Se vende Estado de Derecho

En los últimos días ha irrumpido en nuestro vocabulario con una fuerza inusitada el término “lawfare”. Esta palabra de origen anglosajón, hasta ahora desconocida por la mayoría de las personas, hace referencia al uso de procedimientos judiciales con fines políticos, una suerte de dictadura de la justicia.

Esta figura deleznable, que ahora copa tertulias, programas de televisión, conversaciones de bares, etc., supone el más grave atentado contra el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial que puede hacerse en un sistema democrático como es el nuestro. 

Reconocer que en España se ha dado esta situación es tanto como afirmar que los jueces nos movemos por motivos políticos y que, por tanto, estamos prevaricando. Nada más lejos de la realidad. Los jueces nos limitamos a aplicar las leyes.

Esas leyes que, previamente, han aprobado las Cortes Generales conforme a los procedimientos constitucionalmente previstos, como el Código Penal en base al que han sido condenados los que ahora pretenden instaurar ese “lawfare”, aprobado cuando gobernaba el PSOE y que ahora parece ser que contenía delitos políticos. Los jueces, a la hora de hacer nuestro trabajo, estamos al margen de ideologías y cuestiones políticas.

Prueba de ello es que a lo largo de los años se ha condenado a políticos de diferentes partidos y por delitos de muy diversa índole, además de a otros ciudadanos por delitos de la misma naturaleza. 

Sin embargo, parece que nuestros políticos se olvidan de ese “pequeño” matiz cuando quienes resultan enjuiciados y condenados son los suyos o cuando esas condenas les resultan especialmente incómodas para conseguir sus fines partidistas.

Y es lo que está sucediendo con los acuerdos que se están firmando estos días.

UNA «GESTAPO» PARLAMENTARIA

La gravedad del “lawfare” va más allá de acusar a los jueces de prevaricar, algo que estamos hartos de escuchar a nuestros políticos cuando no están de acuerdo con las resoluciones judiciales.

El “lawfare” que se ha incluido en el pacto de gobierno supone permitir al Parlamento crear comisiones de investigación que, a modo de Gestapo, puedan determinar si los jueces han hecho bien o no su trabajo. Vamos, que los mismos políticos a los que se ha condenado judicialmente ahora van a ser los que decidan si están bien condenados o no.

¡El mundo al revés! 

Este pacto viene a culminar el ataque que, desde las instituciones del Estado, se intenta perpetrar desde hace años contra la independencia judicial. Es la traca final a esas leyes a la carta que se han ido aprobando para congratularse con unos pocos, salvar a otros, evitar resoluciones judiciales incómodas o desfavorables…

Es la estocada final al Estado de Derecho, tal y como lo conocimos algún día.

Dicen que el papel lo aguanta todo, pero la letra de ese acuerdo es tan pesada que romperá sin remedio nuestra Constitución y todo lo que hemos construido durante estos casi 45 años de democracia.

Esa Constitución que, con tanto esfuerzo y trabajo, elaboraron personas de las más diversas opiniones e ideologías capaces de ponerse de acuerdo por un bien común y superior a sus intereses propios que era conseguir una democracia plena en nuestro país.

Esa Constitución que votaron nuestros padres y abuelos y que suponía dejar a atrás una dictadura e iniciar el camino hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, que ahora unos pocos pretenden vender al mejor postor.

Pues permítanme que les diga que el Estado de Derecho ¡no está a la venta!