La titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez Hernández, ha admitido a trámite la querella contra el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Enrique Calvo Vergara, que ha sido interpuesta por Paul Cohen, representante del fondo de ligitios Therium, por el supuesto delito de prevaricación judicial.
Therium apoya legal y financieramente la reclamación de casi 15.000 millones de dólares de los siete herederos del Sultanato de Sulu, en Malasia.
«Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», dice la magistrada Sánchez Hernández en su auto. Los hechos, a su juicio, «revisten los caracteres de presunto delito cuyo conocimiento está atribuido a este Juzgado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Por ello acuerdo incoar las consiguientes diligencias previas –abrir la investigación en lenguaje no especializado– por el procedimiento abreviado.
«Es evidente que las cosas no están claras. Porque si lo hubieran estado no habría habido lugar a abrir la investigación de entrada», afirma Carlos Aránguez, representante legal de Cohen, en cuyo nombre ha interpuesto la querella, que añadía los delitos de falsedad documental, estafa procesal y coacciones.
“Es cierto que la Sala de lo Civil y Penal del TSJM declara la nulidad del nombramiento del árbitro, el señor Gonzalo Stampa, el 29 de junio de 2021. Pero el LAJ no se limita solo a transcribir la parte dispositiva, sino que da una orden directa. Se excede de sus competencias al decir que debe cesar toda actividad”, explica Aránguez.
EL PAPEL DEL LAJ DEL TSJM FUE CENTRAL
El caso de los herederos del Sultanato de Sulu, un arbitraje llevado a cabo por Gonzalo Stampa, quien les reconoció una indemnización de 14.920 millones de dólares. Arbitraje que fue impugnado por el Gobierno de Malasia ante el TSJM. Este órgano judicial anuló el nombramiento del árbitro mediante un auto. Lo que después ha devenido en una condena al árbitro, al que se le ha impuesto una pena de 6 meses de cárcel.
La querella de Aránguez ataca la comunicación que hizo el LAJ a Gonzalo Stampa, comunicándole la decisión del TSJM.
“El propio juez penal que ha condenado a Stampa a 6 meses de cárcel dice en su sentencia que la orden que se desobedece no es la del TSJM sino la del letrado de la Administración de Justicia. Por eso es tan importante el papel de este letrado judicial”, explica el abogado.
De acuerdo con Aránguez, la comunicación que el LAJ hace al árbitro por correo electrónico, primero, el 7 de julio de 2021, y por fax después, el 12 de julio, se limita a comunicar lo siguiente: “que habiendo sido declarada la nulidad de actuaciones en el procedimiento de nombramiento de árbitros 4/2018 por medio de Auto de 29 de junio de 2021, que es firme, y dejado en consecuencia sin efecto su nombramiento, procede que de por finalizada su actividad arbitral desde la fecha de dicha resolución”.
El LAJ no dice qué tipo de resolución es. «No es un decreto ni una diligencia de ordenación. Y no acompaña, como sería lo lógico, el auto del tribunal, lo que es altamente irregular. Tampoco incluye las advertencias legales de que se incurriría en responsabilidad si no se acatara la orden», precisa Aránguez.
A su juicio, excede el mandato del tribunal, lo que el LAJ tiene estrictamente prohibido.
«El auto del TSJM es muy claro. Dice que se deja sin efecto el nombramiento y que se declaran nulas todas las actuaciones realizadas por el árbitro hasta ese momento. Pero no dice que el árbitro se abstenga, ni que comunique a las partes [a los herederos del Sultanato de Sulu y al Estado de Malasia] esta situación, como sería lo lógico, y que no tome ninguna otra decisión al respecto. Eso es lo que tenía que haber hecho el tribunal y no hizo”, añade.
Por eso el papel jugado por el LAJ ha sido central en la condena impuesta a Stampa por el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid, conocida el pasado lunes 8 de enero.
De ahí la querella por los cuatro delitos mencionados, sobre todo, teniendo en cuenta que Stampa no formaba parte del procedimiento nulidad de laudo arbitral 88/2020.
