¿Se imaginan tener una enfermedad paralizante, no poder trabajar. y que el Estado parece que se haya olvidado de ti? ¿No poder pagar las facturas, ni mantener a tu hijo menor de edad… porque la Justicia no te da cita para atender tu caso?
Esta es la realidad que le ha tocado vivir a Isabel. Y es que, desde 2020, esta mujer está esperando a que los tribunales le den la incapacidad completa.
Una incapacidad, debida a la fibromialgia y depresión que sufre y le impiden trabajar, que le daría acceso a ayudas sociales que son esenciales para ella.
«Mi situación cada vez es peor» lamenta la afectada, en conversaciones con Confilegal. Algo que no hace más que empeorar su diagnóstico de fibromialgia y depresión.
«Me diagnosticaron fibromialgia en 2017, creo. Pero fue un diagnóstico por médico privado. Y en ese momento yo pensé: puedo seguir con mi vida. Soy una persona fuerte, llevo trabajando toda la vida. Pensé que no iba conmigo».
Una «vida tranquila», según nos cuenta Isabel, que se truncaba poco después debido a la fibromialgia, que le impedía prácticamente moverse. Especialmente, por los dolores en las piernas.
«Afortunadamente, la empresa en la que yo trabajaba se portaron muy bien conmigo. Me trataron como una persona, y no como un número».
Situación en la que Isabel comenzó los trámites para pedir la incapacidad. «El tribunal médico me dio un primer informe negativo, y me mandaron una prórroga«. Un segundo examen que supuso el inicio de la pesadilla.
Cuatro años sin ingresos por su incapacidad, y a la espera del tribunal
«La segunda cita me la dieron para dos días después del inicio del estado de alarma» recuerda Isabel en conversaciones con este diario. Obviamente, la Seguridad Social se puso en contacto con ella para aplazar ese segundo examen médico. Un aplazamiento que nunca llegó a tener fecha.
«Un día, recibo una carta de la Seguridad Social en la que me dicen que directamente me deniegan la incapacidad. Sin haberme visto. Sin que me vuelva a ver el tribunal. Simplemente me la deniegan».
Una situación ante la que Isabel, desesperada, reacciona. «Yo recurro administrativamente, les explico la situación, y me veo obligada a ir por la vía judicial».
Inicio del pleito por vía judicial que se producía en 2021. Y que, para desesperación de Isabel, no tendrá lugar hasta 2025, fecha aproximada para el juicio.
«Fui un número en su momento para la Seguridad Social. Y soy un número para la Justicia»
Cuatro años de espera para poder defender su necesidad de sentencia de incapacidad que han provocado que Isabel tenga que vivir durante cuatro años con 480 euros al mes. Dinero que no alcanza para ella y su hijo de 17 años.
«Me siento abandonada. Me siento abandonada por un sistema en el cual soy un número. Fui un número en su momento para la Seguridad Social. Y soy un número para la Justicia», confiesa Isabel a Confilegal.
Ahora, Isabel cuenta con el apoyo mínimo de su familia, y de Cáritas, mientras espera su citación, para 2025. Eso sí, tiene muy claro lo que ha provocado la tardanza de la justicia en su vida: «me han condenado a la pobreza».
Una pobreza en la que no se fijan ni desde Servicios Sociales, que rechazaban atender su caso. «No tengo nada que darle de comer a mi hijo. Y aún así, me dijeron que tenía que esperar».
«Me siento impotente. Desesperanzada. Y tengo mucho miedo», confiesa Isabel, rota de desesperación y tristeza ante el cambio radical que padece debido a la tardanza de la Justicia en ofrecerle la incapacidad que le permitiría tener una vida digna. «Emocionalmente estoy hundida. Yo ya no tengo nada».
