“La memoria, para ser justa, exige un relato a partir de la mirada de las víctimas”. Así lo ha señala do hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, en un acto en memoria del que fuera magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón Corbí, asesinato por ETA hace 22 años.
En el acto de homenaje, que se ha celebrado esta mañana en el Palacio de Justicia de Bilbao y ha reunido a la judicatura vasca, Subijana ha destacado la importancia de la memoria en el “reconocimiento de la significación personal, social y político-institucional de las víctimas del terrorismo».
“La memoria es imprescindible para construir un presente-futuro que no tenga como ingrediente el olvido de lo sucedido, ni impida el cierre de la página de ETA del libro de nuestra historia sin un nítido discurso de deslegitimación de su existencia y de abandono de las sinrazones que alimentaron su presencia”, ha señalado el presidente del alto tribunal del País Vasco.
El acto se ha celebrado junto a la placa que hay en homenaje a este magistrado en la sede del TSJPV. Ha comenzado con ofrenda floral realizada por sus compañeros.
«Inolvidable defensor de los derechos de la ciudadanía en el País Vasco», reza la placa en su memoria en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El presidente del TSJPV ha subrayado que “no es posible un reencuentro impregnado de Justicia si se silencia, se neutraliza o se priva de especificidad a la singular voz de las víctimas del terrorismo”.
CAMPAÑA DE DESLEGITIMACIÓN PARA JUECES
“José María Lidón fue víctima de ETA, organización terrorista creada para imponer un proyecto político totalitario en el que no había espacio para las jueces y los jueces que, como José María, hacían tangible el Estado de Derecho”, ha indicado.
Subijana ha afirmado que el asesinato de Lidón vino precedido de una “campaña de deslegitimación” de los jueces para “ejercer la función” que tienen encomendada: “la tutela de los derechos e intereses de las personas y de los grupos en los que se integran a través del sometimiento de todos los poderes públicos al imperio de la ley”.
“La referida es una lección de la historia que no debemos orillar”, ha expuesto, haciendo hincapié en que la ley es el “único mandato que vincula a los jueces y tribunales en la resolución de los conflictos que se someten a su consideración”.
SUMARIO: “La ley es el único mandato que vincula a los jueces y tribunales en la resolución de los conflictos que se someten a su consideración”
“El fundamento de la legitimación del poder judicial radica en su exclusiva vinculación a la ley coherente con la Constitución, sin elementos de sujeción, a modo de derecho alternativo, con legítimas expresiones sociales o políticas, por nutridas que sean las mismas, que, en su caso, deben impulsarse y canalizarse a través de los cambios de la ley que en cada momento sean precisos”, ha manifestado.
En el acto también ha intervenido la presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Reyes Goenaga, quien ha insistido en el compromiso de este tribunal para que el “cruel asesinato” de Lidón no caiga en el olvido.
“Vivimos tiempos donde la memoria es frágil, donde los recuerdos se desdibujan o directamente se reescriben”, donde “parece que, en ocasiones, el olvido resulta más conveniente que el recuerdo”, ha reflexionado Goenaga.
La presidenta de la Audiencia Provincial ha señalado que ETA “pretendió hacer un chantaje al Estado” con el asesinato de Lidón. “Querían una sociedad rehén de sus pretensiones”, ha argumentado.
“No dejaremos que el olvido difumine, blanquee o relativice lo ocurrido”, ha sentenciado Goenaga.
Durante el homenaje se ha guardado un minuto de silencio y han sonado dos piezas de Johann Sebastian Bach interpretadas al violonchelo.
TENÍA 50 AÑOS, Y DOS HIJOS
José María Lidón estaba casado y tenía dos hijos (Jordi e Íñigo). Fue asesinado por ETA con 50 años y se convirtió en la novena víctima relacionada con la Justicia que mataba la banda terrorista, que entonces llevaba 101 días sin cometer ningún atentado.
Fue tiroteado en su garaje de Getxo (Vizcaya) en presencia de esposa, Marisa Galarraga, y uno de sus hijos, Íñigo.
A las 7.25 de la mañana, el magistrado salía en su coche del garaje de su domicilio de Getxo (Vizcaya) junto a su esposa y su hijo para dirigirse a la Universidad de Deusto, donde ejercía como profesor.
Tras salir del aparcamiento, dos hombres se colocaron frente al vehículo y asestaron dos tiros a Lidón.
Su hijo Íñigo, que entonces tenía 20 años, presenció el asesinato de su padre desde su propio coche. En ese momento, aguardaba en su vehículo fuera del aparcamiento a unos diez metros del lugar de los hechos.
Marisa Galarraga permaneció abrazada a su marido hasta que llegaron los servicios de emergencia, que intentaron reanimarlo.
La Audiencia Nacional (AN) condenó en diciembre de 2005 al etarra Orkaitz Gallastegui Sodupe a 26 años de prisión por un delito de asesinato terrorista, por colaborar en el crimen. Además, le impuso que indemnizara a los herederos de Lidón Corbí con un millón de euros por daños morales y con 5.963 por daños materiales, una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo.
En noviembre de 2019, la AN absolvió a los etarras Garikoitz Aspiazu Rubina, más conocido como ‘Txeroki’, y Asier Arzalluz Goñi, alias ‘Santi’, del asesinato de este magistrado por no haber pruebas suficientes para considerarles autores de los disparos que acabaron con su vida.
Lidón nació en Gerona en febrero de 1951, pero pasó la mayor parte de su vida en el País Vasco, donde se trasladó a comienzos de la década de los setenta para cursar sus estudios de Derecho en la Universidad de Deusto.
En 1990 comenzó su carrera judicial e ingresó en la Audiencia Provincial de Vizcaya, labor que compaginaba con la de docente en el mismo centro universitario donde se formó.
También participó en cursos de enseñanza y reciclaje de derecho en la academia de la Policía Local de Bilbao, donde los agentes señalan que «era uno de los mejores expertos en Derecho, un gran magistrado y un gran profesor».
El día de su asesinato, la Universidad de Deusto suspendió todas sus clases.
El Foro de Ermua, asociación creada tres años antes tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, convocó manifestaciones en las tres capitales vascas, hubo numerosas concentraciones en todo el territorio nacional y todos los juicios del Palacio de Justicia de Bilbao fueron suspendidos.
El entonces miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Pablo González enmarcó el crimen como un «atentado contra el Poder Judicial».
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