON ILEGALES

La reforma del Estatut fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y claro que se votó por los catalanes, como manda la Constitución. Pero en democracia el voto del pueblo no convierte en legítimas las cosas que son ilegales. Son los Tribunales los que dicen si las cosas son constitucionales, legales o no.

Y el Parlamento, dentro de la Constitución, puede cambiar las leyes.

El PSOE votó a favor del artículo 155 en Cataluña y la intervención del Estado en las instituciones autonómicas. Como tenía que ser, con sentido de Estado. Se estaba perpetrando el ataque más grande a la integridad del territorio nacional desde que tenemos democracia, hasta hoy.

Es muy miserable ahora cambiar de opinión y atribuir la creación del conflicto a los gobiernos del PP. Los culpables de aquello están claros, lo vimos todos en la televisión: subidos encima de los coches de la Guardia Civil, impidiendo el registro de las dependencias del gobierno autonómico, con la LAJ saltando por la azotea, la invasión de los colegios, la policía cumpliendo con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum, la declaración de independencia de 7 segundos, los disturbios y el caos en acciones de kale borroka de los CDR…

¿Quiénes fueron los responsables de esto?

Y después de cometer delitos, se abrieron causas judiciales. Las cosas que pasan en los países civilizados, dentro de las democracias más avanzadas del mundo, obviamente.

Con Jueces y Fiscales independientes del Poder Ejecutivo, no como pasa en las dictaduras. Unas causas que se desarrollaron con pleno respeto de los derechos y garantías de los acusados e investigados.

Por eso estas causas apenas han tenido eco en el plano internacional a pesar de los esfuerzos de los separatistas y de la inacción ordenada por el Gobierno de España a sus representantes en estas instituciones.

A Pedro Sánchez le hacen faltan 7 votos para ser Presidente, eso es todo, ni Gobierno de progreso ni mejora de la convivencia en Cataluña. Pero resulta que, haciendo de la necesidad virtud, van a aprovechar para resolver el conflicto.

No hay nada peor que cuando los políticos todo poderosos que tienen a mano el aparato propagandístico del Estado y de los medios de comunicación amigos, tratan como idiotas a los ciudadanos.

LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE EN TODO EL PUEBLO ESPAÑOL

Ningún acuerdo puede sustentarse en la necesidad de respetar la voluntad mayoritaria del Parlament de Cataluña, que se dice que representa al pueblo catalán. La soberanía nacional reside en todo el pueblo español del cual dependen todos los poderes del Estado.

¿No tengo yo, como ciudadano, derecho a manifestar mi opinión en un referéndum sobre la amnistía de los políticos que atentaron contra la Constitución, dado que el PSOE no incluyó esta cuestión en su programa electoral? Pues no, debe ser que sólo ellos pueden votar.

Pero es que además el Parlament de Cataluña no representa ni siquiera al pueblo catalán en su conjunto porque la sociedad catalana vota mayoritariamente a opciones constitucionalistas (o que hasta ayer, lo eran, me refiero al PSC).

Los catalanes son mayoritariamente constitucionalistas, españoles y europeos. Lo que sucede es que la Ley Electoral -que nadie quiere cambiar- tergiversa esa mayoría real. Qué curioso que siendo tan diferentes al resto de España, Cataluña sea la única Comunidad Autónoma que no tiene Ley electoral propia, sino que se aplica la del Estado, ¿por qué será?

Porque ganan los separatistas aunque no tengan mayoría de votos.

Dicen las partes del contrato de la infamia que entre ambos hay discrepancias y se expresan. O sea, que cuando haya que aprobar los Presupuestos ya nos están contando lo que les van a dar, las nuevas humillaciones contra los españoles.

La legitimidad del referéndum del 1-O reprimido injustamente por los Tribunales españoles y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (que debe ser que son fascistas y antidemocráticas frente a los luchadores por la libertad de los pueblos), el reconocimiento de Cataluña como Nación, un nuevo referéndum de autodeterminación, la cesión de todos los tributos del Estado a Cataluña (lo del cupo vasco va a ser un chiste) junto con el perdón de la deuda con el Estado (12.000 millones de euros que son de todos perjudicando a los que vivimos en Comunidades Autónomas que no tenemos deuda alguna, aunque podamos y debamos criticar la baja calidad de sus servicios públicos) y un plan para que vuelvan las empresas a Cataluña (imagino que estímulos tributarios en perjuicio del resto de las empresas del país o constituir Cataluña en una especie de paraíso fiscal dentro de la UE y que sigamos todos pagándoles a ellos su fiesta). Más desigualdades entre españoles. Irreversibles.

