La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuya presidenta es María Jesús del Barco, ha pronunciado una declaración institucional en defensa del Estado de Derecho en el seno de su XXVI Congreso Nacional en la que han expresado su firme rechazo a la aprobación de una ley de amnistía que vulnera el principio de igualdad.
Pues «el pleno ejercicio de la potestad jurisdiccional, de acuerdo con los mandatos de la Constitución, implica el respeto, acatamiento y ejecución de las resoluciones del Poder Judicial», han señalado.
Y es que, tal y como han expresado, esta ley «carece de sustento en un régimen democrático consolidado como es España; representa una desautorización de la posición constitucional del Poder Judicial, y muy en particular del Tribunal Supremo y, en suma, implica un ataque a los pilares del Estado de Derecho por cuanto socava gravemente el principio de separación de poderes».
Por otro lado, han rechazado «sin paliativos» la posibilidad de que, a través de comisiones parlamentarias de investigación, «se fiscalice la labor desarrollada por jueces y tribunales que actúan aplicando la ley y el Derecho». Una labor que, recuerdan, les encomienda la Constitución.
También han recordado que la APM ha defendido siempre que la elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe realizarse por la Carrera Judicial. «Inequívocamente, éste fue el sistema que inspiró el contenido del artículo 122 de la Constitución».
Por último, han resaltado la grave situación en la que se encuentra la justicia tras cumplirse cinco años con el CGPJ caducado, de modo que han hecho un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios para desbloquearlo.