Mientras, en Extremadura siguen sin tren, no existe el corredor mediterráneo ni el cantábrico, no se combate la despoblación, los jóvenes tienen trabajos precarios y no se pueden independizar, no se llevan reformas pendientes desde hace 40 años…

TRIBUNALES POPULARES DEL PARLAMENTO PARA JUZGAR A LOS JUECES

Se va a amnistiar a políticos que cometieron delitos. Un privilegio de clase. ¿Y el resto de los ciudadanos? ¿eso es ser socialista? Y ya de paso, amnistiamos también a los amiguetes con delitos comunes no relacionados con el procés.

Blanqueo de capitales del narcotráfico, fraude en la contratación, prevaricación, delito fiscal, la malversación…. Borrás, Boyé, Alay, los Pujol y sus sacos de billetes hacia Andorra, ¿alguien más que haya delinquido? ¡qué más da unos cuántos más! Y Esquerra, el PNV, el BNG y compañía apoyan la corrupción de esta gente… Ya sabemos que en derecho penal los cooperadores necesarios merecen el mismo reproche que los autores.

Lo que sea justo o injusto en España a partir de ahora lo van a decidir las Comisiones de Investigación del Congreso. De manera confusa, parece que el acuerdo lo que dice es que los propios Jueces podrán ser juzgados por esta especie de tribunales populares.

El Parlamento de España reescribirá la historia de lo que pasó: quienes fueron los buenos (los bravos catalanes que luchaban por el derecho a la autodeterminación de los pueblos) y los malos (un Gobierno del PP conjurado con la “derecha judicial”, un conjunto de fachas que sin respetar los derechos y libertades ni las garantías procesales, prevaricaron para condenar a los primeros). Todas las Asociaciones Judiciales, de Fiscales, los LAJs, el CGPJ…, todos han respondido unánimemente a este atropello, la primera vez que lo veo.

Cataluña y España negociarán la solución del conflicto. Como con el Reino Unido sobre Gibraltar, o con Marruecos sobre la isla de Perejil. Se ponga como se pongan en el papel, Cataluña no es sujeto de derecho internacional. No puede participar directamente en instancias internacionales, al margen del Estado, nadie reconoce Cataluña con personalidad jurídica internacional. Si se independizaran saldrían automáticamente de la Unión Europea.

¿UN MEDIADOR?

Ningún extranjero ni organización foránea puede mediar entre España y Cataluña porque somos la misma Nación. ¿En esa negociación quién representa a los constitucionalistas catalanes?, ¿Sánchez? No me hagan reír.

«Lawfare» no significa, como dice el acuerdo, la judicialización de la política. Resulta que si un político comete delitos, se le juzga, ya se trate de Alberto Casero, diputado del PP, o Laura Borrás.

Vamos a la Wikipedia y vemos lawfare: “utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”. “La persecución judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos.​ La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación”.

Es cuando los tribunales de las dictaduras se usan políticamente para acabar con los adversarios, como en Venezuela. Y esto es lo que el PSOE dice ahora que pasó en España con los juicios que siguieron al procés y el ataque a la Constitución.

Además, se dice que se van a reconocer acciones de responsabilidad. ¿Las de los golpistas contra el Estado español? ¿les vamos a indemnizar? ¿las que pongan contra los jueces que no apliquen como ellos quieren la Ley de Amnistía? ¿de quién es esa responsabilidad en esta nueva versión de la historia?

Este acuerdo incumple los principios más básicos de la Unión Europea. Como decía Manuel Aragón en un magnífico artículo publicado en El Mundo, es la quiebra esencial del Estado de Derecho a través de la demolición de la separación de poderes y de los valores superiores del ordenamiento jurídico que son la Justicia y la Igualdad.

La Comisión Europea y Reynders deben actuar ya, con todo lo que tengan, con lo que haga falta.

Vivimos uno de los momentos más delicados de la historia de nuestra democracia. Apelo a esos socialistas que siguen creyendo en el socialismo.

¿Con qué cara vas a aparecer delante de tus vecinos? ¿cómo les vas a explicar a los tuyos que España se rinde ante el separatismo catalán mientras a ti no te da nada, porque cumples con tus obligaciones todos los días, porque respetas la Ley?

Y conmino a los socialistas históricos que han construido este país, que han luchado por la libertad, que han hecho posible este Estado moderno, esta Monarquía parlamentaria, esta democracia avanzada entre las mejores 20 del mundo, este progreso, este Estado del Bienestar, esas personas que creen en el imperio de la Ley, en la libertad, en la igualdad y en la solidaridad: rebelaos, que se os oiga, no permitáis esto, no votéis esto, porque no tiene vuelta atrás.

#Noenminombre

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